MADRID// La Unión Europea acordó el pasado 3 de marzo volver a debatir la reforma legislativa sobre los transgénicos que ya se propuso en 2010. Un debate que, aunque lleva ya más de tres años dando vueltas en Bruselas, ha sido necesario retomar dado que la Comisión Europea (CE) se vio obligada a aprobar el cultivo del maíz transgénico 1507. Y es que, tal y como explica Blanca Ruibal, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra, “19 países dijeron que no lo querían, pero no se consiguió una mayoría cualificada porque Alemania se abstuvo. Pero, por cómo es el procedimiento de toma de decisiones en la CE, tuvieron que autorizarlo, aunque muchas de las grandes potencias, como Francia y la propia Alemania, sean contrarias a este tipo de alimentos”.
Esta nueva propuesta de la CE, sobre la que aseguraron que “pretende dar mayor libertad a los estados miembros para restringir o prohibir en sus respectivos territorios el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OMG)”, no gustó ni a Francia ni a Bélgica, aunque sí al resto de los países de la UE. Sobre todo al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, Miguel Arias Cañete, quien aseveró que «es deseable que la UE tenga una norma que dé cobertura a nivel comunitario a la utilización de OGM y no sigamos en la lamentable situación de que, mientras todo el resto del mundo está desarrollando estas tecnologías y avanzando en la investigación y cultivo, la Unión sea una isla alejada del progreso”.
A pesar de las buenas intenciones de los legisladores europeos y de la esperanza de progreso que, según Cañete, puede traer a la Unión Europea, ambos argumentos no han parecido convencer a ONG como Ecologistas en Acción, Greenpeace o Amigos de la Tierra, desde donde Blanca Ruibal explica que, al menos, se han detectado cuatro problemas de extraordinaria gravedad al respecto de esta propuesta de la Comisión Europea. “Lo que la CE quiere es que los países que están en contra lo puedan prohibir de manera particular en sus territorios. Así, con la garantía de que no entrarán en sus fronteras, pueden abstenerse o incluso votar a favor y autorizar los transgénicos en el ámbito europeo de manera mucho más fácil”, cuenta.
Según explica Ruibal, actualmente cada país puede prohibir la entrada de estos alimentos, aunque sin un marco legal que respalde estas decisiones, puede acarrear quejas de entidades como la Organización Mundial del Comercio. Por tanto, lo que la CE pretende es ofrecer este marco legal para que los países puedan prohibir los OMG individualmente a cambio de no bloquear su comercialización a nivel europeo. Una decisión que, para Ruibal, supondría la puerta de entrada de los transgénicos en Europa.
“Al aligerarse las autorizaciones, en pocos años podemos pasar de una situación en la que sólo hay un tipo de cultivo transgénico permitido en toda la UE a tener decenas de OMG como tienen en EEUU. Hasta el momento se han conseguido bloquear, pero cuando perdamos los votos negativos de las grandes potencias, tras asegurarse de que a sus países no van a entrar, se eliminará este obstáculo”, lamenta. Una decisión que desde Amigos de la Tierra consideran que la CE ha tomado “presionada por la industria biotecnológica, que lleva 15 años esperando a que les den luz verde a más de 20 transgénicos. Con el sí de las grandes potencias, nada les impedirá ahora darles salida”, aclara.
Sin embargo, estas empresas no han sido el único factor de presión que, desde Amigos de la Tierra, sospechan que puede estar detrás de esta decisión de la Comisión Europea. “Recordemos que la Unión Europea y Estados Unidos están ahora mismo negociando el Tratado de Libre Comercio -señala Ruibal- y esta propuesta casa perfectamente dentro de la agenda que han establecido”. Blanca Ruibal destaca que precisamente los transgénicos son uno de los puntos clave de este acuerdo sobre el que ambas potencias están debatiendo. “Esta propuesta, sin ninguna duda, abriría el mercado de los OMG, que es justo lo que se pretende Estados Unidos respecto a la Unión Europea, que sus leyes no sean tan estrictas, que desregulen y que flexibilicen las condiciones de comercialización de algunos productos que aquí consideramos tóxicos para que las empresas de EEUU, como Monsanto, puedan exportar más transgénicos”, cuenta.
«Aberración democrática»
Por otro lado, si bien es cierto que los transgénicos van a seguir sin entrar en países como Hungría, Alemania, Austria, Irlanda o Francia, la situación de Grecia, Rumanía, Portugal o España puede cambiar de manera casi radical. “Actualmente España está en una situación trágica porque tiene 100.000 hectáreas de maíz transgénico, pero al menos es uno solo, por lo que podemos darle seguimiento, saber quién vende y quién compra”, explica Ruibal. “Sin embargo, si dentro de 4 años tenemos, además del maíz, soja, remolacha y algodón transgénicos, ¿cómo va a poder la sociedad civil tener un control sobre esto?”, pregunta.
Además, aunque determinados países vayan a prohibir la comercialización de OMG dentro de sus fronteras, el hecho de que otras naciones de la UE sí estén dispuestos a cultivarlos y venderlos, supondrá, según Ruibal, que Europa dejará de ser un territorio libre de transgénicos. “Estos productos no saben de fronteras –asevera-. Es conocido el caso de España, en el que el 100% del pienso, a no ser que sea ecológico, está etiquetado como transgénico. Pero en Galicia, por ejemplo, cuando un ganadero quiere comprar pienso, se encuentra que es transgénico por la contaminación”. Una situación a la que habría que añadirle el coste de los productos, ya que “para que los productores de pienso que lo hicieran sin transgénico, pudieran comprobar y demostrar que, efectivamente está libre de estos productos, tendrían que pagar un precio que, en una Europa transgénica, sería inasumible”.
Hay, todavía, dos problemas más que añadirle a los que ya se han mencionado. El primero, lo que Blanca Ruibal ha definido como “aberración democrática”. Y es que, según lo que propone la CE, cada gobierno deberá ponerse de acuerdo con las empresas que deseen cultivar o vender alimentos transgénicos en sus países para lograr prohibir que entren en su territorio. “Esto significa –aclara Ruibal- que si mañana Monsanto quiere comercializar el maíz, en su solicitud incluye en qué países de Europa lo va a hacer».
Si Alemania, por ejemplo, no quisiera que se vendieran dentro de sus fronteras,“tendrían que llamar a la empresa y pedirle que no lo hagan. Es decir, que un país soberano tendrá que preguntarle o pedirle permiso a una determinada compañía para vender o no vender algo en su territorio”. O lo que es lo mismo: la reforma legislativa que propone la CE incluye que los criterios en los que un país se basará para vender o no vender OMG en su territorio se ceñirán a saber si una determinada empresa le ha dado o no permiso para ello. “Y todavía pretenden hacernos creer que así les otorgan mayor capacidad de decisión a los países”, recuerda la responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra.
Ruibal explica a modo de conclusión que, quizás en países como Alemania o Francia, Monsanto no muestre ningún interés en vender transgénicos “porque sabe de sobra que no se lo van a comprar”. Pero, ¿qué capacidad de negociación tendrán países como Portugal, Rumanía o España, que son el principal mercado de las empresas biotecnológicas? “No están en disposición de negociar o enfrentarse a las empresas biotecnológicas. Lo que permitiría esta nueva legislación, si se aprobase, es que estas empresas pudieran aferrarse a la ley y dijeran que, como la CE dice que o se ponen de acuerdo o se hace lo que digan las compañías, tienen vía libre para cultivar y vender lo que quieran”, finaliza.
