Este reportaje está incluído en el número 34 de la revista La Marea, que puedes comprar aquí
ALHUCEMAS // Sólo 14 kilómetros separan a España de Marruecos, su vecino del sur, pero son suficientes para apreciar las consecuencias de un sistema sanitario sin un apoyo suficiente por parte del Estado y en privatización creciente. Paredes y escalones rotos, armarios oxidados, suciedad. Cuando uno entra en el Hospital Mohamed V de Alhucemas, el único en toda la provincia, tiene la sensación de que se encuentra en un centro en obras o en estado de semiabandono. Es media mañana en esta joven ciudad mediterránea pero se ve a muy poco personal sanitario pululando por las escasas salas en las que se amontonan ocho y diez camas. Abarrotadas, eso sí, de gente que viene de visita. Sentado en una de ellas, un joven llama la atención a los familiares de otros enfermos y, mientras señala el suyo, pide dinero para comprar un nuevo inhalador. La falta de financiación de la sanidad por parte del gobierno marroquí suele provocar que los pacientes tengan que comprar su propio material, lo que se suma al coste que tienen que asumir sólo por ser atendidos, ya que sólo el 34% de la población dispone de seguro de cobertura médica básica.
Según la publicación marroquí Santé voix et droit, editada, entre otros, por Espace Associatif (EA) y Medicus Mundi Andalucía, las familias soportan de manera directa más del 50% de la cobertura que reciben. “La Sanidad no cuenta con ayuda suficiente del Estado, tiene un presupuesto muy bajo comparado con otras partidas”, denuncia Said Tbel, director del EA. Marruecos invierte un 6,04% de su gasto público en Sanidad, lejos del 13,95% de España, pero también menos que Argelia, que destina un 9,43%. En defensa, en cambio, el país norteafricano desembolsa un 11,47%.
Para Tbel, el sistema sanitario magrebí está sufriendo un proceso, ya en fase avanzada, de “progresiva privatización”, paralelo a la degradación de la red pública, y apunta directamente a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. “Es al final el que decide”, lamenta. El Estado está aprobando leyes cada vez más liberalizadoras, como la 131-13, hace dos años, que ha abierto las puertas de las clínicas a inversores no médicos. De momento, Arabia Saudí y Turquía son los países que más interés están mostrando, pero España también anima a invertir a sus empresas. Los pasos son en una dirección. “Han abierto el sistema a inversores y especuladores hasta convertirlo en un sector comercial en el que no hay legislación suficiente para defender al ciudadano”, continúa Tbel. Los medicamentos son demasiado caros en un país donde al menos el 66% de la población activa tiene empleos precarios, según reconoció el año pasado el ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Abdeslam Sediki. No es extraño que en hospitales públicos haya áreas exclusivamente privadas, como en el caso del Mohamed V de Alhucemas. La diferencia de medios entre unas zonas y otras suele ser muy grande.
Rafik Hamduni es un caso paradigmático de los problemas de un ciudadano medio ante el sistema sanitario de su país. Tiene 38 años, una mujer y dos hijos –uno de tres meses y otro de cuatro años– y, pese a tener una diplomatura, se ve obligado a hacer pequeños trabajos para sobrevivir. Ha sido albañil, taxista, vendedor de enciclopedias y todo lo que ha podido. Tiene un problema en los dientes pero no puede hacerse la operación que necesita y por la que le piden 6.000 dirhams (unos 600 euros), así que se ve obligado a seguir un tratamiento que le cuesta 250 cada dos meses. Mucho dinero en un páis donde el salario mínimo es de 2.330 dirham al mes (230 euros). Para pagarlo, Hamduni recurre a conocidos y familiares.
La desigualdad define el sistema sanitario marroquí: el 20% de la población más rica consume el 56% de los cuidados médicos, mientras que el 20% de la población más pobre sólo se beneficia del 3% de los servicios. Para pargar la atención, algunos montan mercadillos improvisados donde venden sus pertenencias, pero la solidaridad entre iguales es lo único que les queda a muchos marroquíes ante un Estado que no cumple su papel. Lo hacen los colectivos de derechos humanos y de izquierdas, pero también desde los círculos religiosos políticos. “Ahí están ganando terreno los islamistas. Han ocupado ese espacio y se lo ganan cada vez más a la izquierda”, explica Tbel. “Si hay un enfermo, vecinos y familia hacen una colecta para cubrir gastos, y todo eso lo impulsa la mezquita de barrio o del pueblo”, agrega.
Otro problema es el de las listas de espera. El hijo mayor de Hamduni tuvo un problema en los ojos y, hasta que fue intervenido, pese a que sufría, pasaron más de dos meses. “Y eso si tienes suerte. A veces, por ejemplo, el escáner de rayos X no funciona y hay que viajar hasta Nador”, asegura. 130 kilómetros de carretera sinuosa a pie de costa mediterránea, sorteando montañas. Marruecos avanza en derechos sociales, pero muy poco a poco, y muchos creen que con voluntad política el problema de la Sanidad se reduciría al mínimo. Hamduni lo acepta pero no se resigna y periódicamente participa en manifestaciones. “Qué voy a hacer, la protesta es lo que nos queda”, comenta y se encoge de hombros. Hay una tarjeta sanitaria para desfavorecidos, la RAMED. Sin embargo, explica Tbel, su implantación es “desastrosa”.
Corrupción en los hospitales
Los bajos salarios que cobran los médicos también provocan desajustes en el sistema, sobre todo, relacionados con la corrupción. Dar “propinas” o recurrir a contactos dentro del hospital para que adelanten una intervención está a la orden del día, según denuncian los activistas. Ali Ayulian, miembro de la sección norte de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), recuerda cuando hace unos años se fracturó el pie jugando al fútbol. Con el músculo aún caliente, decidió irse a casa. Cuando se le enfrió comenzó a notar un dolor agudo y a primera hora del día siguiente acudió al hospital. No fue atendido hasta mediodía. “Es lo normal. El médico suele llegar tarde por sistema y luego coloca a la gente en orden de llegada, da igual lo que tenga cada uno”, explica. Tuvo que comprar él mismo la escayola y pagar algunas sesiones de rehabilitación.
En otra ocasión, a Ayulián le salió una verruga en la cabeza y se la quitaron con una operación sencilla que le costó 500 dirham (en torno a 50 euros). Enfermedades graves, como la tuberculosis, el cáncer, el sida y hasta otras como la diabetes, suelen resultar un desafío imposible de costear para muchas familias. Al joven le impresionó el lugar donde le hicieron la intervención. “Era una habitación normal con una cama muy antigua y muy sucia”, recuerda. Sin embargo, Ayulián de momento ha tenido más suerte que uno de sus mejores amigos, quien se fracturó una pierna. Le pusieron una escayola y cuando se la quitaron se había producido una gangrena. La única solución fue ya la amputación. “Hay muchas negligencias como ésta en Marruecos pero nunca hay responsabilidades, no existe control de los médicos por parte del Estado”, incide.
Los riesgos deI parto
Ayulián es uno de los coordinadores de la AMDH en la provincia de Chauen. Recibe constantemente la visita de gente con problemas a la hora de ser atendida. Allí, como en otras regiones rurales, hay un gran número de aldeas a las que no llegan las carreteras y algunas son de difícil acceso incluso a pie. El 31% de la población rural está a más de 10 km de un centro de salud. Además, el país cuenta con 5,4 médicos por cada 10.000 habitantes mientras que en Túnez, por ejemplo, la media es de 13. “Las poblaciones más grandes tienen centros de salud, que atienden a las aldeas de alrededor, pero no tienen recursos materiales ni humanos adecuados”, denuncia. “La mayoría del tiempo no está el médico en su puesto y los que van sólo encuentran a un enfermero”, añade. De nuevo, la falta de controles y los bajos salarios del personal sanitario –que les obliga a dedicar todo el tiempo que pueden al sector privado– hacen el resto.
En este contexto es donde peor lo pasan dos sectores de población especialmente vulnerables en Marruecos: las madres y los niños. Las complicaciones en el embarazo y en el parto son la principal causa de muerte para las mujeres de entre 15 y 49 años. Son muchas las que no logran llegar a un centro de salud a tiempo y se ven pariendo en su propia casa e incluso por el camino. “Hay algunas que viven en una aldea menos accesible y tienen que ofrecerse cuatro personas del pueblo a transportarlas con una tabla por los caminos”, afirma Ayulian. Si llegan a un hospital, en ocasiones no quedan camas libres. “Cuando una da a luz se la echa corriendo del hospital para que entre otra”, lamenta el activista, quien opina que se necesita un hospital más grande para satisfacer la demanda de su región. La ONG Save the Children ha colocado a Marruecos en el puesto 125 de 179 países en su informe de 2015 sobre el riesgo de la maternidad en el mundo. La organización estima que una de cada 300 mujeres muere en el parto, una cifra muy superior a la de Túnez (una de cada 1.000) o Libia (una de cada 2.700).
Tbel, de EA, reconoce que el gobierno está llevando a cabo un proceso de descentralización cada vez mayor, con el apoyo y financiación de organizaciones internacionales, que está obteniendo resultados, pero precisa que “aún no es suficiente”. De momento, el régimen ha logrado una disminución de la mortalidad materna del 32%, muy lejos del Objetivo de Desarrollo del Milenio, que marcaba una reducción del 75% para 2015. El avance es lento por culpa de una inexistente voluntad política de hacer un mayor esfuerzo en la inversión pública. Además, según denuncia Fatima Al Magnaui, coordinadora del Colectivo por el Derecho a la Salud en Marruecos, hay un repunte tanto en mortalidad infantil como materna. “El año pasado hubo una ola de frío que causó muchos muertos”, explica.
De momento, lamenta Magnaui, el artículo 31 de la nueva constitución marroquí, que consagra el derecho a la salud, es papel mojado. Tbel, por su parte, apunta que los colectivos de derechos humanos aún no han sido capaces de crear una narrativa que les permita incidir con contundencia a nivel social en favor del derecho a la salud. “Hay reacciones, no movimientos articulados”, apunta. Sin embargo, Magnaui se muestra más optimista. Su colectivo se reúne periódicamente con partidos y sindicatos para que incluyan el acceso a la salud como un vector clave en sus programas. Ella cree que cada vez empieza a haber más presión en las redes, algo que en ocasiones se materializa en protestas, más o menos espontáneas, en la calle. “Diría que estamos logrando crear un frente civil para reclamar el derecho a la salud”. En eso están.
* Reportaje realizado en colaboración con Novact – Instituto Internacional para la Acción Noviolenta,
en el marco del proyecto DevReporter
