Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile. Pareciera que algo está cambiando en América Latina, ahora que se está convirtiendo en habitual lo que apenas unos años atrás parecía imposible: que una mujer llegue a la presidencia del país. Sin embargo, apenas hay avances en la situación económica y social de la mitad femenina de los pueblos latinoamericanos.
Las mujeres no sólo se ocupan mayoritariamente del trabajo no remunerado ni valorado socialmente, sino que tienen empleos peor pagados, como técnicos, administrativos y servicio doméstico. En 2000, el 40,9% de las mujeres estaba en esas categorías, frente al 26,3% de los hombres; diez años después, las cifras se habían reducido al 34,4% de las mujeres y el 24,1% de los hombres, según el informe de la ONU Trabajo decente e igualdad de género. Es decir, la situación mejora, pero la discriminación laboral se mantiene.
Según el mismo estudio, un tercio de las mujeres latinoamericanas sigue dedicándose exclusivamente a tareas no remuneradas –cuidados, crianza, trabajo en el hogar–, y las que trabajan además fuera de casa deben enfrentar una doble jornada laboral. Ellas tienen más dificultades para encontrar un puesto asalariado y a menudo desempeñan trabajos informales. Esto tiene su reflejo en la brecha salarial, que no disminuye.
Entre los trabajadores por cuenta propia, los ingresos de las mujeres son poco más de la mitad (57%) de lo que ganan los hombres, mientras que las asalariadas perciben el 88% de lo que se paga a sus colegas masculinos por realizar el mismo trabajo. El informe de la ONU atribuye estas cifras a los “prejuicios en torno al lugar que deben ocupar las mujeres en la sociedad”.
Pero lo más preocupante es que, aunque los índices de pobreza han disminuido en la región en la última década, los hogares pobres a cargo de mujeres presentan una tendencia inversa y han crecido especialmente en los países con mayores ingresos per cápita: Argentina, Chile y Uruguay. La discriminación no es sólo económica.
El severo control sobre la reproducción de las mujeres y la férrea prohibición del aborto, que la antropóloga argentina Rita Segato considera una forma de control sobre el cuerpo semejante al velo islámico, es el mejor ejemplo: “La sumisión del cuerpo de las mujeres a Estados e iglesias, a la norma hetero-patriarcal, es condición necesaria para que haya mujeres presidentas”, apunta Quiroga.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, unos cuatro millones de mujeres de esta región interrupen sus embarazos. De ellas, 1,4 millones son brasileñas, y una de cada 1.000 muere por complicaciones de los abortos clandestinos, que suponen un 95% del total. Casi todas son pobres. En una cumbre de mujeres líderes que se celebró en Rio de Janeiro en 2012, Rousseff defendía el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
Sin embargo, hasta hoy sólo ha logrado permitir la venta de la píldora del día después para víctimas de violaciones. Con pocas excepciones, como Cuba y Uruguay, las legislaciones latinoamericanas siguen utilizando el Código Penal para controlar la vida sexual y reproductiva de las mujeres.
En algunos países se dan realidades que parecen sacadas de otro siglo. En Argentina, un suboficial de la policía violó a su hijastra de 15 años y la dejó embarazada, pero los jueces le impidieron abortar en dos instancias. En El Salvador, 17 mujeres se enfrentan a condenas de hasta 40 años de cárcel por abortar, pese a que la interrupción de la gestación fue involuntaria.
Sea por la influencia de las iglesias católica y evangélica, o por el conservadurismo de los votantes, los políticos que se atreven a colocar la despenalización del aborto en la agenda son severamente castigados por los votantes. Aun así, la lucha avanza: en Argentina, la Corte Suprema finalmente permitió abortar a una adolescente violada, lo que sentó un precedente. Y en El Salvador, recientemente, fue indultada una de esas 17 mujeres.
Hay formas menos sutiles de violencia patriarcal ejercida desde las administraciones en América Latina. La connivencia con las redes de prostitución y trata cuenta en Argentina con la complicidad del Estado. Lo evidenció el caso Marita Verón: hace una década, la joven fue secuestrada por una red mafiosa en la provincia de Tucumán. Su madre, Susana Trimarco, inició entonces una búsqueda incansable, un peregrinaje que la llevó de prostíbulo en prostíbulo y que evidenció la resistencia de policías, gobernadores y jueces a que avanzase en su investigación. Por eso, Sonia Sánchez, ex prostituta y activista feminista, considera que el argentino es un “Estado proxeneta”.
Y no es la única: diferentes estudios han demostrado un alarmante aumento del tráfico de personas, con fines de explotación sexual y laboral en países como Brasil, Uruguay y Paraguay. Un informe de los obispos católicos de 2012 enfatizaba que esas redes funcionan con una “estructura empresarial” y mantienen sólidos lazos con los poderes públicos.El Estado sostiene así una forma de dominación y violencia sobre las mujeres que no es en absoluto una cuestión marginal.
Como sostiene Sánchez, hay putas porque hay patriarcado; porque el lugar que se deja a las mujeres es el de santa o puta. Entonces, “¿qué cara tiene una puta? La de toda mujer”, afirma. Para empezar, ¿qué significado tiene para un hombre comprar los servicios sexuales de una mujer? La antropóloga Rita Segato concluye que va más allá del intercambio de sexo por dinero. También es forjar una red clientelar. Por eso los hombres, a menudo, acuden en grupo a los prostíbulos. “Se celebra un pacto entre hombres, un negocio de entendimientos corruptos entre jueces, policías, empresarios, políticos.
Con eso, varias cosas se garantizan; por ejemplo, que las mujeres políticas, juezas, empresarias y policías no participen de ese monopolio del convenio entre un grupo de hombres”. La antropóloga sostiene que la violencia sexual “no persigue un fin, no es para obtener un servicio”, sino que “expresa una dominación, una soberanía territorial”. En torno a esa violencia, que Segato denomina “expresiva”, se producen reglas implícitas que conforman estructuras de poder.
Paradojas de la violencia machista
En paralelo, las leyes que penalizan la violencia doméstica contra las mujeres avanzan lentamente, también donde hay presidentas, pero el maltrato físico y psicológico no retrocede en la región. “Se produce un proceso paradójico. En la medida en que se da un aparente aumento de poder de las mujeres, una equiparación (igualdad es una palabra tramposa) de las condiciones laborales y sociales, los varones ven cómo se socavan las bases de su poder patriarcal. Y entonces les queda la violencia, es brutal. El cuerpo femenino y la violencia sobre él constituyen la forma de asegurar el poder patriarcal”, explica la economista colombiana Natalia Quiroga.
La violencia sobre los cuerpos de las mujeres se manifiesta de diversas formas, algunas veces, sutiles. Sólo recientemente las mujeres latinoamericanas comienzan a rebelarse contra el acoso callejero, ese mal llamado “piropo” que limita el comportamiento y la vestimenta en metrópolis como Buenos Aires, Sao Paulo o México DF. En el DF y Rio de Janeiro, el acoso y los tocamientos a mujeres en el transporte público alcanzó un punto tal que se implementaron vagones de metro sólo para mujeres.
Una encuesta reciente muestra que el 90% de las brasileñas se ha cambiado de ropa por miedo al acoso y más del 80% ha dejado de hacer cosas en la calle por el mismo motivo. Sin embargo, apenas hay denuncias. La sociedad todavía naturaliza y justifica estas formas de acoso. Por eso, para Gabriela Ferraz, coordinadora del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, no es un problema de leyes. «Es preciso concentrarse en el problema real: vivimos en una sociedad patriarcal que reduce la autonomía y el papel de la mujer. Es preocupante una sociedad en la que el mero hecho de tener sexo consigue descalificar a la mujer”, dijo a la revista brasileña Caros Amigos.
