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La negra mano legislativa de Rajoy

"El PP ha aprovechado para introducirnos todo su ideario y conformarnos un terreno propicio para el neoliberalismo más salvaje", afirma la abogada

Isabel Elbal

04 octubre 2015 Una lectura de 3 minutos

[Artículo incluido en el número de octubre de la revista La Marea, que puedes comprar en quioscos y aquí]

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha caracterizado por una inusual actividad legislativa. La mente que haya ideado esta estrategia tan poco frecuente en un Estado de Derecho parece no entender el elemental principio democrático sobre el que se basa la creación legislativa de las principales cuestiones que afectan a los ciudadanos: educación, sanidad, justicia, igualdad… Nos referimos al consenso, mecanismo éste que debe regir la labor legislativa en materias que son auténticas y verdaderas cuestiones de Estado, que trascienden la dinámica propia de los partidos, es decir, a su ideología. No es de recibo aprovechar una mayoría absoluta para cambiar por completo el panorama de nuestro Ordenamiento Jurídico, según los principios del partido que gobierne en cada momento. En este caso, Rajoy ha brillado por su sentido antidemocrático de gobierno y por su autoritarismo y su nula visión de Estado.

Las leyes necesitan un periodo de tiempo para asentarse en el ideario social, a fin de que tanto instituciones como ciudadanía asimilen las normas de conducta establecidas. El Derecho no es otra cosa que un compendio de normas que regulan la convivencia ciudadana, pero si los habitantes de un país no cuentan con el necesario margen de aprendizaje, asimilación y práctica de dichas normas, lo que se produce es una gran inseguridad jurídica, en la que los ciudadanos no sabemos a qué atenernos, sencillamente, porque no hemos contado con el tiempo suficiente de asimilación.

Justicia y Educación son cuestiones de Estado que ningún gobierno que se precie ser democrático decide regular o innovar en solitario. Por más que se cuente con mayoría en el Parlamento, estos temas merecen un debate entre actores políticos y sociales para un gran acuerdo de Estado.

Este Gobierno que hemos padecido se ha caracterizado, además, por arbitrar mecanismos de «urgencia» (el decreto-ley), con la clara finalidad de evitar el trámite ordinario de debate. Es decir, en solitario y sin discusión.

Se dice –y con razón– que, con ocasión de la crisis económica, el PP ha aprovechado para introducirnos todo su ideario y conformarnos, así, un terreno propicio para el neoliberalismo más salvaje y demoledor. De ahí surgirían todas las iniciativas y creaciones legislativas en relación con la educación, la sanidad y el trabajo, hasta encontrarnos en niveles de absoluta precarización en términos de acceso a servicios públicos y su pésima calidad. En relación a la Justicia, se han modificado leyes de gran calado. Igual que en el caso de las medidas de carácter neoliberal (recortes, privatizaciones…), aquí ha habido una gran dosis de oportunismo, también, de carácter ideológico. No sólo se trata de arbitrar medidas represivas para acallar a la población disidente, aquella que sale a protestar a la calle –a través de la Ley de Seguridad Ciudadanam, conocida como Ley Mordaza–, sino de aprovecharse de las circunstancias y colarnos antiguas reivindicaciones de la derecha cavernaria, pues el terreno le es propicio. Nos referimos, sobre todo, al Código Penal y a la introducción de nuevos delitos y penas.

Si por algo se ha caracterizado este Gobierno es por añadir al gran elenco de penas la llamada «prisión permanente revisable» o, más sencillo de entender, la cadena perpetua. Asimismo, está emergiendo una nueva regulación del derecho penal del enemigo, en el que cualquier ciudadano podría ser considerado alguien a batir. Me refiero, por ejemplo, a la criminalización de la protesta o del escrache. Si no se aplica en toda su dureza el Código Penal, siempre se puede acudir a la Ley Mordaza que, en forma de multas cuantiosísimas, introduce el concepto de sumisión ciudadana al dictado arbitrario del policía de turno.

Este Gobierno tampoco se ha caracterizado por garantizar la igualdad de género. Ahí tenemos esta perla legislativa sobre interrupción del aborto que obliga a las adolescentes de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus padres y, en caso contrario, a pleitear contra ellos. De todos depende que inauguremos una nueva etapa para abordar un proceso constituyente que supone un verdadero clamor popular.