A partir de octubre, cuando busquemos el término feminicidio en el Diccionario de la Real Academia Española aparecerá: «Asesinato de una mujer por razón de su sexo».
Así lo anunció la institución al avanzar que ya estaba lista la 23 edición del Diccionario con la que conmemorará los 300 años de la Academia y que incluye alrededor de 6.000 nuevos términos. Ha tardado cuarenta años en incorporar el término -desde los años 70 del siglo XX trabaja el feminismo sobre su definición-, y cuando al fin se decide, lo hace mal. El feminicidio no se refiere al sexo, se refiere al género, a la construcción social que tolera, permite e incluso justifica y sanciona impunemente el asesinato de miles de mujeres en el mundo.
Como a estas alturas ya no puede aducir ignorancia puesto que numerosos países de América Latina y el Caribe tienen este delito tipificado en sus legislaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basó en el mismo para condenar a México por los asesinatos de mujeres en el caso del Campo Algodonero de Ciudad Juárez y hay miles de estudios, tesis doctorales, publicaciones y artículos centrados en el feminicidio, sus causas y sus consecuencias, la decisión de la Academia solo puede entenderse dentro de su militancia y su activismo contra las mujeres.
En este caso no pueden defenderse ni aludiendo a que la Academia solo recoge el hablar común, el uso que los hispanohablantes hacen de la lengua -que es su argumentación habitual- ni tampoco esgrimiendo la manida excusa de que nuestro Diccionario forma parte de una tradición y de una época. Estamos en 2014 y la Academia, una vez más, ha decidido que no tiene ninguna responsabilidad sobre la misoginia, que es la semilla de la violencia contra las mujeres, todo lo contrario, ha decidido continuar siendo beligerante contra la tradición intelectual feminista y especialmente, contra el conocimiento acumulado en las últimas décadas sobre la violencia de género.
El jueves pasado, en una conferencia celebrada en el marco de las jornadas Democracia y Feminismo, la mexicana Marcela Lagarde, antropóloga, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, responsable del desarrollo del término en castellano -lo recogió del trabajo de las expertas Diana Russell y Jill Radford- y promotora durante su legislatura como diputada en el Congreso Federal de la incorporación del delito de Feminicidio en el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, ley vigente en México desde el 2 de febrero del 2007, compartía sus reflexiones sobre el trabajo de la RAE: «Ya sabíamos que el poder toma lo que creamos y nos lo devuelve pervertido, convertido en otra cosa. El feminicidio ya no es un concepto, es una categoría analítica que forma parte de una teoría política. El feminicidio se produce como la punta del iceberg de una violencia generalizada que cuenta con una enorme tolerancia social y del estado que produce además injusticia e impunidad». Para Lagarde, la definición de la RAE, en su empeño de ignorar el concepto género y su significado, utilizando sexo en su lugar «pretende despojar el contenido político de ese análisis de la violencia contra las mujeres y las niñas. Cuando desarrollamos el concepto feminicidio, cuando nos referimos a él, estamos mencionando el horror misógino contra las mujeres y las niñas. El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, no de sexo».
Ayer me llamaba Sarah Babiker, periodista argentina, para hacerme una pequeña entrevista sobre la cuestión para un artículo que está trabajando. Sus preguntas desprendían preocupación: «La RAE introduce en su diccionario el término feminicidio tres décadas después de empezar a usarse, cuando ya está integrado en el lenguaje académico, activista o legal en las sociedades hispanoparlantes, ¿por qué crees que han necesitado tanto tiempo? -preguntaba Sarah. Y añadía: «En su definición de feminicidio la RAE esquiva el término género, de hecho el diccionario no recoge en su definición de género las acepciones que se vienen trabajando por las feministas y el enfoque de género. Uno de los principales argumentos esgrimidos por los académicos es que el término es una apropiación confusa del inglés «gender» que colisionaría con el español «género», sin embargo, se suman frecuentemente en el DRAE anglicismos y neologismos sin suscitar tanto debate. ¿A qué crees que se deben estas resistencias de la Academia?» Pero la cuestión más importante que Babiker planteaba era la última: «Mientras se incorpora el término feminicidio, no se menciona el término femicidio, usado en los textos legales de varios países. ¿Esta omisión puede tener consecuencias?»
En efecto, más allá de su machismo o de su misoginia, según los casos, lo más preocupante de la Academia en estos momentos en los que ya no puede aducir ignorancia, es su irresponsabilidad.
Hace diez años, la Academia realizó una pirueta parecida haciendo política aprovechando todos los recursos de la institución. En esa incursión de militancia partidista, la RAE se dejó parte de su prestigio. Fue con ocasión de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. La RAE hizo un informe de urgencia (curioso para los tiempos que usa) y sin que nadie se lo hubiese solicitado con la intención de evitar que se usara género en el nombre de la ley. El informe, vergonzoso desde el punto de vista académico, entra al fondo ideológico, es decir, defiende la expresión violencia doméstica precisamente para quitar el significado político que tiene violencia de género y que, como ahora, ya había sido ratificado por Naciones Unidas. En aquella ocasión, la RAE señalaba por escrito: «Critican algunos el uso de la expresión violencia doméstica aduciendo que podría aplicarse, en sentido estricto, a toda violencia ejercida entre familiares de un hogar (y no sólo entre los miembros de la pareja) o incluso entre personas que, sin ser familiares, viven bajo el mismo techo; y, en la misma línea -añaden-, quedarían fuera los casos de violencia contra la mujer ejercida por parte del novio o compañero sentimental con el que no conviva.
De cara a una Ley integral la expresión violencia doméstica, tan arraigada en el uso por su claridad de referencia, tiene precisamente la ventaja de aludir, entre otras cosas, a los trastornos y consecuencias que esa violencia causa no solo en la persona de la mujer sino del hogar en su conjunto, aspecto este último al que esta ley específica quiere atender y subvenir con criterios de transversalidad».
Es decir, tanto entonces como ahora, la RAE se posiciona políticamente en la defensa de que no existe una violencia específica contra las mujeres, ejercida por los varones por razones de género y que tiene por finalidad la exigencia de sumisión de las mismas. Como mínimo -y siendo tremendamente prudente-, es una irresponsabilidad.
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