Se prodigan los debates sobre la Cultura y su gestión, es el tema central de la última edición en papel de esta revista. Lo que caracteriza a la mayoría de los que plantean alternativas es su fijación casi exclusiva por lo propio, ¿qué hay de lo mío?, y lo preocupante es que la discusión suele estar monopolizada por los gurús culturales-institucionales que la han gestionado en las últimas décadas con poca autocrítica y menos reflexión.
Rubén Martínez, investigador cultural, acierta al afirmar que “no existe ninguna cosa que podamos denominar economía de la Cultura, del mismo modo que no hay un espacio abstracto al cual podamos denominar ‘economía’. Lo que sí existe es la economía política de la Cultura”, una parte del debate en el que pocos participan. La gestión cultural no es una cuestión económica, como tampoco lo es la gestión de la Sanidad, la Educación o la dependencia. Es una gestión política. En La lógica de la abundancia, el profesor Juan Urrutia manifestaba hace años que los recursos existen, son los gobiernos los que políticamente deciden cómo se utilizan. Cuando un gobierno nacional o regional apuesta por los toros mientras cierra o privatiza un centro cultural o una biblioteca está tomando decisiones políticas. Igual que cuando se refinancia la banca, se recorta en Educación o se promueve el copago farmacéutico.
El debate cultural suele obviar a los creadores -personas que aportan lo más íntimo y personal con sus creaciones- y al público. Lo normal es que sean catalogados como números en estadísticas para desarrollar una narrativa favorable a las grandes industrias que nada tienen que ver con la Cultura y mucho con el entretenimiento.
Sin entrar a analizar el papel del arte y los artistas en la actual sociedad en red, y en redes, parece incuestionable que el modelo cultural se está transformando. Prima la colaboración entre los participantes -desde el creador al público pasando por productores y gestores- como alternativa al modelo competitivo habitual. Cada cual aporta lo que mejor conoce para desarrollar propuestas en común.
Trabajos más artesanales, y por lo tanto más personales, con una identidad propia que identifica a sus creadores y desarrolla relocalizaciones –otra evidencia de la sociedad red-. Partir de espacios propios donde los saberes nacen y se despliegan, creciendo y mutando en múltiples espacios, unos más comunes y otros no tanto.
Es sustancial avistar lo anterior a la hora de propiciar caminos, rutas, espacios, puntos de encuentro. Transformación que tiene mucho que ver con la feminidad de la Cultura. Desde tiempos pretéritos las mujeres han sido las responsables de la creación, la transmisión y la difusión cultural. Una realidad silenciada durante siglos. La metamorfosis actual tiene mucho que ver con ello al evidenciar lo que se ocultaba. Aunque en la mayoría de los grandes foros, patrocinados por marcas e instituciones, las siguen relegando a un papel secundario, el día a día muestra justamente lo contrario. El cambio actual de paradigma es una cuestión de género, ellas están abriendo caminos y recorridos, aunque muchos no quieran verlo.
Llegados a este punto, es preciso recordar que el Estado tiene el mandato constitucional (art. 44.1) de garantizar a todos el acceso a la Cultura. Ni debe, ni puede hacer dejación de ello. Una política de Estado que no debe estar basada en el cortoplacismo, como ocurre desde hace décadas. Nuestra política cultural está marcada por la temporalidad (periodos legislativos, elecciones…). Alguien la denominó como la tiranía del presente, al priorizar la obtención de beneficios rápidos, impidiendo cohesionar proyectos en marcha, disipando el futuro. Si no queremos renunciar definitivamente a él se debe cambiar totalmente dicho modelo por otro más acorde con los tiempos y con lo relatado anteriormente.
Soluciones que no pueden centrarse en la aprobación o no de La Ley de Mecenazgo, que cada vez parece más evidente que nunca se va a producir. Es significativo que desde la restauración democrática ningún gobierno haya planteado una Ley General de la Cultura huyendo de la temporalidad y garantizando con ello su desarrollo a medio y largo plazo. Que nunca se haya manifestado refleja la visión limitada de lo cultural. Políticos-legisladores basando su actividad en clave electoral y el sector en la consecución de resultados inmediatos.
Un proyecto de ley de esa naturaleza solo podrá ser asumido y representativo si en el mismo participan todos los sectores implicados –no solo los industriales-, teniendo en cuenta los espacios existentes, la diversidad de los proyectos en desarrollo o en vías de desarrollar y la pluralidad nacional del Estado español.
Tras la promulgación de una ley de esas características sería precisa una Ley de Financiación y Planificación de la Cultura, que vaya más allá del simple mecenazgo. Una normativa que tenga presente el desarrollo institucional, las necesidades de formación de los trabajadores culturales, que capacite para la creación, desarrollando canales de información permanentes y, por supuesto, facilite la financiación. Una normativa que obligue a todas las administraciones públicas a dedicar un tanto por ciento de sus presupuestos –como hace años recomendaba el Consejo de Europa- a la Cultura, para cumplir así el Artículo 44.1 de la Constitución. Una ley que se complemente con normativas y decretos detallando claramente el tipo de ayudas directas (subvenciones y premios), indirectas (préstamos, créditos, avales, supresión de tasas, reducciones temporales) y fiscales (IVA, desgravaciones, exenciones, incentivos, casilla en la declaración de la renta…), fomentando la cooperación cultural local, regional, nacional e internacional.
Una política cultural de Estado, y no cortoplacista, debe de tener siempre presente la temporalidad y la complejidad laboral de la mayoría del sector. Promover la creación de un Fondo de Garantía Cultural que permita sacar de la precariedad a buena parte de los profesionales afectados por la temporalidad de la mayoría de sus trabajos.
Todo debe ser fruto del debate más amplio, plural y abierto con el objetivo de conseguir el máximo consenso. Mientras ello se produce se pueden promover una serie de medidas urgentes que ayuden a la financiación cultural. Un par de sorteos de lotería específicos al año, creación de Bonos Culturales desgravables, que parte del IVA aplicado a las telefonías móviles se destine a la Cultura –ya que son las grandes beneficiadas por las descargas de productos culturales- o la inclusión de una casilla específica en la Declaración de la Renta, son solo algunas de las posibles medidas que se podrían empezar a valorar y desarrollar.
Tema relevante en la financiación cultural es la utilización de los espacios e infraestructuras públicos existentes. La cogestión es una vía a investigar. Además de contribuir a la racionalización de los recursos públicos permitiría sacar muchos proyectos adelante evitando la privatización de muchos equipamientos financiados con dinero público. Gestión compartida no basada en la eliminación de los recursos existentes sino en una mejor utilización de los mismos. Una reflexión sobre ello es imprescindible pero la dejamos para una posible próxima entrega.
Lo manifestado aquí solo son algunas ideas, con toda seguridad habrá muchas más y mejores. Una contribución que va más allá de lo inmediato y de lo más próximo a nuestro quehacer diario. Forma parte de esa ilusión que permite a las trabajadoras y trabajadores culturales levantarnos cada día pensando que la Cultura es una herramienta de transformación. Quizás por eso es tan ignorada y tan poco valorada por gobernantes y mercaderes.
*Rubén Caravaca Fernández y Yolanda Agudo López son miembros de Fabricantes de Ideas / La Fábrica de Ideas.
