Esta mañana llega hasta el Congreso de los Diputados la propuesta de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una renta básica universal para toda la ciudadanía, impulsada por el Movimiento contra el Paro y la Precariedad.
Una veintena de personas llegadas de Extremadura, Andalucía y Madrid se ha presentado en el Congreso para registrar la iniciativa, que esperan sea aprobada para que, en el plazo de nueve meses, consiga el medio millón de firmas necesarias para su debate parlamentario.
Sus responsables recuerdan que «hay mucha hambre» y que «las personas en el umbral de la pobreza han aumentado un tres por ciento durante el año pasado». Asimismo, señalan que los más afectados son «la gente joven y las personas mayores de 55 años que no pueden acceder al mercado de trabajo».
La propuesta consta de un artículo y dos disposiciones adicionales. “Se establece el derecho de toda persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. La Renta Básica se constituye como derecho individual, universal e incondicional”, se puede leer en el articulado.
Esa cantidad se fijaría en “el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas”, es decir, 645,33 euros mensuales correspondiendo al último dato expuesto por Eurostat en 2011, tendiendo a equipararse en los años sucesivos al equivalente del mismo concepto.
Para su implantación los promotores de la iniciativa proponen dos fases. Una primera que afectaría a todas las personas domiciliadas en el Estado español e inscritas en el Servicio Público de Empleo que no tengan cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos o que éstos sean inferiores esos 645,33 euros al mes. En la segunda fase se ampliaría ese derecho al resto de la población.
Isabel Franco, una de las impulsoras de la recogida de firmas, asegura que están “en proceso de estudio” para defender en el debate parlamentario cuál debería serla forma de financiación de esta renta básica. “La idea es que se consiga como un derecho de las personas que luego deberán gestionar los políticos”, ha concluido.
Para el Movimiento Contra el Paro y la Precariedad, la renta básica “puede ser un pilar del nuevo sistema de bienestar y un instrumento útil para defenderse del deterioro de las condiciones de vida que impone el capitalismo global”. Para ello aseguran que “no defendemos una limosna, una prestación asistencial, ni un salario de pobres” sino, al contrario “un derecho inherente a la condición de personas”.
Tras el acto de esta mañana, la Mesa del Congreso deberá decidir en un plazo inferior a un mes sobre la documentación remitida y comunicar a la comisión promotora su decisión para que inicie la recogida de firmas.
Irán, Alaska, Brasil, Irún o Extremadura
Aunque varios economistas han hablado a lo largo de los años de la necesidad de establecer mecanismos desde el Gobierno para garantizar la supervivencia económica de los ciudadanos, son pocos los países que han intentando implantar algo parecido a una renta básica universal dentro de sus fronteras.
Uno de esos países es Irán. El régimen de Mahmud Ahmadineyad estableció el 1 de enero de 2011 una renta mínima dirigida a las familias (no a nivel personal) que sustituía una serie de subsidios para la adquisición de alimentos. La renta la recibe el varón que ejerce de “cabeza de familia”.
En Alaska, la renta básica aparece como una contrapartida sobre la acumulación de beneficios adquiridos a causa de la explotación de recursos naturales como el petróleo o los minerales. Toda persona, por el hecho de residir legalmente allí durante al menos medio año, tiene derecho a una paga mensual que tiene grandes oscilaciones cada año.
Los gobiernos de Brasil siempre han tenido sobre la mesa una propuesta sobre renta básica que, a causa de la situación económica, se ha dejado aparcada. A cambio, en el país se otorga lo que se conoce como Bolsa Familia, un programa que se inició en 2003 y gracias al cual se ha atendido a 13,8 millones de hogares.
En España ya hay iniciativas en este sentido como la Renta Básica de Emancipación en Irún o la cuestionada (por la escasez de recursos destinados) renta básica extremeña.
Finalmente, en Suiza, este año, sus ciudadanos deberán votar si apoyarían renta mínima mensual de más de 2.000 euros para cada uno de sus habitantes que pagaría el Estado, independientemente de que se tenga o no empleo.
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