LUIS NIETO // Todo apunta a que, a finales del próximo mes de abril, la Corte de Arbitraje de la Haya abrirá la Audiencia al declararse competente en la demanda que la multinacional Chevron-Texaco ha llevado a cabo contra el Estado ecuatoriano. Dicha demanda se plantea porque la petrolera considera que no es responsable del daño ambiental que se produjo en la Amazonía ecuatoriana y por el que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador le impuso el pago de 9.500 millones de dólares. Además, la transnacional estadounidense considera que la empresa responsable es Petroecuador, por lo que solicita que sea el Estado ecuatoriano quien se haga cargo del abono de dicha cantidad.
Esta disputa entre Chevron-Texaco y el Estado ecuatoriano en la Corte de la Haya se da en un momento en el que el Gobierno del presidente Correa está enfrentado a una parte del movimiento indígena y ambientalista nacional e internacional, a raíz de la decisión tomada en 2013 de dar por finalizada la Iniciativa Yasuní ITT, una propuesta innovadora que posicionó a Ecuador a nivel mundial al presentar un mecanismo alternativo para la mitigación del cambio climático y que elevó como bandera de lucha un modelo de desarrollo post-petrolero. En la propuesta pretendía obtenerse 3.600 millones de dólares en 13 años como contribución de la comunidad internacional, pero la irresponsabilidad e hipocresía de ésta llevó a que después de seis años sólo se hubieran recaudado 13,6 millones de dólares. Ahora, el gobierno de Correa aduce que los 18.000 millones de dólares que se obtendrían por explotar una parte del Yasuní son esenciales para erradicar la pobreza y cubrir las necesidades básicas de la población ecuatoriana.
Los desacuerdos de Chevron-Texaco con el Ecuador se dan en dos planos que van en paralelo, y que le enfrentan por un lado con la comunidad amazónica afectada y por otra con el Estado ecuatoriano. El enfrentamiento con la comunidad amazónica, hoy organizada en la UDAPT (Unión de afectados y afectadas por las operaciones petroleras de Texaco), viene de lejos. Las víctimas han denunciado a la multinacional durante más de diez años en tribunales ecuatorianos, estadounidenses y más recientemente en La Haya por la contaminación en la Amazonía. Esta última demanda busca que se condene penalmente a los directivos de la compañía. Para ello, la UDAPT acudió ante la fiscal de la Corte Penal Internacional y procedió a solicitar en nombre de las víctimas que los crímenes cometidos se tipificaran como “crímenes contra la humanidad”. Esto se fundamenta en que las decisiones y acciones tomadas por John Watson como director ejecutivo de Chevron, junto con otros directivos de la compañía, revisten las características de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de la Amazonía ecuatoriana.
En 26 años de explotación petrolera en Ecuador, Chevron-Texaco derramó más de 80.000 toneladas de residuos petrolíferos en la zona de Lago Agrio (la zona comprometida por la contaminación petrolífera abarca unas 500.000 hectáreas aproximadamente). Perforó y operó 356 pozos de petróleo y abrió 1.000 fosas sin ningún tipo de recubrimiento.
Todo ello sucedió en una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta, destruyendo además las condiciones de vida y subsistencia de sus habitantes. Allí dejó desolación y muerte, con cientos de historias de personas afectadas como Marina: “Un día, los trabajadores de Texaco llegaron donde mi esposo Quenamá y le forzaron a beber alcohol contaminado; lo forzaron a beber hasta que murió intoxicado; luego me tomaron y me llevaron cautiva de campamento en campamento, obligándome a prostituirme. Pasaron veinte años antes de que me devolvieran a la comunidad porque ya estaba vieja y enferma”. O como Pedro Morales, que falleció de cáncer a los 19 años, pero antes se presentó en las inspecciones judiciales arrastrando tumores en pulmón, hígado y pierna. O las historias de Ángel Toala, Modesta Briones y Rosana Sisalima, que también murieron de cáncer después de sufrir tumores y amputaciones.
Chevron es una multinacional que, bajo este nombre o a través de subsidiarias, opera en 37 países, y ha sido acusada en algunos de ellos como Polonia, Rumanía, Perú, Nigeria y EE.UU. por daños ocasionados al medio ambiente y a la salud de la población: devastación de la agricultura, pesca, destrucción de ríos y fuentes de agua vitales para la comunidad, altos niveles de contaminación en el aire, desplazamiento de la población, afectación a la salud de las personas… Todo ello le ha llevado a ser declarada por algunas organizaciones sociales la multinacional más peligrosa del mundo y a ser nominada por Amazon Watch al premio Public Eye Award por su violación a los derechos de los pueblos.
Pero la batalla, tanto de los afectados como del Estado ecuatoriano, es muy desigual. Chevron es una multinacional con unos activos valorados en 232.882 millones de dólares, frente al PIB ecuatoriano que es de 89.834 millones. Una vez más se repite en la historia la batalla de David contra Goliat. Chevron ahora desea lavarse las manos, actuar como aquel que lanza la piedra y esconde la mano; desea endosar su responsabilidad al Estado ecuatoriano y a Petroecuador que, por cierto, también la tiene, pero no aquella que le concierne estrictamente a la multinacional estadounidense: la responsabilidad de haber cometido uno de los mayores crímenes ambientales que registra la historia de nuestro agraviado planeta.
* Luis Nieto, coordinador de la Asociación Paz con Dignidad.
