Brecha salarial, conciliación, violencia de género… Son términos que se repiten constantemente entre las promesas electorales. Como todos los políticos el Día de la Mujer, todos los programas se llenan la boca de igualdad en las elecciones. Los de izquierdas, los de derechas y los que no se definen ni como izquierdas ni de derechas. Muchas de las propuestas no dejan de ser una mera declaración de intenciones repetida año tras año: trabajaremos por conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, vienen a decir. Otras son mucho más concretas, como el compromiso de poner guarderías obligatoriamente en las empresas a partir de 500 trabajadores (PSOE); la reducción fiscal por conciliación del trabajo con la vida familiar por cada hijo entre 3 y 5 años, no limitada como ahora sólo a familias monoparentales (PP); la creación de una consejería de la mujer (Izquierda Unida); ayudas públicas a las mujeres para salir de la prostitución (Podemos); y la reducción de las vacaciones escolares en verano para adaptarlas a la situación laboral escolar y a la media europea (Ciudadanos).
No todos usan la palabra feminismo o feminista: sólo lo hace Podemos -el único que defiende específicamente una economía social feminista- e Izquierda Unida, cuyo líder, Antonio Maíllo, se ha autoproclamado como el primer presidente feminista que tendría Andalucía, además de gay. Su programa es el único que recoge el acceso de las mujeres lesbianas a los derechos reproductivos en los mismos términos que las mujeres heterosexuales.
Tampoco son todos los que mencionan los términos machismo o machista: sólo PSOE y Podemos. La propia candidata socialista, Susana Díaz, ha sido objeto de declaraciones machistas con motivo de su embarazo. El último episodio ha sido protagonizado por el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que espera -según dijo- que no se ponga enferma para el debate de este lunes en TVE. El PSOE defiende, además, el permiso de paternidad intransferible y de igual duración que el de maternidad, sólo prometido también por Ciudadanos. Izquierda Unida y Podemos se quedan sólo en un aumento del permiso. El PP ni lo reivindica.
Aún hoy, todavía hay algún partido, como Ciudadanos, que usa la expresión violencia doméstica para englobar también los casos de violencia específica contra las mujeres. Es decir, bajo ese mismo epígrafe incluye a hombres maltratados. Frente al PP, Ciudadanos sí deja claro en su programa que rechaza cualquier política encaminada a un sistemas de cuotas. Y una diferencia más entre dos partidos que se disputan más directamente los votos: el PP es el único que no aborda el tema de la prostitución y Ciudadanos, el único que se plantea regularizar este asunto. Ésta es una selección de diez propuestas de los principales partidos.
PSOE
1. Adecuación de la Ley de igualdad andaluza.
2. Plan de igualdad de género en educación.
3. Plan Especial para la reducción de brecha salarial entre mujeres y hombres. Impulso de políticas activas para el fomento del emprendimiento femenino y la generación de empresas por mujeres. Fomento de la contratación pública orientada a la igualdad.
4. Plan Integral contra la trata, la prostitución y la explotación sexual.
5. Medidas que posibiliten, de manera efectiva y en un tiempo adecuado, que las mujeres que lo deseen puedan acceder a las técnicas de reproducción humana asistida, ofertándoles una atención sanitaria de calidad.
6. Incentivos y mecanismos para la no discriminación y presencia equilibrada de mujeres y hombres en puestos y órganos de decisión y responsabilidad, tanto del sector público como privado. Políticas públicas que favorezcan la visibilidad de la mujer en el mundo económico y social de Andalucía, así como en el mundo de la cultura, el deporte y la comunicación social.
7. Sistema integral de gestión de la igualdad en el sistema sanitario público de Andalucía que introduzca de forma sistemática y reglada la igualdad en el proceso de toma de decisiones en todos los procesos y niveles.
8. Estrategias y planes de acción para superar la brecha digital de género, especialmente en el ámbito rural y entre las mujeres mayores y aquellas con discapacidad.
9. Permiso de paternidad intransferible y de igual duración que el de maternidad.
10. Violencia de género: actualización de la ley; una ventanilla única para atención a las mujeres maltratadas; plan de seguridad personal; cambios legislativos para que los juzgados de violencia suspendan cautelarmente el régimen de visitas en los casos en que las víctimas se encuentren acogidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida por motivos de seguridad; medios para evitar que la carga de la prueba en delitos de violencia de género recaiga en exclusiva sobre la víctima; programas específicos dirigidos a la juventud para la prevención y la atención de situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género; formación a las policías locales en un sistema de detección precoz de la violencia de género; y protocolo de intervención social, educativo, familiar y sanitario ante la mutilación genital femenina.
PP
1. Plan para favorecer la empleabilidad de las mujeres y la Igualdad en el empleo, con medidas como un programa de emprendedoras activas, que incluya acciones de formación empresarial y de utilización avanzada de las tecnologías de la información y la comunicación, ayudas económicas para iniciar y consolidar la actividad, líneas de financiación específicas (microcréditos y avales), servicios de apoyo y acompañamiento, iniciativas de fomento de la implantación y el fortalecimiento de las empresas de mujeres en los sectores tecnológicos, ayudas destinadas a la generación de redes entre las mujeres empresarias y fomento de la participación en los canales de promoción, publicidad y comercialización de servicios y productos.
2. Observatorio específico sobre brecha salarial con participación de fuerzas sociales y expertos multidisciplinares para dar respuestas adecuadas.
3. Servicio específico de colaboración con la Inspección de Trabajo para el control del cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad y empleo.
4. Subvenciones a pymes para fomentar el ascenso y promoción profesional de la mujer, que será mayor cuando la trabajadora desarrolle su actividad en una profesión con menor índice de empleo femenino.
5. Ayudas específicas para proyectos empresariales desarrollados por mujeres rurales, especialmente de recuperación y reciclaje, agricultura integrada, biológica y productos ecológicos, e incentivos a la contratacion y a la formación para la incorporación de mujeres a las empresas agroalimentarias.
6. Implantación de planes de igualdad en las empresas y en el sector público.
7. Plan de conciliación, con medidas como: incentivos para favorecer la conciliación, fomentar la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades ligados al fomento del empleo, a través de ayudas a la contratación para sustituir a trabajadores o trabajadoras que disfruten de permiso de paternidad/maternidad o riesgo en el embarazo, y para sustituir a quienes hayan optado por reducir su jornada de trabajo por cuidado de menores o dependientes; deducción del 15% por gastos de guardería de hijos menores de 3 años con un máximo de 400 euros anuales por hijo; y una bolsa de horas que permita cumplir la jornada de manera variable y compensar el tiempo dedicado a la conciliación, recuperando posteriormente horas de trabajo.
8. Plan específico de ayuda a la maternidad, con medidas tanto económicas, como sociales, sanitarias, educativas y laborales o profesionales. Contemplará el servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio a mujeres embarazadas diagnosticadas con embarazo de riesgo cuando cumplan alguno de los siguientes requisitos: vivan solas o la persona con la que convivan pase días o gran parte de la jornada diaria fuera del domicilio familiar, convivan con menores y/o con personas que tengan una situación física o psicológica que no les permita prestar auxilio inmediato. Protocolos de actuación en el sistema de salud para evitar el consumo de drogas en mujeres embarazadas y durante el periodo de lactancia.
9. Medidas necesarias para una atención especial a las mujeres gitanas víctimas de discriminación múltiple.
10. Violencia de género: incremento de los recursos; refuerzo de la coordinación y cooperación institucional, especialmente con las corporaciones locales; planes personalizados de protección con medidas de seguridad en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local y la seguridad privadas, en los casos que fuese necesario, ante situaciones de grave riesgo; inclusión de los menores dentro de la ley de protección integral contra la violencia de género como víctimas y por tanto como sujetos de una atención integral; incentivos a la contratación indefinida que favorezcan más a las mujeres víctimas de violencia de género; y programas y medidas de prevención y sensibilización en la enseñanza secundaria y primaria.
IZQUIERDA UNIDA
1. Ampliación y desarrollo de la Ley de Igualdad andaluza.
2. Garantizar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres favoreciendo la flexibilidad horaria para favorecer el desarrollo de la vida personal, familiar o profesional. Aumentar el periodo de permiso de paternidad y que éste sea obligatorio e intransferible.
3. Creación de una adjuntía en la institución del Defensor del Pueblo, destinada a denunciar los casos de discriminación de género tanto en el ámbito público como en el privado. Creación de auténticas unidades de igualdad de género en las diferentes consejerías, dotadas con personal cualificado en género y funciones exclusivas en la materia.
4. Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo a cargo de la Seguridad Social y dentro de la red sanitaria pública andaluza. Fomento de políticas de sensibilización y respeto a las diversidad sexual y a las distintas opciones sexuales. Compromiso con una educación sexual reglada. Protección de los derechos reproductivos de las mujeres lesbianas a través de la defensa de su acceso a la reproducción asistida en los mismos términos que las
5. Desarrollo efectivo de la democracia participativa, a través la puesta en marcha de los presupuestos participativos con perspectiva de género.
6. Dotación de créditos blandos, a través de la banca pública, para potenciar las iniciativas empresariales de las mujeres así como para impulsar programas de financiación preferente por parte de los organismos públicos competentes.
7. Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos y subvenciones de las administraciones públicas, que garanticen la presencia de mujeres en los sectores laborales con menos representación. Promoción de convenios marco con cláusulas que garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. A tal fin no se procederá al registro de ningún convenio que contenga cláusulas discriminatorias y de explotación.
8. Políticas encaminadas a la abolición de la prostitución. Sensibilización sobre esta forma extrema de violencia de género; programas integrales dirigidos a mujeres prostituidas. Dichas actuaciones en ningún caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se lucran (proxenetas, clientes, traficantes, etc.) con los cuerpos y las vidas de las mujeres.
9. Plan de inserción laboral y fomento del empleo para la población transexual con incentivos laborales para su contratación, con especial mención a mujeres transexuales.
10. Violencia de género: ampliación y desarrollo de la ley; dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres; especialización en violencia de género de los diversos sectores profesionales (sanidad, educación, justicia, etc.), y especialmente de los órganos judiciales, tanto jueces como personal de los juzgados y tribunales.
PODEMOS
1. Potenciar y garantizar la perspectiva de género y feminista en todas las políticas públicas, acompañándolo de criterios fiscales progresivos y elaborando un presupuesto público participativo a partir de su impacto en las vidas de las mujeres y hombres. Crear el Área de Igualdad como un órgano dependiente de la Presidencia, desde donde se garantizará la implementación del Principio de Igualdad en cada una de las políticas, programas y acciones que se diseñen en todas las consejerías del Gobierno andaluz.
2. Abrir una oferta de empleo público para técnicas superiores de igualdad que impulsen los procesos conducentes a reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres, de manera que a través de la organización municipal quede cubierta esta demanda.
3. Aumentar el permiso de maternidad y de paternidad, acompañado, en el caso de los hombres, de una campaña de formación y responsabilización.
4. Monitorear el cumplimento de las normativas ya existentes sobre igualdad en el ámbito laboral.
5. Fomentar y seguir apoyando las iniciativas emprendedoras de las mujeres en el trabajo autónomo y los proyectos de autogestión, la economía ecológica y la economía social feminista.
6. Atender a las necesidades y propuestas de las trabajadoras del sexo, denunciando las ordenanzas municipales que las persiguen, criminalidad y sancionan. Ayudas públicas a las mujeres para salir de la prostitución y persecución del proxenetismo.
7. Crear una “reserva de tierras”, con fincas públicas y fincas privadas que voluntariamente se ofrezcan a ella, para facilitar la incorporación de jóvenes, mujeres y otros colectivos en dificultad al sector agrario, con apoyo para la puesta en marcha de proyectos sostenibles.
8. Despatriarcalizar el sistema sanitario mediante la corrección de su heterosexismo y de los procesos de medicalización de las vidas y los cuerpos de las mujeres como una forma de violencia, garantizando un sistema sanitario que permita a las mujeres, con todas las garantías, poder decidir sobre su propio parto. Potenciar la educación afectivo-sexual, garantizando la salud sexual reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Sensibilizar y adoptar las medidas oportunas para aquellas enfermedades asociadas o agravadas por cuestiones de género, tales como la salud mental, diversas patologías o trastornos del comportamiento alimentario.
9. Recuperar la memoria histórica feminista andaluza, reconociendo el papel vertebrador de las organizaciones feministas, redes asociativas de mujeres con diversas reivindicaciones y todos los colectivos de lucha por la igualdad y los derechos sexuales en Andalucía.
10. Violencia de género: creación de un órgano específico para erradicar la violencia estructural que se ejerce sobre las mujeres, basado en la prevención, la protección de las víctimas y el tratamiento y seguimiento a los agresores; fomentar en todos los medios de comunicación públicos una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de hombres y mujeres, así como campañas de corresponsabilidad; despatriarcalizar las propias estructuras institucionales (educativas, sanitarias, políticas, urbanísticas…), cambiar el modelo productivo para liberarlo de la violencia estructural que lo acompaña, y que ataca especialmente a las mujeres, así como revertir las construcciones socio-simbólicas que en nuestra sociedad perpetúan los roles de género y fundamentan la violencia machista en general y el feminicidio en particular.
CIUDADANOS
1. Política de conciliación dirigida tanto al sector público como al privado. Una mayor racionalización y flexibilización horarias en aquellos trabajos que lo permitan ayudaría a muchas mujeres a insertarse y/o permanecer en sus puestos de trabajo sin verse abocadas a elegir entre su vida profesional y familiar.
2. Sistema de bajas por maternidad y paternidad obligatorio, igual, intransferible, y pagado al 100%, que en países como Islandia está implantado ya desde el año 2000 y ha supuesto una enorme disminución de la brecha de género.
3. Posibilidad de que tanto los padres como las madres puedan acogerse a la reducción de la jornada laboral. Las madres, además, podrán acogerse durante la gestación.
4. Incentivos a las empresas que faciliten servicios de guardería en el lugar de trabajo en aquellos casos en que exista un importante volumen de madres trabajadoras (hospitales, fábricas, aeropuertos, parlamentos, etc).
5. Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres y la integración de las mujeres en el mercado laboral en condiciones de igualdad. Incremento de las inspecciones laborales para detectar estos casos y la creación de una oficina o teléfono gratuito de información sobre los mecanismos disponibles de denuncia por parte de las mujeres afectadas por prácticas discriminatorias.
6. Defensa de un marco legal regulado para el ejercicio de la prostitución voluntaria. Se permitirá así la incorporación regulada al mundo laboral en régimen de autónomos de aquellos que la ejercieran profesionalmente. Se restringirá el ejercicio de esta actividad económica en locales convenientemente legalizados, prohibiéndose su ejercicio en el espacio público. Los clientes que hiciesen uso de los servicios sexuales fuera de los ámbitos legalizados serán severamente sancionados. Modificación de la Ley del Proxenetismo para luchar contra la trata de trabajadoras sexuales, un delito tipificado.
7. Evitar el desmantelamiento del sistema de prevención del cáncer de mama y desarrollarlo y ampliarlo desde la edad de 45 años, de manera que llegue a las poblaciones de toda Andalucía.
8. Rechazo de toda política encaminada a imponer artificialmente sistemas de cuotas rígidas de representación de cualquier sexo o de cualquier minoría.
9. Reforzar la igualdad de padres y madres con una ley en la que se incluyan medidas que establezcan de manera real y efectiva la custodia compartida en caso de ruptura familiar.
10. Violencia de género: modificar la ley para que además de hacer frente a la violencia de género, proteja a todos los miembros del entorno familiar con independencia del grado de parentesco, su sexo u orientación sexual y mejore la igualdad de trato judicial entre hombres y mujeres; duplicar los recursos destinados a infraestructuras y dotaciones para atender los casos de mujeres y hombres maltratados (casas de acogida, servicios sociales, etc.); aumentar el número de policías destinados a los asuntos relacionados con los malos tratos; incrementar las casas de acogida y pisos tutelados hasta alcanzar la ratio de una plaza por cada 10.000 mujeres, además de casas de acogida para hombres maltratados en la ratio que se considere necesaria; diversificar territorialmente los recursos, hasta ahora excesivamente concentrados entorno a las capitales; reorganizar la respuesta institucional a las víctimas de violencia doméstica, y mejorar los mecanismos de transparencia, coordinación e inspección pública de los centros de asistencia y acogida gestionados por asociaciones; incentivos a la I+D en los elementos de prevención y protección como móviles, pulseras y demás elementos que por su limitada eficacia no están dando la calidad y seguridad necesaria.
