Que el gobierno de Rajoy maltrata a la ciudadanía es una obviedad (desde la reforma laboral hasta la reforma de la “justicia universal”, el listado de ejemplos es tan largo como conocido). En este caso me refiero a maltratador desde el punto de vista de la violencia de género. Dice la Ley Integral (que es una Ley Orgánica en vigor): “La violencia de género se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. Y añade: “Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución”.
Y eso es exactamente lo que defiende el anteproyecto de reforma de la ley del aborto de Gallardón, donde se nos considera a las mujeres carentes de derechos, respeto y capacidad de decisión. Lo paradójico del caso es que ahora el Gobierno se alarma de los resultados del estudio que encargó al CIS que lleva por título Percepción social de la violencia de género y que ha presentado esta semana. Un estudio pagado, según explicó la secretaria de estado de Igualdad, Susana Camarero, en su última comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, con el dinero “ahorrado” en brazaletes electrónicos.
El estudio muestra que el 92% de la población considera inaceptable la violencia de género en la pareja pero de ese amplio porcentaje, el 36% se refiere exclusivamente a la violencia física o sexual mientras que una de cada tres personas se muestra tolerante con las primeras muestras de la violencia como el control del agresor a la víctima (control de los horarios o la forma de vestir), la desvalorización de la pareja o las amenazas verbales.
Por eso, al leer la encuesta, a una se le vienen a la cabeza las declaraciones de Cañete respecto a su fallido debate electoral, o el libro firmado por el decano emérito del Colegio de Sevilla, distribuido durante la jura de nuevos letrados el 14 de marzo pasado, donde se les dice a las abogadas cómo vestir, o el citado anteproyecto de reforma de la ley del aborto.
El sociólogo Gerardo Meil, responsable del informe, aseguró en su presentación que «no todo el mundo tiene claro qué es la violencia de género. Es necesario hacer más pedagogía» y añadió que persisten estereotipos y tradiciones, como la idea de que si sufren maltrato es porque las víctimas lo consienten, lo que piensa el 35%. Además, cuatro de cada diez personas entrevistadas exculpa a los agresores, nueve de cada diez opinan que las víctimas aguantan por los hijos y dos tercios piensan que las mujeres que sufren malos tratos los soportan porque son dependientes económicamente (y otra vez nos acordamos de la ley del aborto o de la reforma laboral).
¿Y qué dice la secretaria de Estado ante estos datos? Pues que «todavía hay personas que les cuesta identificar la violencia psicológica y el control sobre la pareja de su ropa, los horarios o que justifica los celos», alertando de que muchos de estos patrones de conducta se repiten entre los más jóvenes. Y también ha anunciado la solución ante todo esto: una campaña titulada Hay salida dirigida a sensibilizar a los adolescentes para que puedan detectar las primeras señales de maltrato.
Por resumir, el Gobierno anterior diseña y compra 3.000 brazaletes para protección de víctimas de violencia de género. Las mujeres continúan siendo asesinadas (26 a día de hoy, más tres casos en investigación; de las que ocho habían denunciado, una tenía medidas de protección en vigor y tres las habían tenido pero ya estaban cesadas y no renovadas) pero sólo están en uso 704, los otros 2.296 están amontonados en un cajón y con el dinero “ahorrado”, la secretaría de Estado de Igualdad encarga una encuesta donde se evidencia que el propio Gobierno es cómplice de la violencia de género. Como las personas encuestadas consideran que las campañas de sensibilización ayudan a concienciar a la sociedad sobre la violencia de género (el 79%), la secretaria de estado de Igualdad ha decidido hacer una campaña dirigida a adolescentes. No ha dicho de dónde sacará el dinero para financiarla, quizá también con algún ahorrillo conseguido a costa de disminuir la protección para las víctimas. Lástima que no llegase a una conclusión más coherente. Puestos a “racionalizar” el gasto público, que la próxima campaña de sensibilización sobre la violencia de género esté dirigida al gobierno de Rajoy.
