La banca pública que necesitamos

Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y del PSOE en el Parlamento de Andalucía trabajan en el anteproyecto de ley de banca pública que esta comunidad autónoma pretende desarrollar en la segunda parte de esta legislatura. Hay que felicitar a IU, promotora de la iniciativa, por poner sobre la mesa la necesidad de la banca pública. Es fundamental que esta fuerza política, la única que hoy puede hacerlo, aproveche su posición institucional para defender una alternativa que vaya al fondo del problema y promueva la necesidad de poner el sector financiero en manos públicas, garantizando una gestión pública, democrática y guiada por el interés social de los ahorros de toda la sociedad. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones de sus defensores, lo que sería un error es poner en marcha una iniciativa que pueda suponer de hecho el abandono de la defensa de esta propuesta, y, aún menos, que pueda llevar a la frustración y al desprestigio de la misma.

El objetivo declarado por estos grupos parlamentarios y por personas que han participado en la redacción de un documento es la creación de una banca pública que apoye a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y familias a las que el expolio de las cajas de ahorro andaluzas ha dejado huérfanas a la hora de acceder a la financiación de actividades productivas. IU ha manifestado que, además, aspira a que dicho banco tenga depósitos de clientes y actúe como un banco más, mientras que el PSOE ha dejado claro que, al menos en una primera fase, sólo quiere un banco de inversión, es decir, que actúe como prestamista para empresas, en línea con lo aprobado en la conferencia estatal, que celebró el año pasado. Pero incluso IU, en su propio informe, acepta que la prioridad sería la de actuar como banco de inversión para ayudar a recuperar la actividad productiva.

Una gota en el mar financiero

El problema de partida en la banca pública que se debate es el enorme tamaño del sector financiero, que ha agudizado el problema del endeudamiento excesivo de los agentes económicos. Sin las enormes cantidades de dinero público puestas a su disposición, la inmensa mayoría de las entidades bancarias estarían en quiebra. La pretendida autorregulación de los mercados financieros ha generado burbujas especulativas que, como en el caso español, han concentrado las inversiones de capital en sectores como el inmobiliario, las grandes infraestructuras y la internacionalización de las grandes compañías, con una deficiente asignación de recursos en otros ámbitos. Se impone una decidida actuación que evite en el futuro estos desequilibrios ya que los pequeños parches no van a resolver el problema grave al que nos enfrentamos.

Abordar el problema de la banca pública excede la capacidad financiera y normativa que tienen las comunidades autónomas en el Estado español. El proyecto que se ha debatido en fase preliminar en Andalucía supondría crear una entidad de crédito con un tamaño 50 veces inferior a Unicaja. En este asunto, el tamaño importa, y mucho, y la capacidad de incidir en la economía real dependerá del alcance de la entidad creada y del volumen de fondos que pueda movilizar.

El Presupuesto de 2014 que el Parlamento de Andalucía ha aprobado no recoge ninguna partida presupuestaria para poner en marcha el Instituto Público de Crédito Andaluz (IPCA). Como mucho se puede esperar que se incluya una partida de 3,6 millones de euros “correspondiente al desembolso inicial del capital social” previsto en la normativa, y una provisión de 400.000 euros dedicada a “la definición de los primeros productos y procedimientos y el diseño del sistema de control interno”. En todo caso, estaríamos hablando de 2015 para poner en marcha el IPCA, una banca pública de inversión que no de depósitos. Mientras, el actual organismo de la Junta que está haciendo este papel, la Agencia IDEA, le traspasaría los fondos reembolsables que está gestionando: unos 600 millones de euros, incluidos los fondos europeos que tramita. Por tanto, no habría un crecimiento sustancial con el nuevo banco público andaluz sobre los recursos que ahora gestiona la Agencia IDEA.

Para que el IPCA pudiera abordar el siguiente paso, es decir, captar depósitos, habría que esperar al menos a 2016, según la posición de IU. Pero no podemos perder de vista que el PSOE considera ese objetivo sólo a medio y largo plazo, condicionado a la evolución de dicha entidad y con el fin de crear un banco público que complemente y colabore con la banca privada. De hecho, una medida que mostraría una voluntad política inmediata de caminar hacia la banca de depósitos sería la obtención de una ficha bancaria para operar, pero el Grupo Socialista tampoco tiene prisa al respecto.

La propuesta de IUCA-LV

Entrando en la propuesta de IU, que es la que presiona en la dirección de crear un banco público de carácter universal, es decir, que capte depósitos de los ahorradores, el capital social que debería desembolsar la Junta sería en torno a 200 millones de euros o, lo que es lo mismo, el 0’67% del presupuesto andaluz para 2014 o el 0,14% del PIB regional. Con esa cantidad no es posible crear un embrión transformador de banca. Aún cuando, tras un periodo de negociación con el Gobierno central, el FROB aportara 1.500 millones de euros, la obtención de recursos para poder hacer operaciones de préstamo quedaría circunscrita a 1.700 millones de euros, lo que no llegaría a ser más que el 0,03% del sistema financiero español.

Una propuesta de banca pública de las características que propone IU no supondría ningún cambio en las condiciones de vida los trabajadores y sus familias, y se corre el riesgo de propiciar la sensación de que se ha puesto en marcha una nueva institución inútil, que detrae recursos en un momento en que se está recortando en todos los capítulos sociales.

Para captar recursos en forma de depósitos y “garantizar el crédito a pymes y microempresas para relanzar la economía” en Andalucía, sería imprescindible una considerable inversión en red de oficinas que no se contempla. Pero esas redes, infraestructuras, tecnología y personal ya existen. Están ya en manos del Estado. En el caso de que fuera posible obtener un acuerdo con la Administración central, lo óptimo sería que, en primera instancia, se paralizara la privatización de parte de la banca que sí es pública y universal y que tiene un tamaño actualmente de 300 veces lo que se quiere crear.

¿Para qué vale lanzar una idea de «banca pública» local o autonómica si la capacidad normativa y los fondos (FROB) los tiene el Estado?

No parece lógico que contribuyamos a poner en marcha una herramienta al servicio de intereses empresariales privados gestionada desde el ámbito público. La experiencia nos dice que este tipo de instrumentos acaba siendo una fuente de financiación de las grandes empresas. Este proyecto de banco público andaluz implicará pedir prestado al FROB a un tipo de interés muy superior al que reciben los bancos privados que están recurriendo al BCE.

Tampoco esta medida resolvería el riesgo para la sociedad del resto de la banca, que seguiría teniendo «secuestrado» el ahorro y seguiría absorbiendo enormes cantidades de dinero público en todo tipo de ayudas.

La experiencia nos ha enseñado que lo público funciona mejor que lo privado, es mejor socialmente y, además, es más barato. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la Sanidad: la española es mucho más barata y eficaz que la norteamericana, que es privada. Y el caso del Canal de Isabel II en Madrid también nos demuestra cómo la gestión pública del agua es mejor, más barata y da beneficios.

Igualmente sucede con el sistema financiero, que es un servicio esencial para la economía y la sociedad. Esta crisis nos ha enseñado lo que supone su gestión privada, un desastre social que está exigiendo enormes ayudas públicas para evitar su quiebra. Un esfuerzo económico que está suponiendo esquilmar el erario público y recortes sociales y laborales, pero que no evitará nuevas crisis porque las ayudas están dirigidas a salvar a los bancos privados y transformar en entidades privadas los que antes eran semipúblicos, las cajas de ahorro.

Aprovechar la crisis para cambiar de sistema

No se trata de arreglar el sistema, de gestionarlo mejor, sino de aprovechar la crisis para cambiar de sistema. Desde esta óptica, la propuesta de la banca pública es crucial para que se pueda poner en marcha otra política alternativa real.

Una verdadera banca pública financiada fundamentalmente con los ahorros, tendrá que ser controlada democráticamente y tener como objetivo la finalidad social. Debe conllevar la más absoluta transparencia en sus políticas y debe estar caracterizada por el rendimiento público y transparente de sus cuentas anuales en un lenguaje asequible para el conjunto de la ciudadanía. Eso implica definir un modelo de gestión distinto al visto en las cajas de ahorro, que tenga en cuenta criterios sociales y de financiación de la economía productiva eficaces. Solo así podrá ponerse en marcha un plan estratégico de salida social a la crisis, redimensionando el sistema financiero hasta cotas que no amenacen a los ciudadanos como hasta ahora.

Volviendo al debate andaluz, nuestra propuesta implicaría la posibilidad real de que todas las viviendas y suelo de la Junta y del SAREB (en Andalucía), pasen a engrosar el parque público de vivienda. Permitiría poner en marcha la dación en pago con carácter retroactivo y detener la política de desahucios, tomando medidas que permitan a las familias trabajadoras seguir viviendo en su casa.

Además, la tramitación de esta ley debería ir acompañada de una moratoria en el pago de la deuda de la Junta de Andalucía y una reforma fiscal que aumentara los impuestos a las grandes empresas y rentas más altas, en la medida que lo permitan sus competencias. La moratoria, combinada con la reforma fiscal, permitiría disponer de unos recursos suficientes a corto plazo para evitar recortes e, incluso, aumentar el gasto social, mientras se ponga en marcha una auditoría pública de dicha deuda y se establezca una quita forzosa de la misma. No es inevitable elegir entre recortes mayores o menores. Hay otra política distinta a la del “mal menor”. Hay alternativa.

* Carlos Sánchez Mato es economista y presidente de ATTAC Madrid

* Jordi Escuer es miembro de la presidencia regional de IU-Comunidad de Madrid