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Impuesto (a medida) de sociedades… transnacionales

El capitalismo global ha creado una fiscalidad a partir de leyes que amparan el uso sistemático de la opacidad y la ingeniería fiscal y deja el peso de los impuestos a las rentas medias y bajas y a las pequeñas empresas

OMAL

24 abril 2015 Una lectura de 7 minutos

Beatriz Jiménez y Erika González* // Gigantes de la auditoría como PwC, Deloitte, E&Y y KPMG asesorando a multinacionales para eludir impuestos. La fortuna oculta de Emilio Botín, el “primer banquero” de España, en el banco HSBC de Suiza. Un exvicepresidente del gobierno español investigado y detenido por blanqueo de capitales. En estos últimos meses ha habido un goteo incesante de noticias relacionadas con casos de elusión y fraude fiscal protagonizados por empresas transnacionales y grandes fortunas.

En diciembre de 2014 saltó a los medios de comunicación el caso Luxleaks, donde se probaba cómo las autoridades de Luxemburgo firmaron acuerdos secretos para que 350 grandes corporaciones sólo tuvieran que pagar el 1% de sus beneficios. La mayor parte de las empresas eran entidades financieras y algunas de ellas son accionistas de multinacionales españolas. Así ocurre con State Street Group, accionista del Santander; con BNP Paribas y J.P. Morgan, accionistas de Iberdrola; con HSBC, UBS y Fidelity, accionistas del Grupo Prisa.

En febrero de 2015 se publicaba la lista Falciani, que contiene 130.000 nombres de personas físicas y jurídicas que han podido utilizar sus cuentas en la sucursal del banco inglés HSBC en Ginebra para evadir impuestos. Entre los nombres de esta lista aparecieron grandes empresarios como Alicia Koplowitz, la familia Prado y la familia Pujol. En este mes se ha producido un nuevo escándalo, la investigación a Rodrigo Rato, por fraude fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. No es el único, otras 714 personas están bajo la lupa por utilizar la amnistía fiscal de 2012 para blanquear dinero.

Esta realidad ha sido posible gracias al tipo de sistemas tributarios que el capitalismo global ha creado. Una fiscalidad al servicio del capital, construida a partir de leyes que, por un lado, amparan a una elite económica y política en el uso sistemático de la opacidad y la ingeniería fiscal y, por otro, deja el peso de los impuestos a las rentas medias y bajas y a las pequeñas empresas.

Elusión y fraude fiscal aquí…

Las empresas transnacionales han sabido aprovechar un sistema de impuestos creado a su medida para maximizar sus beneficios, tal y como expresa el pago del impuesto de sociedades: en el Estado español, en 2012 las grandes compañías tributaron de media un 4% —en 2013, un 6%—, muy lejos del 30% del impuesto de sociedades que fijaba la ley en esos años y nada proporcional a sus pingües beneficios. Un complejo entramado de deducciones y bonificaciones, con la complicidad gubernamental y el acompañamiento de asesorías avezadas en ingeniería fiscal, son los elementos clave que han permitido cotas elevadas de elusión de impuestos.

En el marco de la complicidad gubernamental, se puede citar la existencia de instrumentos para evitar el pago de tributos cumpliendo la legislación. Algunos ejemplos, en este sentido, son las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) —que tributan un impuesto del 1%—, las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI) —que no pagan impuestos por sus operaciones inmobiliarias— y las entidades de tenencia de valores en el extranjero (ETVE) —a partir de las cuales las empresas extranjeras no tributan los dividendos, beneficios y plusvalías, pero sí se deducen las pérdidas—. Y aún hay más, la desgravación por doble imposición interna, las deducciones por deterioro de la cartera de valores o por rentas negativas obtenidas en el exterior y las desgravaciones multimillonarias por la internacionalización de empresas. Un botón de muestra: Telefónica pudo deducirse unos 4.000 millones de euros por la compra de la empresa brasileña Vivo.

El uso de instrumentos legales para la elusión fiscal no es la única vía utilizada por las multinacionales, también llevan a cabo prácticas directamente ilegales que crean focos de fraude. En la UE se dejan de ingresar casi 70.000 millones de euros de las empresas transnacionales por vías legales, cifra que no se corresponde con la caída de la actividad económica. Y el fraude fiscal en España se cifra en más de 80.000 millones al año, cuyas responsables son fundamentalmente las grandes empresas y fortunas. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ya en 2013, alertó sobre esta situación diciendo que más de un billón de euros se pierde cada año en la Unión Europea a través del fraude y la elusión.

La existencia de paraísos fiscales y el uso de mecanismos como los convenios para evitar la doble tributación o la manipulación de los precios de transferencia permiten evadir el pago de los impuestos correspondientes a las empresas transnacionales. Por esta razón, son utilizadas por la práctica totalidad de las grandes corporaciones: 34 de las 35 empresas del Ibex35 tiene filiales en paraísos fiscales. Y es que la internacionalización facilita un mayor número y complejidad de herramientas para adecuar el pago de impuestos a sus intereses.

… Y allá

Si el escenario nacional es bastante propicio para el desarrollo de las grandes empresas, lo es aún más en aquellos países donde la atracción de inversión extranjera ha centrado el discurso económico y se han multiplicado las ventajas fiscales ofrecidas a las grandes empresas. Es el caso de los países latinoamericanos que, siguiendo las pautas del Consenso de Washington, han priorizado medidas como la reducción del gasto público, reformas fiscales regresivas, privatización de empresas públicas, liberalización del mercado, entre otras.

Al igual que ocurre en el Estado español, aunque existe un tipo teórico del pago del impuesto a las empresas, la realidad de la tributación, sin embargo, puede distar de lo que se estipula en la normativa, pues existen ventajas y beneficios fiscales que reducen lo que realmente pagan las grandes corporaciones. Entre las técnicas tributarias para incentivar la inversión están las exenciones, deducciones, créditos, tasas reducidas, pagos diferidos y contratos de estabilidad tributaria.

Algunos ejemplos de ello se pueden encontrar en Colombia: en 2013, la Contraloría General de la República de Colombia publicó un estudio en el que se ponía de manifiesto que en el sector minero las grandes empresas pagaban el 10% del impuesto de sociedades, cuando en teoría deberían pagar el 33%. En Nicaragua se repite el mismo patrón y, aunque teóricamente el impuesto de sociedades es del 30%, lo que realmente pagan se sitúa en apenas el 2%. Y también se reproduce la misma lógica en México, donde se detectó que 270 empresas transnacionales realizan prácticas fiscales que consisten en trasladar a otros países o jurisdicciones los beneficios generados en el país, para pagar menos impuestos o directamente no pagarlos.

La evasión y elusión fiscal se refleja en las extraordinarias cifras que dejan de ingresar los países latinoamericanos. Y la pérdida de presupuestos millonarios afecta directamente a la inversión social. Global Financial Integrity estimó que, entre 2001 y 2010, 869.900 millones de dólares se fugaron de las arcas latinoamericanas, un monto de dinero que bien podría haberse empleado en la reducción de la pobreza, en Educación o en Sanidad.

Frente a ello, los organismos internacionales han multiplicado las declaraciones y han iniciado algunos programas para acotar prácticas fiscales nocivas, como el Plan de Acción de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal de la UE y el Base Erosion and Profit Shifting de la OCDE. Hasta el momento no han tenido mucho éxito porque las grandes empresas encuentran en la aparatosidad de las legislaciones y en su propia conformación el escenario idóneo para bordear el pago de impuestos conforme a sus ganancias. Por esta razón, la presión social crece para dar una respuesta organizada y exigir un cambio de rumbo efectivo en los sistemas tributarios. Se reivindica una fiscalidad justa, creada y elaborada sobre los pilares de la equidad y progresividad, una política fiscal para una economía al servicio de las personas.

* Beatriz Jiménez y Erika González son investigadoras del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.