JESÚS RODRÍGUEZ // «Manos Limpias es un sindicato de neofranquistas que destaca por su trayectoria sombría», son las palabras pronunciadas por el portavoz del Govern de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, el 25 de marzo en relación con la querella por sedición y asociación ilícita presentada por esta organización sindical contra Carme Forcadell y la Asamblea Nacional Catalana. Pero, más allá de las palabras, están los hechos. Se da la circunstancia contradictoria de que los abogados del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias -más conocido como Sindicato Manos Limpias- compartirán banquillo acusatorio con los servicios jurídicos de la Generalitat de Catalunya y los del Parlament contra las veinte indignadas del movimiento del 15- M procesadas por la acción de rodear el parque de la Ciutadella de Barcelona- ubicación del Parlamento catalán – el 15 de junio de 2011.
El juicio tendrá lugar desde este lunes 31 de marzo hasta el 3 de abril en las nuevas dependencias de la Audiencia Nacional, en el polígono Las Fronteras de San Fernando de Henares (Madrid). El sindicato ultraderechista dirigido por Miguel Bernard Remón, admirador de Blas Piñar y nombrado caballero de honor de la Fundación Nacional Francisco Franco, fue el impulsor del proceso penal mediante la presentación de una querella criminal genérica contra el movimiento del 15-M y la PAH, en relación con los hechos del Parlament y los escarnios contra Alberto Ruiz-Gallardón y Rita Barberá, que también se produjeron en aquellas fechas. Toda la parte relacionada con la PAH, sin embargo, fue archivada.
Posteriormente, y a raíz de las diligencias abiertas por la Fiscalía Provincial de Barcelona y los atestados elaborados por los Mossos que se acumularon a la causa del tribunal madrileño, el gobierno de Artur Mas y la cámara parlamentaria presidida por Núria de Gispert se adhirieron a la querella impulsada por Manos Limpias, instruida por el juez Eloy Velasco, titular del juzgado de instrucción número 6- y director de Justicia durante los dos mandatos de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana, entre 1995 y 2003. Cuatro diputadas explicitaron su intención de abrir una persecución penal de los hechos con una denuncia ante los Mossos: Montserrat Tura, Gerard Figueras, Josep Maria Llop y Ana Isabel Marcos.
A lo largo de estos tres años de proceso, según explica una de las abogadas de la defensa de los activistas, Laia Serra, los servicios jurídicos de las dos principales instituciones catalanas no han cuestionado que el procedimiento se investigase en un tribunal que fue creado ad hoc por la legislación antiterrorista y como sucesor natural del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista.
Desplazamiento a Madrid o pantalla de plasma
Los primeros cuatro días de vista oral -y las sesiones previstas para los días 25 de abril y 5 de mayo- supondrán elevados gastos de transporte y alojamiento para la veintena de personas encausadas y sus familiares y abogadas. Deberán permanecer en Madrid todo este tiempo, a disposición del tribunal. No será así en el caso de las personas denunciantes y testigos. La Audiencia Nacional ha concedido al presidente Mas y la presidenta de Gispert el derecho de declarar mediante videoconferencia desde sus despachos institucionales, a través de una pantalla de plasma instalada en la sala de vistas. Los consellers Santi Vila y Ramon Espadaler utilizarán el mismo procedimiento. El resto de testigos, perjudicadas y denunciantes lo harán desde la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Palacio de Justicia del paseo Lluís Companys de Barcelona. Sólo una excepción, Alfons López Tena, se desplazará a Madrid. Joan Boada y Salvador Milà, diputados de ICV- EUiA, manifestaron la voluntad de retirarse de la causa, pero han sido citados a declarar como testigos.
En el caso de Manos Limpias, las penas solicitadas llegan a los ocho años de prisión por los delitos de sedición, asociación ilícita, atentado contra la autoridad a miembros de la cámara legislativa autonómica (551.2 del Código Penal) y contra las altas instituciones del Estado (498 del Código Penal). La fiscalía acusa a las indignadas de los dos últimos delitos y pide cinco años y seis meses de prisión. La Generalitat y el Parlament piden condenas de hasta tres años de prisión. Las defensas mantienen que no hay fundamento jurídico para estos tipos delictivos, ya que las personas acusadas ni siquiera se conocían y todo fue fruto de un «elevado grado de espontaneidad», por tanto, se les debería absolver o, como mucho, juzgarlas por una falta leve.
La voz de las abogadas de la defensa
Benet Salellas: «Hay quien pretende que ahora ya no podamos ni protestar en la calle, sobre todo si hay diputados cerca. Nuestro Parlament de feria se quiere reivindicar de la mano de Manos Limpias y de acusaciones colectivas propias del TOP».
Eduardo Cáliz: «Es un juicio político donde la Generalitat y el Parlament legitiman a la Audiencia Nacional española (heredera del TOP) y comparten acusación con la Fiscalía y Manos Limpias, que se han puesto de acuerdo para criminalizar el derecho a la protesta».
Laia Serra: «Los hechos del Parlament parecen hechos a medida, tras el desalojo de la plaza Catalunya, para criminalizar el 15- M y restaurar la imagen de la policía catalana. Resulta vergonzante empezar este procedimiento por una denuncia de Manos Limpias y que ni el Parlament ni la Generalitat hayan reivindicado juzgar estos hechos en Cataluña».
Jaume Asens: «En un contexto de crisis de régimen como el actual, es lamentable que la casta política catalana pida penas de prisión para aquellos que se atreven a alzar la voz contra el secuestro de instituciones como el Parlament por parte de unos intereses minoritarios de mercado y en contra de las mayorías sociales».
[Artículo publicado originalmente en La Directa]
