MADRID // Desde las terrazas del Club Financiero Génova se divisa todo el centro de Madrid, desde la Casa de Campo hasta el Parque del Retiro. Es una asociación exclusiva, con restaurante, bar y piscina, un espacio lujoso con un tufillo a antiguo donde los empresarios se pueden reunir entre ellos con toda discreción. A veces las instalaciones acogen eventos, como el lunes 6 de abril cuando la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, inauguró el Ágora del Empleo, una jornada organizada por el diario El Economista y patrocinada por la consultora KPMG y Caser Seguros. Ante el público, en su gran mayoría señores con corbata, Báñez presumía de la caída del paro, que atribuyó a la “revolución silenciosa” del mercado laboral que ha impulsado el gobierno del Partido Popular. Al término del discurso se levantó de forma espontánea un hombre mayor que se presentó como “pequeño empresario” y le preguntó a la ministra, entre otras cosas, cómo era posible que España tuviera un salario mínimo más bajo que países como Eslovenia. Báñez se mostró algo irritada por una pregunta que probablemente no se esperaba en un foro como éste. “Reconozco que el salario mínimo no es el más alto de la Unión Europea”, admitió, “pero no ha bajado gracias a que no hubo rescate, a diferencia de Grecia”. De una posible subida, ni palabra.
La crisis ha provocado una pronunciada pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, y la recuperación de la economía no se está traduciendo en una mejora de los sueldos en estos momentos. Mientras, en otros países se intenta luchar contra la creciente desigualdad con una subida de las retribuciones mínimas de los trabajadores. El aumento del salario mínimo ha sido uno de los temas importantes en la campaña electoral en el Reino Unido; en EEUU, el presidente Barack Obama quiere elevarlo hasta un 40%; Alemania acaba de estrenar un salario mínimo y la vecina Portugal lo ha subido a principios del año, una vez que terminó el rescate.
Aumenta el trabajo precario
En España, sin embargo, la situación no mejora, ya que la mayor parte de los puestos de trabajo que se están creando en los últimos meses son de baja calidad, con muchos contratos temporales y a tiempo parcial en sectores como la hostelería y últimamente incluso la construcción [ver columna de Eduardo Garzón en la página 44]. Los salarios han perdido peso en la renta nacional. En 2013 sólo representaban el 46,7% del PIB, la cifra más baja en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística. Un tercio de los empleados afirma que trabaja menos horas de lo que le gustaría, según un informe de Manpower, la agencia de trabajo temporal líder en el mundo. La ministra Báñez es consciente del problema que está causando la rebaja salarial, fruto, en gran parte, de las reformas laborales. “Les pido un compromiso con el empleo de calidad”, instó al público en el Club Financiero Génova, «es bueno para los trabajadores pero también para las empresas”.
De momento, los empresarios no se dan por aludidos, como muestra la enconada ronda de contactos entre patronal y sindicatos para renovar el convenio de negociación colectiva, que aún continuaba al cierre de esta edición. De entrada, UGT y CCOO exigían una subida salarial por encima del 1% para que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo perdido. Pero las patronales ofrecían un mero 0,9% con el argumento habitual de preservar la competitividad de las empresas o, en palabras del presidente de la CEOE, Juan Rosell, porque “la economía no está para fiestas”.
Al igual que en otros países desarrollados, en España tristemente se ha popularizado el concepto de “pobreza laboral”, es decir la profusión de empleos que no garantizan unos ingresos suficientes para tener una vida digna. La agencia de trabajo Adecco, en un informe publicado a mediados de abril, enumeró los tipos de trabajo que más se están ofertando en estos momentos. Por ejemplo, un teleoperador que tiene nivel alto de inglés y preferiblemente conocimiento de otros idiomas, además de otras cualidades como “proactividad” y “tolerancia al estrés”, puede aspirar a un sueldo bruto anual de entre 13.000 y 16.000 euros, es decir, ser mileurista.
Para los sindicatos, una mayor retribución de los trabajadores no es solamente una cuestión de justicia social, sino una necesidad para consolidar la recuperación. “Si no suben los salarios no va a haber reactivación económica y sólo se avanzará en la desigualdad y la pobreza laboral”, advirtió Ramón Gorri, secretario de acción sindical de CCOO, al público en el Club Financiero Génova. No sorprende que un sindicalista como Gorri exija una subida salarial. Pero también hay cada vez más economistas que lo consideran imprescindible para el crecimiento. “Lo que el Gobierno llama moderación salarial es en realidad la continuación de un proceso de devaluación de las rentas salariales que no sólo dificulta la recuperación sostenible del empleo, sino que es incompatible con el empleo de calidad”, opina Jorge Uxó, profesor de Economía de la Universidad de Castilla La Mancha.
Y ¡sorpresa!, hasta la infame troika, que fue al fin y al cabo quien impulsó el proceso de la rebaja salarial y la precarización del mercado laboral aprovechando el rescate del sector financiero español, ahora rectifica. En un informe de noviembre pasado, la Comisión Europea calificaba el recorte salarial en España como “lento, ineficaz e injusto”. Dos meses antes, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, había criticado que «en algunos países los trabajadores entran al mercado laboral con sueldos de los años ochenta». Finalmente en abril, el tercer miembro de la troika –ahora rebautizada como “las instituciones”–, el Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó un informe en el que alertaba sobre el peligro de la creciente brecha social por culpa de los bajos salarios en el mundo industrializado, algo que los autores del documento achacan a la pérdida de poder de los sindicatos, entre otros factores. Los datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) demuestran que en los últimos años la productividad ha subido muy por encima de los salarios, lo cual quiere decir que los frutos de estos avances productivos apenas han repercutido en la nómina de los trabajadores.
Algunos políticos y gobernantes parece que se toman el tema en serio e intentan parar la nefasta espiral a la baja de los salarios. El líder de los laboristas británicos, Ed Miliband, arrancó la campaña electoral con la promesa de elevar el salario mínimo de 6,50 a 8 libras la hora hasta 2020. Los conservadores del primer ministro David Cameron contestaron con la oferta de una rebaja fiscal para los sueldos más bajos. Algunas administraciones locales ya han tomado la iniciativa. El ayuntamiento de Londres, la Greater London Authority, aprobó la introducción del llamado “London Living Wage” de 9,15 libras la hora, un 40% por encima del mínimo nacional. Sobra decir que los empresarios británicos y sus acólitos entre los economistas y la prensa conservadora se resisten y ponen el grito en el cielo.
En EEUU, Obama se ha propuesto rescatar a las clases medias durante los escasos dos años que le quedan en la Casa Blanca. Para ello propone subir el salario mínimo de 7,25 a 10,10 dólares por hora. Pero la iniciativa del demócrata, como tantas otras, se ha topado con el rechazo en banda de los republicanos que controlan ambas cámaras del Congreso en Washington. En el discurso sobre el Estado de la Nación en febrero, Obama se enfadó con la oposición. “A todos en este Congreso que aún se resisten a subir el salario mínimo les digo: ‘Si realmente cree que se puede trabajar a tiempo completo y mantener una familia con menos de 15.000 dólares al año, pruébelo usted mismo’”. Al igual que en el Reino Unido, algunos dirigentes locales se han adelantado a los planes del presidente. La ciudad de Seattle pretende subir el mínimo hasta 15 dólares por hora en los próximos tres años.
El gobierno de centroderecha en Portugal subió el salario mínimo de 485 a 505 euros a principios de este año. A pesar de las recientes muestras de preocupación por la desigualdad, la Comisión Europea y el FMI fueron muy duros con el ejecutivo de Pedro Passos Coelho y alegaron que la medida pondría en riesgo la recuperación económica.
Alemania, la locomotora de la economía europea, estrenó un salario mínimo nacional de 8,50 euros por hora en 2015. Antes sólo existían acuerdos a nivel sectorial y regional. En un duro debate en el seno de la gran coalición, los socialdemócratas lograron imponer esta medida a su socio mayor, la CDU de la canciller Angela Merkel, aunque tuvieron que aceptar una serie de excepciones, como el caso de las ONGs y otras asociaciones sin ánimo de lucro. Asimismo, a los becarios y personas en prácticas no hay que pagarles los 8,50 euros, y tampoco los cobran los trabajadores temporales en las cosechas en el campo. Como en el resto del mundo, no faltaron expertos que presagiaban un desastre para el mercado laboral alemán. El jefe del famoso instituto de estudios económicos Ifo, Hans-Werner Sinn, calculaba que se perderían hasta 900.000 puestos de trabajo por culpa del salario mínimo. Sin embargo, a los tres meses de su funcionamiento la situación del mercado laboral sigue mejorando. En marzo, la tasa de paro descendió al 6,8%, el nivel más bajo en 24 años.
Aunque los economistas advierten de que aún es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre el impacto del salario mínimo, algunos expertos destacan un dato relevante. La medida parece hacer mella en los trabajos de baja retribución, los famosos minijobs. Bajo esta fórmula legal, una persona puede cobrar hasta 450 euros mensuales sin pagar apenas cotizaciones ni impuestos. El abuso de los minijobs en los últimos años, que incluye la fragmentación de puestos fijos a tiempo completo, es para la mayoría de expertos una de las causas fundamentales del aumento de la desigualdad.
En enero se registraron en Alemania 4,86 millones de puestos de trabajo de baja remuneración, casi 120.000 menos que el año pasado y en un contexto de caída del paro. “El descenso debe estar relacionado con la introducción del salario mínimo», escribió la oficina federal de empleo BAA. Políticos y comentaristas de centroizquierda han saludado este efecto colateral de la medida que afecta a los minijobs, aunque habrá que esperar a que finalmente se confirme la tendencia. Otros expertos, sin embargo, ven potenciales peligros, como un aumento de la economía sumergida. Uno de los motivos para crear la figura del contrato de 450 euros fue precisamente hacer aflorar muchos trabajos en negro.
En este sentido, cobra importancia el debate para introducir un salario mínimo a nivel europeo, donde actualmente hay variaciones importantes y ni siquiera existe en seis países. Algunos partidos en el Parlamento Europeo, como Los Verdes, proponen fijar el nivel mínimo de ingresos en el 55% o 60% del salario mediano (éste se calcula a partir de dividir el número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior).
Una vez más, los argumentos a favor tienen que ver tanto con la justicia social como con la eficacia económica. “Por un lado, la medida podría contribuir a elevar los salarios mínimos que aún están en un nivel de pobreza y, por otro, podría estabilizar la evolución salarial en Europa y contribuir a luchar contra el riesgo de deflación”, argumenta un informe del WSI, el instituto de análisis económico de los sindicatos alemanes.
En España, no obstante, predomina la cautela. La ministra Báñez pidió a los agentes sociales que en la negociación salarial no se olvidaran de los cinco millones de parados. Según esta teoría, encarecer los costes salariales podría ser un obstáculo para que las empresas contraten a personas con poca cualificación. No es el único argumento que se esboza para justificar la moderación salarial. Mientras las grandes empresas van camino de recuperar el nivel de beneficios de antes del estallido de la burbuja, miles de pequeñas y medianas firmas siguen luchando por la supervivencia, como recordaba el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, a principios de año en el Fórum Europa en Madrid.
Quejas de las pymes
Pero el también vicepresidente de la CEOE señaló que los sueldos no son ni mucho menos la principal preocupación. “El conjunto de costes sociales que soportan nuestras empresas es hasta un 30% superior al de nuestros socios europeos”, explicó, y citó también otros factores perjudiciales como los altos precios de la energía y los impuestos. “España ya ha reducido sus costes laborales unitarios relativos en relación con la media de la zona euro en estos años, y no debe seguir centrando sus propuestas en competir en bajos costes”, opina el profesor Uxó. Para mejorar la competitividad, propone más inversiones públicas en educación, tecnología, innovación e infraestructura, “inversiones que hoy son sustancialmente más bajas que la media de la UE”.
Finalmente, hay algunas –pocas– empresas que comparten una fracción de sus ganancias con los empleados. Mercadona, líder de supermercados del país, reparte el 25% de su beneficio anual entre la plantilla, una medida que contrasta con su política de derechos laborales, denunciada en múltiples ocasiones. Por su parte, el gigante textil Inditex anunció este año un plan para que los empleados participen en el éxito empresarial, aunque limita el reparto al 2% del beneficio anual. En comparación, el 65% de la ganancia del propietario de Zara o Massimo Dutti va al bolsillo de los accionistas.
Uxó cree que se podría obligar por ley a las empresas a dedicar una parte de su beneficio a retribuir a los trabajadores, como se ha hecho en Suecia. “Lo ideal sería que este tipo de experiencias se fuese aplicando a través de la negociación colectiva”, afirma. Para que ocurra esto, mucho tienen que cambiar las cosas porque, por ahora, los agentes sociales se están peleando por unas pocas décimas de subida salarial.
