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Andrés García Berrio: “Los Mossos se saltaron las garantías legales”

El abogado considera que la retención por parte de la policía de más de un centenar de personas, a las que obligaron a ponerse las capuchas para grabarles, está fuera de la legalidad

Brais Benítez

05 junio 2014 Una lectura de 5 minutos

BARCELONA // La manifestación que el pasado sábado recorrió las calles de Barcelona en protesta por el desalojo y posterior derribo del Centro Social Autogestionado (CSA) Can Vies dejó una imagen inédita. Un centenar largo de manifestantes, encapsulados por un cordón policial en la confluencia de la Gran Vía con la calle Rocafort, y obligados por los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra a formar una cola y pasar, uno a uno, frente a una cámara. La policía, como quedó registrado en las imágenes grabadas por el semanario Directa, forzó a estas personas a cubrirse las cabezas con capuchas y pañuelos para tomarles fotografías y grabarlas en vídeo.

Una operación que abogados de la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura consideran fuera de los límites legales. El letrado Andrés García Berrio, miembro de la organización y del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, explica que están recopilando toda la información sobre los hechos y que en las próximas semanas impulsarán las acciones judiciales oportunas.

¿Cómo os enteráis del operativo que se estaba llevando a cabo?

Nos llamó gente que estaba dentro del perímetro policial. Nos personamos allí y comenzamos a plantear a los mandos policiales que sabíamos que estaban llevando a cabo esta práctica y que no era legal. A partir de ahí, comenzamos a presionar, junto con el diputado David Companyon (ICV-EUiA), y conseguimos hablar con el jefe del dispositivo, que nos reconoció que efectivamente estaban llevando a cabo esta práctica y que lo hacían porque pensaban que era legal, según su interpretación.

¿Pudisteis acceder al interior del perímetro?

En ningún caso pudimos superar el perímetro. Nos comunicamos con la gente que estaba dentro y con gente que estaba en posiciones más elevadas y estaban viendo lo que estaba pasando.

¿En qué consistía exactamente esta práctica que considerabais fuera de la legalidad?

En condicionar la puesta en libertad de estas personas al hecho de identificarse, por un lado, y además a dejarse grabar por delante y por detrás poniéndose las prendas de ropa que llevaban y como ellos querían. Es decir, si tenían una sudadera con capucha, ponerse la capucha; si llevaban un buff, el buff. O a ponerse prendas de terceros.

¿Hubo algún tipo de respuesta a vuestros requerimientos?

Minutos después de hablar con los mandos, de una forma bastante intensa, dejaron de hacer parte de la práctica, concretamente de obligar a la gente a ponerse las capuchas, los buffs y demás. Identificaron y grabaron por delante y por detrás.

¿Qué derechos podrían haberse vulnerado en este operativo?

Entiendo que se podría haber vulnerado el derecho a la propia imagen, ligado al derecho a la intimidad, y el derecho a la presunción de inocencia, y todos los derechos que van ligados a éste. Para mí hay una escala de vulneraciones. La primera es retener durante tanto tiempo a un grupo de personas, privándolas de libertad, cuando en realidad se podría haber hecho más rápido. La segunda es grabar por delante y por detrás condicionando que la gente se dejase grabar de esta manera a su puesta en libertad, porque una diligencia de identificación nunca comporta el hacerte fotografías de esta manera; y un paso más de ilegalidad, y contrario a derecho, sería obligar a la gente a ponerse prendas de ropa suyas o de terceros. En distinto grado, obviamente no es lo mismo que te hagan ponerte una prenda que es tuya que una prenda que es de terceros.

Serían diligencias de prueba como las que se realizan para identificar a posibles autores de delitos…

Es una diligencia de prueba, fisonómica o antropomórfica, que sería comparar otras imágenes con las imágenes de esta persona. Pero en todo caso, siempre debe ser sobre un detenido o imputado, y en este caso nadie estaba ni detenido ni imputado. Además, la persona debe tener derecho a negarse, y en todo caso, lo deberá ordenar un juez y se deberá hacer ante la presencia de abogado. Se saltaron todas estas garantías legales. Además, hacerlo en medio de la calle y condicionar su puesta en libertad a que accediesen a esta práctica y obligar, como se ha visto, físicamente a la gente a ponerse las capuchas y demás, entendemos que es una práctica que no tiene cabida dentro de nuestro sistema de derecho penal y de enjuiciamiento criminal.

¿Cómo calificáis este operativo?

De una práctica policial fuera del marco legal, que de alguna manera tiene como objetivo brindar información, de una manera anómala, a la Brigada de Información. Eso por un lado. Por otro, atemorizar a la población, haciéndola sentir que está totalmente fichada por los cuerpos policiales. Por una parte, la Brigada de Información quería obtener estas imágenes, y no lo hicieron por el mecanismo adecuado, y por otro lado entiendo que forma parte de un proceso de extender el miedo entre los manifestantes, entre la gente que está protestando por un cambio social.

¿Os habíais encontrado anteriormente con algún operativo policial parecido?

Estos días nos habían dicho que esta práctica se había dado en el barrio de Sants. A tres jóvenes también se lo habían hecho, aunque en comisaría, y nos sorprendimos mucho. Pero de esta manera masiva y en la calle, no. No puede ser que te hagan un reportaje fotográfico que puede ser absolutamente incriminatorio sin tener las garantías devenidas de un procedimiento penal. Para eso tenemos un sistema penal en el marco del Estado de derecho, para que no pasen estas cosas que parecen propias de un Estado inquisitorial, o de un Estado con rasgos autoritarios.

¿Os consta que se haya detenido a alguna de las personas que se identificaron?

A ninguna. Ni entonces ni posteriormente. Estamos en una fase de recopilación de la información, una fase rigurosa, en la cual queremos hablar con el mayor número de testigos, se están recopilando imágenes, videos, y en las próximas semanas se hará algún tipo de acción judicial. Todavía no tenemos clara cuál será la vía, si será en forma de querella penal o una demanda por vulneración de derechos fundamentales al contencioso-administrativo. Tenemos que ver cuál será el camino, pero uno de los dos, seguro.

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