Sergi Tarín // El escenario está listo. Este martes se inicia el juicio por el caso Cooperación, que está previsto que se alargue hasta mediados de marzo con el interrogatorio de nueve procesados y 80 testigos. Se juzga una parte del saqueo de las ayudas públicas al Tercer Mundo durante los años en que Rafael Blasco fue conseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana (2007-2011). El grueso de la causa se resolverá más adelante en una segunda pieza. La complejidad de la documentación y la magnitud de la estafa obligaron a fragmentar la instrucción en noviembre de 2012.
La investigación saca a la superficie el rostro más repulsivo de la corrupción valenciana, una auténtica seña de identidad del PP aborigen. Gürtel, Brugal, Emarsa, Nóos, Carlos Fabra, Hernández Mateo… Nombres propios y universos terminológicos de una industria inagotable. En el caso de la cooperación se utilizaron, por ejemplo, subvenciones para paliar la sequía en Centroamérica, luchar contra la violencia sexual y enfermedades endémicas en África o reconstruir el Haití posterremoto para engordar a una red de empresas corruptas.
Todo, según las acusaciones, con el visto bueno y enriquecimiento de Rafael Blasco, presuntamente identificado por los imputados como «Roger Rabbit». De hecho, un conejo que conoce al milímetro los túneles y cavidades de la administración valenciana, donde ha sido de todo, tanto en el PSPV como en el PP. Sanidad, urbanismo, territorio, transportes, empleo, bienestar social… Tres décadas, con intervalos, de alfombra y despacho en las cúspides del poder valenciano. Y también una lenta transfiguración personal: de la lucha armada antifranquista por la dictadura del proletariado a la estrecha implicación en aletargar la miseria de los más pobres de la tierra. La declaración de Blasco, clímax del juicio, está prevista para el 9 de enero.
¿Cuando empezó la instrucción judicial?
En octubre de 2010 las diputadas autonómicas Clara Tirado (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís) denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción todo un cúmulo de irregularidades en la concesión de subvenciones públicas de cooperación al desarrollo amparadas por Rafael Blasco, entonces conseller del ramo y hombre fuerte del Partido Popular. El caso llegó en mayo de 2011 al juzgado de instrucción número 21 de Valencia y en 2012 se trasladó al Tribunal Superior de Justicia, dada la condición de aforado de Blasco.
¿Qué se investiga?
La concesión a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) de 1,6 millones para construir dos pozos en Nicaragua. De ese dinero, sólo llegaron 43.000 euros a su destino. Del resto, 969.875 se utilizaron para la compra de dos pisos, un entresuelo y un garaje en Valencia en beneficio de Cyes; y 456.960 acabaron en el bolsillo de Augusto César Tauroni, jefe de la trama como mediador entre Blasco y la ONG implicada. En el auto de apertura del juicio se señala la profunda relación entre Tauroni (en prisión desde hace dos años) y el exconseller durante buena parte de su carrera política.
Además de esta primera investigación hay otra en curso relativa a los 3,5 millones que entre 2009 y 2011 se asignó desde Cooperación a un entramado de ONG y empresas coordinadas por Tauroni. El principal fraude se refiere a la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010. La obra, valorada en 4 millones, no se llegó a hacer, pero la red corrupta arañó 200.000 €.
¿Quiénes son los acusados?
Rafael Blasco (exconseller de Solidaridad y Ciudadanía), Augusto César Tauroni (empresario), Marcial López (presidente de la fundación Cyes) , Josep Maria Felip (exdirector general de Cooperación), Alexandre Catalán (exsubsecretario de Cooperación), Marc Llinares (exjefe del área de la dirección general de Cooperación), Agustina Sanjuán (exsecretaria general administrativa de Solidaridad), Xavier Llopis (exjefe de gabinete de Blasco) y María Josefa Cervera (pareja sentimental y testaferro de Marcial López).
¿De qué se les acusa?
Tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos e inducción a la falsedad documental.
¿Qué pide la Fiscalía?
El fiscal anticorrupción pide 14 años de cárcel para Blasco, 36 años de inhabilitación y 43.200 euros de multa. En cuanto a Tauroni, le exige 11 años de prisión y 21.900 euros. Y en el caso del resto de acusados, las penas oscilan entre los 4 y los 13 años de cárcel.
¿Qué otras partes se han personado?
También está la abogada de la Generalitat, que exige 11 años y medio de cárcel para Blasco, 31 años de inhabilitación y una indemnización de 4.500 euros. A Tauroni le reclama 8 años de presidio. Las peticiones al resto de procesados se sitúan entre 5 y 11 años de cárcel. Las acusaciones de la abogada de la Generalitat contrariaron a Blasco, quien se sintió traicionado por Alberto Fabra y denunció públicamente presiones desde el Consell para inculparlo. Esto provocó su definitiva caída en desgracia y en junio pasado, antes de que lo expulsaran, se dio de baja del PP y pasó al grupo de no adscritos de Les Corts.
Además de la Generalitat, también se ha personado, como acusación popular, Antonio Penadés (quien tiene en acogida a un niño haitiano). Penadés aglutina al PSPV y la Coodinadora Valenciana de ONG después de que la juez no tramitara su participación.
¿Cuáles son los argumentos de la defensa?
El abogado de Rafael Blasco es Javier Boix, experto en la defensa de políticos del PP bajo la sombra de la corrupción. En enero de 2012 consiguió que un jurado popular declarase «no culpable» a Francisco Camps, presidente de la Generalitat, en el conocido como caso de los trajes. Y, recientemente, defendió a Carlos Fabra, el expresidente de la diputación de Castellón condenado a 4 años de prisión por 4 delitos fiscales. Boix también posibilitó la nulidad de las escuchas telefónicas que implicaban, en 1989, a Eduardo Zaplana en una supuesta financiación irregular del PP dentro del caso Naseiro. Respecto a Blasco, la estrategia ha sido la de insistir en la legalidad de las ayudas de Cooperación y negar que el político sea el «Roger Rabbit» o «Conejo» que aparece en la numerosa documentación incautada a la trama.
¿Quién los juzga?
Cuatro magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ). El tribunal estará presidido por Pilar de la Oliva, presidenta del TSJ. También participan Jesús Olarte, Antonio Ferrer y Juan Climent. Este último instruyó la causa por la que se juzgó a Blasco en 1991 debido a las irregularidades en la venta de un terreno en Paterna del Instituto Valenciano de la Vivienda. El político fue absuelto después de que se anularan las escuchas que le implicaban. Pero el escándalo había significado la expulsión a finales de 1989 del PSPV-PSOE y el cese como conseller de Obras Públicas.
[Artículo publicado originalmente en La Veu del PV]
