“Estamos trabajando en el recurso, tenemos todos los datos y los argumentos”. Así resume el portavoz de sanidad del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), Ignacio Subías, los trabajos en la sombra de su formación que pueden acabar con un recurso en el Tribunal Superior de Justicia valenciano contra el modelo Alzira implantado hace 17 años.
En 1999 se inauguró el hospital de Alzira tras un concurso que ganó la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por por Adeslas (51%), tres bancos valencianos, CAM, Bancaixa y Caixa Carlet (45%) y dos constructoras Dragados (2%) y Lubasa (2%). Nacía el modelo Alzira, que pronto se transformaría en un modelo de gestión que se expandiría por cinco hospitales más del País Valenciano.
Espoleados por la decisión del TSJ madrileño que anula la externalización de los servicios sanitarios en esta comunidad autónoma, el PSPV ya trabaja en dos frentes. Por un lado, la no renovación de los contratos si ganan las elecciones en la próxima legislatura; y por otro, interponer un recurso en los tribunales que anule las concesiones.
La clave, según fuentes jurídicas, está en el modelo de contrato donde se reconoce que se privatiza/externaliza “el aseguramiento”. En el pliego de condiciones del 25 de febrero de 1997 con el que se da inicio al conocido como modelo Alzira, se explica que el objeto de la licitación es “la gestión sanitaria especializada del área 10 del Servicio Valenciano de Salud”.
Desde el PSOE consideran que no son concesiones sobre la gestión sino sobre el aseguramiento de la población. Como explica el portavoz de sanidad de este partido en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, “lo que se gestiona es la caja, aunque en el contrato no ponga que es de aseguramiento porque sería ilegal, lo que está claro es que el gobierno les paga una prima por habitante y ellos gestionan el riesgo e incluso con carencia”.
Posible conflicto de intereses
En el contrato del hospital de Alzira se habla de “persona asegurada” para referirse a los pacientes y a la hora de establecer el dinero que la Administración debe pagar anualmente por la población que, potencialmente, puede atender. Para Freire, debería hablarse de “atención sanitaria de la población de Alzira, ya que estamos ante un contrato de seguro y no de gestión del hospital”. Además, critica que compañías como Adeslas, Sanitas o DKV participen en la gestión, ya que “tienen acceso como compañías de seguro privadas a información sobre la población y podría haber un conflicto de intereses”.
El proceso privatizador de la sanidad valenciana ya tuvo una impugnación en los tribunales en el año 2000. Entonces, el TSJ estableció que no había reparo legal a la gestión indirecta del servicio sanitario en virtud de una concesión y que el carácter público del sistema no quedaba cuestionado por las fórmulas de gestión.
Ahora, los socialistas valencianos esperan que el tribunal tenga en cuenta sus nuevos argumentos y que incluso si el Tribunal Constitucional les da la razón en su recurso sobre una posible afectación del artículo 41 de la Carta Magna (“los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos”), tendrá efectos jurídicos sobre Valencia.
El diputado Ignacio Subías también añade que “estamos viendo los resquicios que pueden haber, como pueden ser incumplimientos de contrato, temas de calidad del servicio, etc.”. Y pone un ejemplo: “Vemos cómo en un centro público, las aseguradoras aprovechan para atender a sus clientes, pero ¿se hace en las mismas condiciones que la atención a los pacientes que vienen de la sanidad pública? ¿entran todos de las mismas formas? ¿tienen las mismas listas de espera?”.
Sobre los motivos por los cuales se prepara un recurso de este tipo 17 años después, desde el PSPV admiten su error, «no nos dimos cuenta antes, pero ahora con todo lo de Madrid hemos visto que había esta posibilidad y vamos a trabajar en ella hasta el final».
Competencia ve irregularidades en las concesiones
Este movimiento también ha sido motivado por la publicación del informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre los procesos de licitación para la provisión de la sanidad pública en España. En sus 76 páginas, la CNC presenta una serie de ejemplos prácticos de situaciones potencialmente negativas sobre la competencia en el ámbito de las licitaciones y que deberían ser evitadas por los órganos responsables.
Por ejemplo, censura el modo en el que se hizo la licitación de los contratos para gestionar las áreas de salud que no aseguraba la competencia. Uno de los problemas fue la participación “alarmantemente reducida de empresas” que participaron en el concurso. Y la CNC da una pista, ya que aprecia que la empresa que aparece en todas las licitaciones, Ribera Salud, podría tener alguna ventaja de información.
La externalización del hospital de Manises en la que “no figura el precio” en la adjudicación del contrato, la utilización de las infraestructuras públicas para atender a pacientes privados o la “indeterminación” en los “mecanismos de retribución” a la hora de calcular la cuota anual, son otros de los problemas que ve el CNC en su informe.
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