Sergi Tarín // O prolongación o dimisión inminente. Así de taxativa se mostró la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante Mariano Rajoy la semana pasada. Según fuentes de Moncloa a las que ha tenido acceso La Veu, Barberá instó al presidente del Gobierno a que intercediese ante el Ministerio de Cultura para neutralizar la orden que paraliza los 1651 derribos que tiene previstos el Ayuntamiento para hacer llegar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.
Pero antes de esta última agonía hay 16 años de cabezonería política por destruir el antiguo barrio de pescadores de Valencia. Y 16 años de resistencias vecinales en la calle y el juzgado. Una pelea desigual que dio como resultado una cartografía devastada, pero también un patrimonio de dignidades y fechas claves. La principal: 29 de diciembre 29 de 2009. Aquel día el Ministerio de Cultura paralizó el Plan del Cabanyal al considerarlo un expolio del patrimonio español. Según los informes técnicos, la avenida, de 107 metros de afección, dividiría el barrio (declarado Bien de Interés Cultural en 1993) en dos, desharía la trama original de las antiguas barracas y volatizaría centenares de edificios protegidos por su singular arquitectura modernista.
Desde entonces, Barberá ha buscado la manera de contrarrestar la orden. Primero con una Ley que fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional, pero que le permite hundir una decena de casas en abril de 2010. Después una querella, que fue archivada contra la entonces ministra de Cultura Ángeles González-Sinde. A continuación, un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden y que dio la razón al Ministerio. Un hecho que propició un segundo recurso ante el Tribunal Supremo y al que Barberá renunció el jueves de la semana pasada por la más que elevada posibilidad de una sentencia en contra.
El texto de la moción de retirada demuestra cómo la primera edil agotó la vía judicial hasta un último instante. Entre el 16 y el 17 de abril, el Supremo deliberó y retrasó en unos días la votación final. El 19 de abril, el vicealcalde Alfonso Grau, mano derecha de Barberá, firmó la moción “previa declaración de urgencia”. Unas líneas más arriba, se señala que la renuncia se debía al acuerdo (publicado en el BOE del 7 de enero) entre Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento “ppara desbloquear la situación”, por lo que “se entiende conveniente proceder a desistir el recurso de casación interpuesto”. Si las cosas estaban claras el 7 de enero, ¿por qué cesan en el recurso justo ahora? ¿Y por qué con tanta urgencia?
Sin firma
A la mañana siguiente, Barberá ofreció una rueda de prensa anodina. Convocada tambien de urgencia para evitar una nutrida presencia de periodistas, la alcaldesa anunció un pacto con el Ministerio de Cultura «para desbloquear El Cabanyal». Un acuerdo del cuál no mostró ningún documento. Sólo unos planos, sin firmar, con una parte del proyecto modificado. «Es un acuerdo político», explicó sin eufemismos. Al poco, desde el ministerio se apresuraron a puntualizar que se trataba de un principio de acuerdo, que el nuevo proyecto se estudiaría y se sometería a todos los filtros técnicos necesarios.
Pese a la aparente prudencia de Cultura, alguna cosa había cambiado. El plan exhibido por la alcaldesa rebaja el impacto en la zona BIC y acorta el ancho global de la avenida, aunque mantiene los 48 metros de asfalto. Unos cambios que no modifican la esencia del plan declarado espolio, según Vicent Gallart, arquitecto y vicepresidente de la AA.VV de El Cabanyal-Canyameral. «Hace tres semanas, en el ministerio se habían reído de esta propuesta. Ahora dicen que la estudiarán. Ya no sabemos cuál es su posición», manifiesta.
Dicho y hecho, el viernes pasado el puño de Barberá llegó con fuerza a Madrid. No tanta como para arrancar una declaración a favor de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría después del Consejo de Ministros, pero sí para hacer temblar las piernas de los técnicos con responsabilidad en la escala jerárquica de Cultura.
Incertidumbre
¿Cuál es el escenario resultante? En Salvem El Cabanyal, plataforma que se opone a los derribos y apuesta por una rehabilitación integral del barrio, es donde mejor conocen el comportamiento de la alcaldesa cuando se siente herida. 16 años de enfrentamientos y de mobbing dan para ciertas familiaridades. «Esperábamos una reacción así. Con la vía judicial agotada, sólo le quedaba forzar influencias políticas y poner a prueba su ascendencia dentro del PP» asevera Fernando Flores, miembro de Salvem y profesor de Derecho Constitucional. Una opinión parecida a la de Vicent Gallart: «Barberá no podía llegar a las elecciones con las manos vacías. Esto le da oxígeno aunque la cosa no esté clara».
De hecho, con el calendario en la mano el tiempo juega en contra de la primera edil, que ya ha anunciado que presentará en el plenario de julio o septiembre la propuesta de pacto. Unos plazos demasiado cortos teniendo en cuenta que primero hay que notificar a los propietarios de las unidades urbanísticas modificadas y se han de realizar estudios de viabilidad económica y de edificabilidad. A continuación se abre un mes de exposición pública y otro para sustanciar alegaciones. Después, hace falta el visto bueno de la Consellería de Territorio y la de Cultura. Finalmente, el pleno tiene que votar la aprobación definitiva. Una vez hecho todo eso, ya se podría enviar el proyecto al ministerio para que pida informes internos y externos a entidades de prestigio como el Consejo Superior de Arquitectos o la Real Academia de Historia. Un trámite que en el caso precedente, la orden de 2009, costó ocho meses. Parece difícil, por tanto, que cumpliendo con la ley, la alcaldesa pueda disponer de un dictamen antes de los comicios autonómicos de mayo de 2015.
Vigilancia
Desde Salvem ya han avisado de que estarán vigilantes durante todo el proceso para evitar prevaricaciones y abusos de poder. También anuncian u otoño de movilizaciones y campañas para que entidades como Europa Nostra, Hispania Nostra y la World Monument Fund (todas ellas han incluido El Cabanyal en su lista de patrimonio en riesgo) hagan ruido de cara a Cultura y a la Unión Europea. «Los técnicos están muy lejos, en Madrid, tenemos que acercarlos, una vez más, a El Cabanyal» precisa Tato Herrero, arquitecto y miembro de Salvem.
De momento, una primera lectura de los nuevos planos desvela la cruda lucha entre técnicos del ministerio y políticos del ayuntamiento. «El resultado es un bodrio» sintetiza Gallart. El ayutamiento ha querido maquillar la avenida con una reducción del 35 % de los derribos y de cinco a tres plantas las nuevas viviendas. «Tirar edificios protegidos para hacer nuevos no tiene ninguna defensa legal» explica Gallart. Otra de las novedades es que la avenida no llega hasta la playa, sino que finaliza en la lonja de pescadores, inmueble protegido y que Barberá propuso en su día trasladarlo ladrillo a ladrillo. Por tanto, la nueva avenida de Blasco Ibáñez hasta la lonja moriría dos calles y un carril de tranvía antes del mar.
«Es un despropósito y una inmensa tristeza», opina Herrero, quien lamenta que el ayuntamiento haya privado a los ciudadanos de una sentencia, la del supremo, que habría generado jurisprudencia sobre el planeamiento y patrimonio. «Después de 16 años sin apartarnos del estado de derecho, argumentando y aportando pruebas en cada juzgado, la alcaldesa, aun sabiendo que perderá, envió un fax para retirar el recurso y plantea un acuerdo político desfavorable. En cambio, en Gamonal o Can Vies, dos semanas de revueltas acaban con un pacto satisfactorio. ¿Cuál es la lectura que los políticos nos obligan a hacer?», concluye.
[Artículo publicado en La Veu del País Valencià]
