Beatriz Plaza* // Este jueves 21 de mayo, es el día internacional #antiChevron en denuncia de los daños que han ocasionado las transnacionales extractivas en todo el mundo, con especial atención al caso de Chevron-Texaco en Ecuador. Mediante acciones de denuncia común, diferentes movimientos sociales, organizaciones y comités de solidaridad internacional piden la creación de un sistema de alerta que obligue a las compañías multinacionales a facilitar la transparencia en sus operaciones, asumir la responsabilidad sobre sus acciones y cumplir con las normas y estándares que garanticen el respeto a los derechos humanos y ambientales.
El Chernobyl de la Amazonía
“Estamos tomando una serie de medidas específicas para bajar nuestra estructura de costos y esperamos que estos esfuerzos se reflejen cada vez mejor en nuestros resultados a medida que avanza el año”, anunciaba el pasado 1 de mayo John Watson, presidente ejecutivo de Chevron Corporation. No es de extrañar que en la transnacional estén preocupados, ya que han sufrido unas pérdidas de 1.940 millones de dólares en relación al mismo período del año anterior; eso es debido, según dicen, al desplome del precio del crudo. Y la propuesta de la empresa tampoco es nueva: bajada de los costes salariales, disminución en la atención a los procesos técnicos de extracción y ausencia de controles de calidad en la unidad de refinamiento, claves para que la transnacional recupere sus extraordinarias cifras de ganancias anuales.
No es la primera vez, ni seguramente será la última, que en esta petrolera se anteponga el beneficio económico al cumplimiento de los derechos humanos y ambientales. Prueba de ello son las acusaciones por daños a la salud y las denuncias por contaminación y destrucción del territorio en Polonia, Rumanía, Nigeria y Perú, así como el apoyo a la dictadura franquista y al gobierno nazi en los años treinta y cuarenta del siglo pasado.
Pero si hay un ejemplo que evidencie la huella de la impunidad que deja una transnacional en un territorio, es el del desastre ocasionado por la petrolera Texaco —actualmente, Chevron Corporation— en el oriente de la Amazonía ecuatoriana, que ha llegado a ser conocido como “el Chernobyl de la Amazonía”. De 1964 a 1992, la empresa contaminó más de 2 millones de hectáreas de tierra, ríos y acuíferos, contribuyendo a la destrucción de fauna y flora, la desaparición de los pueblos ancestrales tetetes y sansahauari, el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas cofanes, siona y siekopai, y haciendo un daño irreparable a la salud de los habitantes de la Amazonía ecuatoriana. Se calcula que hay más de 30.000 personas directamente afectadas.
La savia de una resistencia
Para denunciar el daño ocasionado, el 3 de noviembre de 1993 habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos presentaron una demanda contra Chevron-Texaco en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Un año después se creó el Frente de Defensa de la Amazonía, con los objetivos de defender los derechos humanos y ambientales de la región amazónica y de presionar para que la transnacional reparase los impactos generados. Y ese mismo año se firma un acuerdo de conciliación entre la petrolera y el gobierno de Sixto Durán Ballén, que en teoría garantizaba la reparación de los daños de los que la petrolera había sido acusada.
No obstante, según detalla un informe de la Contraloría General del Estado ecuatoriano, en el 80% de los lugares analizados en 2013 persisten concentraciones de hidrocarburos que superan los límites permisibles. Con ello puede concluirse que las “reparaciones” efectuadas fueron simuladas y parciales, como se comprueba en la actualidad al ver cómo de las perforaciones sigue supurando crudo y otros residuos contaminantes que siguen afectando gravemente a la vida de las habitantes de la Amazonía.
Han pasado más de veinte años, pero la resistencia sigue activa gracias al trabajo de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT). Esta plataforma integra a quienes están organizadas en las asociaciones de afectados en cada campo petrolero operado por esta empresa, así como a las nacionalidades ancestrales cofán, siekopai, waorani y siona, y las comunidades indígenas kichwa y shuar. Su lucha es colectiva y su quehacer diario se guía con la meta de garantizar una vida digna para las personas afectadas y una total restitución para la Amazonía en términos de justicia ambiental. Y en eso siguen, presionando a Chevron para que pague la indemnización a la que fue sentenciada, ratificada por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador a finales de 2013.
Con el fin de evitar el cumplimiento de dicha sentencia, Chevron ha utilizado diferentes estrategias: lobby con gobiernos y organizaciones internacionales, anteposición de procesos arbitrales en el Tribunal Internacional de Arbitraje en La Haya, presión política a dirigentes gubernamentales, ataque y deslegitimación del sistema judicial ecuatoriano al sentenciar y ratificar la condena acusatoria, e incluso acusaciones y amenazas directas contra el equipo técnico y jurídico de la UDAPT. Se estima que la transnacional ha gastado más de 40 millones de dólares en todo ello, mientras el pago de la indemnización le habría costado menos del 15% de la totalidad de sus ingresos anuales.
El florecimiento de una lucha global
La negación de la sentencia y los obstáculos interpuestos por Chevron para el no cumplimiento de la misma obedecen a la lógica de la lex mercatoria: anteponer el poder de las empresas transnacionales a la soberanía de los pueblos. Frente a ello se sitúa este proceso de resistencia colectiva y global, que confronta directamente la arquitectura de la impunidad de la que gozan las transnacionales.
Así es como han emergido en los últimos años los diferentes comités de solidaridad internacional con la Amazonía ecuatoriana. Ese es el caso del Comité español en defensa de la Amazonía ecuatoriana (CEDAEC), que trabaja en la denuncia de los daños generados y en el apoyo a los afectados, presionando a Chevron para que cumpla la sentencia doblemente ratificada, repare la contaminación provocada e indemnice a las víctimas para que puedan vivir con dignidad.
Todas estas reivindicaciones tuvieron un fuerte impulso gracias a las jornadas realizadas el pasado 15 de abril en el Parlamento Europeo por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), a las que fueron invitados dos miembros de la UDAPT, Pablo Fajardo y Gladys Huanca, para exponer su lucha de más de dos décadas reclamando justicia. En ese acto, que contó con el apoyo de 50 europarlamentarios, Fajardo afirmó que el de “Chevron solamente es un caso más que evidencia la impunidad de la que gozan las transnacionales. Por ello, es necesaria la unión de los pueblos del mundo hacia una resistencia global que frene el poder de las grandes corporaciones”.
En esa misma sesión se recordó a Eduardo Galeano, quien no hace mucho nos decía que “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Hoy, día internacional #antiChevron, continuamos con la articulación de una lucha global que ha de partir desde muchos y diferentes lugares, que nos sirva como precedente para evitar que se produzcan más casos como el de la Amazonía ecuatoriana.
*Beatriz Plaza es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
