Estrictamente hablando, la pregunta que da título a este artículo ya tiene respuesta: a principios de año, una investigación publicada en la revista Nature mostraba que para mantener el calentamiento global por debajo de los 2º C (el límite generalmente aceptado para impedir alteraciones catastróficas), un tercio de las reservas conocidas de petróleo, la mitad de las de gas natural y más del 80% de las reservas de carbón deberían quedar bajo tierra y no ser utilizadas antes de 2050.
Estos resultados son definitivos, en el sentido de que destierran el tímido planteamiento según el cual el desarrollo de las renovables podría ser interesante como solución al agotamiento de las reservas de combustibles fósiles. Pues no, ni siquiera podemos permitirnos utilizar todas las reservas. Evitar un punto de no retorno en el proceso de cambio climático impone unos límites concretos, algo que los líderes mundiales que inauguraron hace pocos días la Cumbre del Clima de París harían bien en entender. La transición energética basada en la eficiencia y las energías renovables debería ocupar ya un puesto preeminente en la agenda política por derecho propio.
Ahora bien, aunque la lucha contra el cambio climático sea el objetivo de fondo de una transición energética que tardaremos décadas en completar, a muchos ciudadanos esa meta les resulta lejana y abstracta, y en el peor de los casos, irrelevante. Afortunadamente, el cambio de modelo energético tiene también la facultad de convertirse en palanca de cambio para transformar aspectos fundamentales de nuestro modelo socioeconómico, y de sintonizar con preocupaciones más tangibles e inmediatas de la población. Los detalles pueden variar fuertemente entre países, y a partir de aquí nos centraremos en España, aunque algunas de las conclusiones pueden ser generales.
Así pues, ¿por qué una transición energética en España? Daremos tres conjuntos de razones.
En primer lugar, el paso de la crisis financiera mundial, que en España provocó también el estallido de nuestra gigantesca burbuja inmobiliaria, deja un panorama desolador. La tasa de desempleo es superior al 20% y nos encontramos con un modelo productivo obsoleto, con sectores antes fundamentales, como el de la construcción, que ya van a ser incapaces de recuperar su brío y reabsorber la fuerza laboral expulsada. En esta coyuntura, la inversión en renovables, por un lado, y en eficiencia energética, por otro, muestran una combinación de virtudes sobresaliente: son intensivas en creación de empleo y ofrecen la posibilidad de conjugar la reactivación económica, el bienestar social y la sostenibilidad medioambiental.
En segundo lugar, el sistema energético español tiene una naturaleza oligopólica cuya máxima expresión es alcanzada por el oligopolio eléctrico. Su poder, consolidado durante la dictadura franquista, perdura hasta hoy, de manera que las empresas que lo componen han ejercido una inmensa influencia sobre los sucesivos gobiernos democráticos. En este momento, mientras la pobreza energética afecta a millones de hogares en España, las empresas del oligopolio exhiben márgenes de beneficio que son aproximadamente el doble que el de sus homólogas europeas, fruto de múltiples sobrerretribuciones que ilegítimamente reciben en un sistema eléctrico opaco y en un mercado eléctrico disfuncional.
El cambio de paradigma en el sistema eléctrico, transitando hacia un modelo que sitúe en el centro a las energías renovables, puede modificar la correlación de fuerzas entre las grandes eléctricas españolas y la ciudadanía, poniendo en manos de esta última por primera vez el control real de la política energética. Qué duda cabe de que muy específicamente la tecnología solar fotovoltaica, con su espectacular bajada de precio de los últimos años, tiene la capacidad de resultar disruptiva y convertirse en la cuña que abra la grieta en el sistema. Gracias a su modularidad, permite una democratización en la producción de electricidad que tan solo podíamos soñar hace muy poco tiempo. Ante ello, el gobierno del Partido Popular ha reaccionado aprobando una regulación tremendamente restrictiva con el autoconsumo eléctrico para intentar retrasar su desarrollo en España lo máximo posible. Y mientras, observamos movimientos de las grandes eléctricas, que cambian su discurso acerca de la fotovoltaica, antes denostada, y toman posiciones, todavía no completamente definidas, ante el imparable cambio que se avecina en su modelo de negocio. Desde este punto de vista vivimos tiempos excitantes y esperanzadores, pero debemos permanecer alerta para que el potencial del autoconsumo fotovoltaico como transformador socioeconómico no sea malgastado: si, por ejemplo, las grandes eléctricas terminan siendo las propietarias de la mayor parte de los paneles fotovoltaicos de los autoconsumidores, este viaje habrá quedado a medio camino y habremos perdido una oportunidad histórica.
En tercer y último lugar, España es un país con una enorme dependencia energética exterior, la cual alcanza el 80% si se incluye el combustible de las centrales nucleares. Es obvio que la soberanía energética debería ser un objetivo geopolítico irrenunciable, y es obvio el papel que en ello puede jugar la transición energética hacia un modelo que utilice exclusivamente, o casi exclusivamente, recursos renovables. Finalmente, estas importaciones lastran dramáticamente nuestra balanza comercial. Abundemos en las cifras: según datos de 2013, importamos el 97% del petróleo, el 99% del gas natural y el 100% del uranio. ¿A qué proyecto de país, a qué transformación estructural de nuestra economía, y en definitiva, a qué control sobre nuestra política económica a largo plazo podemos aspirar si simplemente un moderado ascenso en los precios de estos combustibles es capaz de desbaratar cualquier plan?
