Laura B. acudió a la oficina del paro con una sonrisa en la boca. La habían despedido de la casa donde llevaba trabajando varios años, pero por fin iba a tener un colchoncito y tiempo para poder sacarse el graduado escolar. Media hora después, salió de la oficina con el móvil en la oreja casi llorando: “¡Cariño, que no tengo derecho a paro!”, le dijo a su marido. La última reforma, emprendida por el Gobierno de Zapatero, mejoró las condiciones laborales de las empleadas de hogar, pero no terminó de otorgarles todos los derechos básicos de cualquier trabajador. «Esto nadie me lo había explicado. ¿Qué pasa, que limpiar casas no es un trabajo? Es que no lo entiendo. Como lo hacemos las mujeres… Si esto no es machismo que baje Dios y lo vea”, reflexiona un año después Laura B., ya con su graduado de la ESO en la mano.
“No hay interés en equiparar en derechos al empleo doméstico. Se intenta que la oferta de trabajo sea muy barata y que el coste de Seguridad Social sea bajo para los empleadores. Hay que tener en cuenta que las trabajadoras de hogar están realizando servicios que de no estar cubiertos de esa manera obligarían a crear servicios sociales, repartir todos los trabajos… Un porcentaje grande de las internas queda en paro cuando la persona atendida muere o ingresa en una residencia, es una situación que se da de la noche a la mañana; a pesar de eso se les niega la prestación de desempleo”, afirma la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco y fundadora de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, Isabel Otxoa.
El caso de las empleadas de hogar es sólo un ejemplo de cómo la desigualdad entre hombres y mujeres viene promovida desde el propio Estado. “Es normal que una sociedad machista tenga unas instituciones y unas estructuras de Estado que también lo son. Además, la organización del Estado no es ajena a la división por género que existe en la sociedad. Es más, se sirve de ella al tiempo que la apuntala», explica Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide. «Nuestros modelos de estado nacen con los estados liberales en el siglo XIX que se basaron y acrecentaron la división por género que existía en las sociedades del Antiguo Régimen. La constitución de los estados liberales traspasaron la carga del cuidado en exclusiva a las familias y en ella a las mujeres a las que restringieron el acceso al empleo, a la educación y a la participación política convirtiéndolas en menores de edad dependientes”, añade Gálvez.
Amparo Rubiales, la primera consejera que tuvo la Junta de Andalucía, cuenta que cuando pedían la incorporación de la mujer, Joaquín Almunia, que era ministro de Trabajo, les decía “callaos, callaos, por favor, que van a aumentar las listas del paro’”. Ella misma pudo ser lo que fue porque le cuidaban a sus hijos, tenía ayuda: “Una noche llegué de un mitin y habían llevado a mi hijo al hospital. Al día siguiente tenía otro mitin y pensé en no ir, pero si no hubiera ido no habría ido a ninguno más”.
El permiso por paternidad sigue relegándose. El Gobierno ha vuelto a aplazar otro año más la ampliación de dos semanas a un mes. La medida, aprobada en 2009, debía haber entrado en vigor en 2011. “Y se hace por la puerta de atrás, en la Ley de Presupuestos, de una forma fraudulenta, bajo la excusa de que no hay dinero”, denuncia María Pazos, integrante de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) y autora de Desiguales por ley (Los Libros de la Catarata, 2013).
Experta en fiscalidad, Pazos se pregunta a su vez: “¿Qué son 200 millones? Las partidas que se destinan a combatir la violencia de género son ridículas comparadas con cualquier otra cosa. Se están gastando más en promover la desigualdad. Nos dicen que tenemos que ser iguales y que la culpa es de la gente porque no se comporta bien, porque las mujeres prefieren quedarse en casa, etc., pero es que las últimas reformas fiscales fomentan la desigualdad con incentivos para que las mujeres se queden cuidando en casa”.
Desde su punto de vista, lo primero que habría que hacer es equipar los permisos de mujeres y hombres y luego ampliarlos. “La solución está en la implicación de los hombres, en las jornadas de trabajo cortas de hombres y mujeres, para que las personas puedan compatibilizar su vida familiar y laboral”, añade. Y pone un ejemplo: “A Susana Díaz la van a criticar haga lo que haga. Pero es que no hay que compararla con las otras mujeres, sino con los hombres. El escándalo no es que Susana Díaz se incorpore al mes y medio, sino que un hombre se incorpore a los dos días o que cuando se coja las dos semanas, como Jordi Sevilla, sea un héroe”.
Los cuidados, argumenta Isabel Otxoa, están deliberadamente ocultos porque se tratan como una cuestión privada: «Ese es el pilar sobre el que se da la regulación legal deficiente del empleo de hogar y el absentismo estatal en el tema. Se trata de un trabajo de mujeres y aún hoy los problemas laborales de los hombres son los que se viven social e institucionalmente como el único drama real en relación con el empleo. Durante muchos años las trabajadoras de hogar no han tenido derechos porque su ingreso se consideraba una ayuda familiar y su protección de seguridad social derivaba del empleo de su marido”.
Sólo de esa manera, considerando los cuidados como un asunto privado, se puede entender, según Lina Gálvez, que el sistema español contemple sin problemas la existencia de categorías laborales que no están cubiertas por los derechos mínimos que garantiza el estatuto de los trabajadores o que no se amplíe y equiparen los permisos por maternidad y paternidad de manera intransferible y pagada al 100%: “El permiso de paternidad pasa a ser de esa forma una gracia arbitraria sujeta a la disponibilidad presupuestaria y no un derecho que mostraría que el cuidado es un asunto de todos y no sólo de todas. A lo que sin duda ayudaría una cobertura de servicios públicos para criaturas y personas en situación de dependencia que supusieran un avance en una organización social del cuidado más justa e igualitaria”.
La catedrática de la Olavide explica que el proceso de individualización y de transferencia a las mujeres de la carga del cuidado fue una operación política de enorme alcance que requirió de un proceso largo dividido en tres hitos: “Primero, la desvalorización del trabajo de las mujeres, a pesar de que esta desvalorización contrasta fuertemente con la percepción que científicos y reformadores sociales tuvieron del papel crucial que jugaba el trabajo doméstico y los distintos trabajos que realizaban las mujeres, también a cambio de una remuneración, para el mantenimiento del bienestar y los niveles de vida en una sociedad sin Estado del Bienestar. Segundo, la exclusión de la ciudadanía y el subsiguiente acceso a una ciudadanía tardía e inacabada por parte de las mujeres que tardaron en conseguir el voto mucho más que los hombres y que aún hoy están representadas en mucha menor medida que los hombres en los parlamentos y gobiernos al no haberse alcanzado la paridad. Y por último, la generalización desde mediados del siglo XIX de la familia del hombre como ganador de pan en cuya extensión coincidieron reformistas, fuerzas conservadoras y sindicatos, y que la investigación histórica está demostrando que fue más un discurso que una realidad, al tiempo que el proceso de industrialización vaciaba a las familias de sus funciones productivas».
Y añade: «Aunque esté vaciado, habría que entrecomillarlo porque al mismo tiempo se las cargaba con los trabajos de cuidados. Bajo esta fórmula, las mujeres se harían cargo del cuidado de criaturas, personas ancianas y/o enfermas y también de los varones adultos para que estos pudieran ofertar su trabajo en buenas condiciones en el mercado de trabajo, aspecto clave para comprender el funcionamiento de los mercados de trabajo contemporáneos y la discriminación de género que en él opera. La domesticidad se convirtió en una estrategia política, el trabajo doméstico dejó de ser denominado trabajo y los procesos de la vida humana se hicieron económica y políticamente invisibles”.
Incluso cuando se desarrolló el Estado de bienestar, remarca Gálvez, los estados se diseñaron de manera que permitieran que la familia cumpliera las funciones de cuidado que se consideraban normales y propias de la misma: “Y qué decir del estado neoliberal austericida que tenemos ahora que desarrolla velozmente procesos de privatización e individualización del riesgo que se trasladan a las familias a modo de mayor trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que dada la división sexual del trabajo existente sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. Las personas no se insertan en los mercados de igual manera, ni en los de trabajo, ni en los de crédito o inmobiliario y, por tanto, la dependencia del mercado crea fuerte desigualdades vinculadas con la renta de las personas, la etnia y por supuesto el género que las atraviesa a todas”.
La propia Constitución, que promulgaba por primera vez la igualdad tras la dictadura, se redactó con un artículo machista, el de la sucesión en la Corona, aún vigente. “Es un residuo simbólico, pero todo lo simbólico tiene su efecto y da idea del estatus de la mujer en esta sociedad”, denuncia Pazos. María Izquierdo, una de las 27 diputadas y senadoras constituyentes, explica que se salieron del hemiciclo cuando se produjo la votación del 57.1. Todas las mujeres de todos los partidos: “Era lo único que podíamos hacer, no teníamos fuerza para más”. Rubiales insiste en que es lo primero que habría que reformar de la Constitución, un artículo paradójicamente inconstitucional. «No interesa que las mujeres ocupemos la mitad del espacio y se justifica con razones económicas, pero las razones fundamentales son ideológicas y del machismo predominante, como la última reforma del aborto aprobada por el PP”, concluye Rubiales.
[Reportaje incluido en el dossier ‘Del machismo se sale’, publicado en el número de octubre de nuestra revista, que puedes comprar en quioscos y aquí]
