MADRID// “Tras casi cinco años de instrucción, no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa por lo que (…) procede el sobreseimiento provisional debiendo alzarse las medidas cautelares acordadas respecto a Miguel Ángel Llamas, Edurne Sancho y Koldo García”. Esta es la conclusión del auto, que ya es firme, que emitió la Audiencia Nacional el pasado 22 de noviembre para archivar el caso sobre el cierre del medio de comunicación navarro Apurtu.org.
Es decir que, después de cinco años investigando, no han hallado pruebas suficientes como para llevarlos a juicio por la comisión de ningún delito. Según ha explicado a La Marea Miguel Ángel Llamas (Pitu), el único de los acusados al que encarcelaron, “nos han hecho seguimientos, han entrado en nuestras casas, nos han detenido, han cogido nuestros archivos y discos duros, nos han interrogado, nos han mandado a la cárcel y han cerrado un medio. Ahora dicen que no hay pruebas suficientes como para llevarnos a juicio, pero ¿qué pruebas tenían cuando comenzó la operación? Lo que denunciamos es que hoy, en el Estado español, se puede cerrar un medio de comunicación sin tener ningún tipo de pruebas en su contra”.
En una rueda de prensa ofrecida este viernes en Iruñea, otra de las denuncias que quisieron hacer pública los imputados que formaban parte de Apurtu.org tiene que ver con los medios de comunicación. Llamas cuenta que “cuando a las 7 de la mañana, después de todo el registro que hicieron en nuestras casas, nos llevaron detenidos, había muchos medios de comunicación, que habían sido avisados por la policía de que iba a haber una operación. Les dijeron dónde se iba a hacer, ellos acudieron y ahí nos grabaron. Después, publicaron nuestros nombres y nos acusaron de lo que la policía dijo que habíamos hecho”. Para esta rueda de prensa, enviaron invitaciones expresas a los medios que actuaron de esta manera, entre los que estaban El País, El Mundo, ABC, La Razón, Diario de Navarra, COPE, la Cadena SER, RTVE, la Agencia EFE, Europa Press, Telecinco, Cuatro, La Sexta o Antena3.
“Les hemos hecho una invitación especial en la que citamos lo que en su día dijeron de nosotros y les informamos de que la causa se había sobreseído, por lo que considerábamos que deberían rectificar por una cuestión de rigor periodístico y, por supuesto, porque tenemos derecho. Todos estos medios –prosigue Llamas- que en su día publicaron la información que les pasaba el Ministerio de Interior – es decir, que éramos el aparato propagandístico de ETA-, hoy no han venido”. Una ausencia que a ninguno de ellos les ha sorprendido, aunque consideran que “igualmente hay que denunciarlo y dejar en evidencia qué papel juegan los medios en este tipo de asuntos”.
Cronología del cierre de Apurtu.org
2007. Crean esta página web, cuyo objetivo es “evidenciar la vulneración de derechos humanos, civiles y políticos de los presos políticos que se estaban dando tanto en las prisiones como fuera de ellas”. Acuden a ruedas de prensa de familiares que denuncian torturas y cubren, al igual que otros medios, el recibimiento que se hace a los presos excarcelados. La Audiencia Nacional, cuenta Llamas, “comienza a prohibir determinados actos políticos y se cita en varios autos a Apurtu.org como una web del entorno de ETA”.
2009. El diario ABC publica en primera página una noticia en la que afirman que Apurtu.org es una página web orientada a “enaltecer a ETA y reanimar a sus presos”. Como consecuencia de esta publicación, la web sufre un ciberataque. Sus miembros ofrecen una rueda de prensa para explicar en qué consiste su labor y confirmar que seguirían con ella porque no constituye ningún delito. Además, un grupo de profesionales de diversos medios comparece públicamente para mostrar su apoyo a la web.
2011. La Audiencia Nacional ordena una operación policial una semana después del cese de la violencia de ETA, en enero de ese año. Además de a cuatro periodistas de Apurtu.org, detienen a otras personas a las que acusan de pertenencia a banda armada con motivo de su militancia política.
2011. Acusan a los miembros de Apurtu.org de formar parte del aparato de propaganda de Askatasuna, (la organización de apoyo a los presos políticos y a sus familiares). Según cuenta Llamas, “la policía entró de madrugada a nuestras casas, requisaron discos duros y nos dijeron que estábamos en régimen de incomunicación (lo que implica la suspensión de algunos de los derechos de los detenidos como no poder estar con un abogado de confianza o no tener ningún tipo de contacto con nadie del exterior que no sea un policía o un médico forense durante un máximo de cinco días)”.
Tras pasar tres días incomunicados en Madrid, pasan a la Audiencia Nacional. Edurne Sancho y Koldo García son puestos en libertad con cargos tras pagar una fianza de 12.000 euros. El juez que instruye el caso, Francisco Grande-Marlaska, decreta prisión provisional para Llamas sin posibilidad de fianza al considerar que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Los miembros de Apurtu.org, según el informe policial, son acusados de enaltecimiento del terrorismo por ir a cubrir el recibimiento a los presos que salen de la cárcel.
Julio 2012. La instrucción del caso cae en las manos del juez Santiago Pedraz, quien ordena la puesta en libertad de Miguel Ángel Llamas, que ya llevaba 18 meses en la cárcel de Valdemoro. Llamas narra que “como el resto de presos políticos, fui dispersado a más de 400 km de mi casa. Me catalogaron como preso peligroso, por lo que intervinieron todas mis comunicaciones y no podía realizar las mismas actividades que los demás”. A partir de su salida de prisión, tuvo que acudir quincenalmente a firmar a un juzgado y, al igual que a sus compañeros acusados, se le prohibió salir de España.
Ateak Ireki
Tras el cierre de Apurtu.org, un grupo de periodistas navarros decidió crear Ateak Ireki (Abrir Puertas en euskera). Consideraron que el cierre de esta web había sido un “atropello a la libertad de expresión” y creyeron necesario abrir otro medio que continuara con su labor. Al salir de la cárcel, Llamas se incorporó a este medio, al que se le dio un contenido más global, de manera que comenzaron a informar sobre las diferentes protestas sociales relacionadas con la crisis económica.
En septiembre de 2013 se lanzó una operación policial contra Herrira (un movimiento ciudadano que defiende los derechos de los presos, refugiados, exiliados y sus familiares). Detuvieron a varios de sus miembros y ordenaron el cierre de varias páginas webs vinculadas con este movimiento, así como diversos perfiles en las redes sociales. En el primer listado no incluyeron a Ateak Ireki, que sí formó parte de la ampliación que se hizo de la misma unos días más tarde.
El 11 de noviembre de 2013 decretaron el cierre preventivo de este medio sobre la base de un informe de la Guardia Civil en el que afirmaban que era el sucesor de Apurtu.org y que una persona (Miguel Ángel Llamas) había trabajado en ambas. Llamas explica que presentaron un recurso en los cinco días posteriores a este auto, aunque fue rechazado. Tras la resolución de la Audiencia Nacional, el 22 de noviembre, en la que se niega que haya pruebas para considerar que Apurtu.org cometiera algún delito, vuelven a presentar un recurso, esta vez de apelación, que a fecha de hoy no ha sido respondido.
Dado que el único cargo en su contra que consta en el informe de la Guardia Civil es la vinculación de Ateak Ireki con Apurtu.org, creen que lo lógico es que se archive también esta causa, aunque no tienen demasiada confianza. “Consideramos que la Audiencia Nacional no es un tribunal democrático, sino que tiene mucho de político. La decisión que tomen, más que en términos jurídicos, pensamos que será en términos políticos, para bien o para mal. Es decir, en función de si les molesta más que sigamos funcionando o que estemos cerrados”.
Mientras esperan la respuesta de la Audiencia Nacional, que prevén que obtendrán una vez termine el período vacacional, los miembros de Ateak Ireki han manifestado su intención de seguir trabajando, aunque con una cierta sensación de “angustia generada por la incertidumbre” sobre su futuro. “Queremos saber ya qué va a pasar con nuestro medio y si nos van a acusar de algo o si vamos a tener que volver a Madrid. No sabemos si nos detendrán porque ellos consideran que lo que hacemos es delictivo. Lo que sí te digo es que, si finalmente lo hacen, sería un escándalo mayúsculo”, concluye Llamas.
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