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Los saqueadores confesos del Palau de la Música afrontan su primer juicio

Fèlix Millet y Jordi Montull, junto a la excúpula de Urbanismo, se sientan en el banquillo por la construcción de un hotel de lujo. El caso llega a juicio antes que el del expolio del Palau y las presuntas comisiones a CDC

Brais Benítez

24 febrero 2014 Una lectura de 3 minutos

BARCELONA // El que fue presidente del Palau de la Música y miembro de una de las familias más bien conectadas con las instituciones, empresas y burguesía catalana, Fèlix Millet, y su entonces mano derecha en la entidad cultural, Jordi Montull, se sientan desde este lunes en el banquillo de los acusados. Junto a ellos se situará la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, entonces gobernado por el socialista Jordi Hereu, con el exteniente de alcalde Ramón García Bragado a la cabeza. Comienza el primer juicio del conocido como ‘Cas Palau’, dividido en tres piezas separadas. La vista que arranca hoy no dirime el saqueo de la institución –de cerca de 30 millones de euros- perpetrado, como ellos mismos confesaron, por Millet y Montull, sino la construcción de un hotel de lujo cerca del auditorio.

Fue el intenso trabajo de las asociaciones de vecinos el que llevó finalmente a la Fiscalía a presentar cargos por la construcción del hotel y paralizarlo. El Fiscal Antonio Pelegrín señala que Millet y Montull “promovieron una operación urbanística dirigida a conseguir importantes ganancias económicas para ellos dos”. Según el Ministerio Público, Millet y Montull habrían conseguido tramitar el hotel de forma irregular gracias a la connivencia de cargos municipales, y se habrían quedado con una importante comisión – de 900.000 euros- del empresario hotelero Manuel Valderrama, a quien cedieron las obras del hotel.

El proyecto consistía en la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música. Para ello, los acusados –según el relato del fiscal- contactaron en enero de 2002 con el Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, para que la Fundación del Palau –que dirigía Millet- adquiriese los inmuebles propiedad de la institución religiosa. Sin embargo, las fincas estaban calificadas como equipamiento educativo, y para tirar adelante el negocio era necesario conseguir su recalificación. “Actuando en todo momento de mutuo acuerdo hicieron valer el prestigio que les otorgaba el reconocimiento y la estima que la Fundación Orfeó-Palau de la Música tenía en la sociedad catalana (…), así como aprovecharon las relaciones personales con autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica y del Ayuntamiento de Barcelona”.

Diez años de cárcel por este caso

La acusación implica a García-Bragado, a quien el caso le terminó costando su carrera política, en la operación de permuta de la calificación urbanística. El fiscal le reclama cuatro años y siete meses de prisión, la misma pena que solicita para el exgerente de Urbanismo, Ramon Massaguer; el exjefe del servicio jurídico, Enric Lambies; y el arquitecto Carles Díaz, todos ellos acusados de los delitos de falsedad documental, prevaricación.

La pena solicitada para Fèlix Millet y Jordi Montull se eleva a los 10 años y dos meses de reclusión, por tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y prevaricación.

Millet y Montull solo han pisado la cárcel durante 13 días, precisamente en el marco del caso del Hotel del Palau como prisión preventiva. Millet, que otrora formara parte, como él mismo reconoció, de las “400 familias” que dominaban el poder político y empresarial en Cataluña, se enfrenta junto a su socio a dos procesos más. El primero, el que les acusa de apropiarse de 30 millones de euros del Palau de la Música, una acusación que ya han reconocido. El segundo, el que investiga el presunto pago de comisiones a Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) por parte de Ferrovial –en el que el Palau, por vía de Millet, habría actuado de intermediario- a cambio de la adjudicación de importantes obras públicas como la Ciutat de la Justicia y la Línea 9 del metro. Por este caso, CDC tiene actualmente su sede embargada.

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