BARCELONA // El último día del 2013, el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) firmó la resolución que impone sanciones económicas de 5.000 euros a tres bancos por mantener pisos vacíos durante más de dos años. Se trata de unas primeras multas que, en caso de que las entidades sancionadas no pongan las viviendas en alquiler, podrían llegar hasta los 500.000 euros. Con el objetivo de que el resto de ayuntamientos tomen medidas similares, la PAH pondrá en marcha este mes una campaña con la que pretende presionar a los consistorios para que sancionen a las entidades financieras que acumulen pisos vacíos, con el objetivo que cedan estos pisos al parque público de alquiler social o los pongan en alquiler.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Terrassa llevaba meses reclamando la imposición de estas sanciones, previstas en la Ley de Vivienda de Cataluña. “El ayuntamiento dio un primer paso que fue abrir 725 expedientes sancionadores, pero teníamos miedo de que fuese de cara a la galería, y que los procesos sancionadores se fuesen alargando en el tiempo con reclamaciones por parte de los bancos, y no se aplicasen las sanciones. Presionamos para que se pusieran multas ya antes de que se acabase este año, como prueba de que el proceso seguía adelante”, explica Xavier Martínez, portavoz de la PAH de Terrassa.
Conseguir la implicación de los ayuntamientos no ha resultado una tarea sencilla para la Plataforma. “Siempre se habían escudado en que no tenían competencias en temas de vivienda”, asegura Martínez. Tras mantener varias reuniones con representantes de la administración local, “nos consta que se reunieron con bancos para pedirles de buena voluntad que pusieran estos pisos en alquiler social o en la bolsa de vivienda, pero ya les dijimos que la buena voluntad con los bancos no funcionaría, y hemos seguido presionando públicamente”, relata.
Este activista de la PAH considera las tres primeras multas como “un paso importante”, aunque no suficiente. “Son multas simbólicas, seguiremos de cerca el proceso para que estos expedientes continúen adelante y los cerca de 5.000 pisos vacíos que hay en Terrassa en manos de bancos se pongan en alquiler social. Y si no, que los bancos sean sancionados”.
Aplicación de la legislación catalana
La Plataforma ha elaborado una moción tipo para que se presente en los ayuntamientos, basada en la legislación catalana en materia de vivienda. Concretamente en la Ley 18/2007, que en su artículo 41 establece como utilización anómala de una vivienda su desocupación permanente. El artículo 42 de la Ley prevé una serie de medidas que puede adoptar la Administración para evitar la desocupación permanente de los inmuebles. Entre estas, sanciones coercitivas para que las entidades financieras se vean forzadas a poner sus pisos vacíos en alquiler.
Hasta el momento, únicamente Terrassa ha comenzado a imponer sanciones, en este caso una primera sanción de 5.000 euros a la que deberían seguir multas superiores si las entidades sancionadas no ocupan los pisos vacíos de los que disponen, entre 5.000 y 6.000 en la localidad. La abogada Mercè Pidemont, colaboradora de la PAH y del Observatori DESC, señala que la finalidad de estas multas «no es sancionadora, sino que busca que los pisos se ocupen». «La recaptación de estas multas, además, no se puede destinar a cualquier partida, sino específicamente a asegurar el derecho a la vivienda«, subraya.
Este mismo viernes, la PAH hará llegar a los grupos parlamentarios la moción que ha elaborado, e instará a los partidos a presentarla y aprobarla en aquellos municipios en los que tengan presencia. «Nos consta que partidos como ICV y la CUP estaban pendientes de que les hiciéramos llegar la moción. Suponemos que ERC también será favorable e incluso el PSC, que votó a favor de la moción en Terrassa», explica la portavoz de la Plataforma, Ada Colau. «No sabemos si sucederá lo mismo con el PP, que a nivel estatal se ha posicionado claramente a favor de los bancos».
«Los ayuntamientos deberán posicionarse»
“Con el camino que ha abierto el ayuntamiento de Terrassa, el resto de ayuntamientos se tendrán que posicionar sobre si están con la banca o con la ciudadanía, ya no sirven las excusas de que no tienen competencias y que no pueden incidir en garantizar este derecho fundamental que es el acceso a una vivienda digna”, manifiesta Martínez.
El objetivo de la Plataforma es extender estas acciones al resto del Estado, también a aquellas comunidades autónomas en las que la legislación en materia de vivienda no contemple este tipo de sanciones. “Queremos insistir en que es una cuestión de voluntad política, que esto se podría aplicar en cualquier lugar”, mantiene Martínez. “La medida del ayuntamiento de Terrassa va muy en la línea del decreto de la Junta de Andalucía, de expropiación de uso de viviendas de las personas que estén en proceso de desahucio, cualquier comunidad autónoma puede legislar en el mismo sentido, con una ley que contemple estas posibles sanciones como se hizo en Cataluña”, concluye.
Con esta campaña, la PAH inicia el nuevo año con una estrategia que pone el acento en los ayuntamientos. «Ante el bloque institucional que hemos vivido durante el pasado año, en el que el PP ha decidido ser el partido de la banca, no podemos quedarnos de brazos cruzados», manifiesta Colau, quien recuerda que Cataluña sigue encabezando el ranking de ejecuciones hipotecarias y de desahucios, tanto por impago de la hipoteca como de alquiler. «Mantenemos un ritmo que no podemos permitirnos como sociedad», sentencia Colau. En el 2013, la PAH ha llegado a los 200 núcleos en todo el Estado, ha parado casi 1.000 desahucios y recuperado 15 edificios, donde se ha alojado a cerca de 800 personas, según datos de la Plataforma.
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