Javier Salas // El aborto es un tema muy delicado que, a pesar de las trabas que algunos procuran imponer, ha recibido bastante atención por parte de la ciencia médica. Sin embargo, apenas sabemos nada sobre los abortos que no han tenido lugar, es decir, sobre las consecuencias del parto para una mujer que quiso interrumpir su embarazo y no pudo. Con el objetivo de cubrir este vacío, un grupo de investigadoras de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) lleva ocho años estudiando a mujeres que no lograron abortar aunque querían y finalmente tuvieron que dar a luz. Este trabajo, que sigue en marcha y se denomina Turnaway Study (“estudio del rechazo”), ofrece un duro retrato sobre la realidad de estas madres: una de las conclusiones más impactantes es que las mujeres que quisieron abortar y no pudieron multiplican notablemente el riesgo de pasar penurias económicas.
“Las probabilidades de caer en la pobreza se multiplican por tres al cabo de dos años”, concreta para Materia la principal investigadora del proyecto Turnaway, Diana Greene Foster. “Las mujeres a las que se les niega un aborto deseado son mucho más propensas a vivir bajo los límites de la pobreza dos años después. Curiosamente, muestran un gran aumento del uso de la asistencia pública, como cupones de alimentos y otros apoyos financieros, pero no son suficientes para compensar la llegada de un miembro adicional de la unidad familiar”, explica Foster.
Esencialmente, lo que ocurre es que la principal razón por la que las mujeres acuden a una clínica a interrumpir su embarazo en EEUU es el dinero, porque carecen de recursos económicos suficientes para mantener a un hijo. “Ellas sabían que no podían permitirse un niño y resulta que estaban en lo cierto”, resumía en una entrevista reciente en Propublica Tracy Weitz, que hasta ahora dirigía el grupo de salud reproductiva de la USCF. Sólo el 9% de estas mujeres dio en adopción a su vástago. Tener un hijo es caro y son muchas las madres que, además, al contar con esa carga tienen problemas para mantener un trabajo mientras cuidan de un bebé.
“Nuestras principales conclusiones son que llevar a término un embarazo no deseado se asocia con un mayor riesgo de complicaciones en la salud física, mayor probabilidad de caer en la pobreza, menos posibilidades de conseguir un trabajo y un gran aumento de la dependencia de ayudas públicas, así como ninguna diferencia en cuanto a la salud mental en comparación con tener un aborto”, resume Foster. Según explica esta investigadora, las complicaciones de salud fueron mucho más numerosas entre las madres que entre las que lograron abortar. Estas últimas, por cierto, no sólo no tienen problemas físicos sino que además tampoco sufren ningún tipo de problema de salud mental tras el aborto.
“El riesgo físico de dar a luz es mayor que el de abortar tanto en España como en EEUU. Las mujeres de nuestro estudio sufrieron complicaciones más graves en el parto que con un aborto, y la mayor incidencia se da en enfermedades crónicas como hipertensión y dolor pélvico crónico”, indica Foster, cuyo trabajo tiene que ser financiado por organizaciones privadas porque la ley federal de EEUU prohíbe expresamente financiar estudios sobre el aborto.
De este modo, cuando el Estado impide abortar a una mujer se carga a sí mismo con el peso económico del cuidado de la salud de la parturienta y con las ayudas y subsidios que le tendrá que proporcionar para que pueda vivir alimentando a una boca más y sin poder trabajar. Preguntada por la situación que vivirán las mujeres españolas si se aprueba el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy, Foster ataca directamente el asunto económico: “Si la asistencia social fuera más generosa que en EEUU, las mujeres no deberían sufrir mucho, aunque el gasto público por las prestaciones será alto. Si las ayudas del Gobierno son poco generosas, la carga financiera descansará más en las mujeres y sus familias”, advierte.
En caso de que el recién nacido cuente con malformaciones, como pretende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la carga económica para las madres será muchísimo mayor. “Las leyes de aborto restrictivas las proponen políticos que no tienen en cuenta las consecuencias que sufrirán las mujeres y sus familias”, zanja. Por ejemplo, las mujeres obligadas a parir son más vulnerables a la violencia de género: un año después de negárseles el aborto, el riesgo de sufrir maltrato por parte de sus parejas se dobla frente a las mujeres que sí abortaron.
En la muestra con la que trabajan comparan a mujeres (1.000 voluntarias) que lograron interrumpir su embarazo, a aquellas que tuvieron que parir y a las que fueron rechazadas para el aborto en una clínica pero consiguieron abortar en otro lugar. Los motivos por los que pudieron rechazarlas son diversos, desde la falta de seguro médico a la obesidad, pero el eje son las mujeres fueron a la clínica cuando el embarazo ya estaba demasiado avanzado (más allá de las 20 o 22 semanas de gestación). Además, en EEUU el coste de un aborto va desde los 543 dólares (400 euros) en la semana 10 de gestación hasta los 1.562 (1.140 euros) que cuesta en la semana 20.
Según Foster, en Europa no hay literatura científica relativa a este asunto, salvo el “abuelo” de su estudio, realizado en Checoslovaquia en 1961-62 con madres a las que se les negó abortos, realizado por Henry David y que se centraba en la situación de los niños “no deseados” y no tanto el de sus madres. Actualmente, el estudio Turnaway está trabajando para obtener conclusiones más allá del caso estadounidense, y ya están recopilando información de Bangladés, Colombia, Nepal, Sudáfrica y Túnez para averiguar lo que ocurre con las mujeres a las que negaron abortos en esos países.
[Artículo publicado en Materia]
