MADRID// El pasado 28 de diciembre, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) emitió un comunicado en el que afirmaron que “es hora de la responsabilidad política. La de todos, también la nuestra, en la medida que somos parte y consecuencia del conflicto político”, además de denunciar que la política penitenciaria se encuentra “al servicio de objetivos e intereses políticos, vulnerando y violando derechos fundamentales, tal y como ha sentenciado Europa”.
Uno de los aspectos que más destacó de este manifiesto, que consta de ocho puntos en los que, desde su punto de vista, se debe basar la solución del conflicto, fue el de la asunción de su responsabilidad “sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto político. Asimismo, mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes”.
A pesar de la proliferación de reacciones que surgieron a raíz de la publicación de este manifiesto, la crítica más repetida durante estos días ha sido la de la ausencia de declaraciones por parte de los miembros del Gobierno central. Únicamente quiso posicionarse el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, quien aseveró que “por acatar la ley y reconocer lo obvio, no les debemos nada, no tenemos que agradecerles nada, siguen mereciendo el mayor desprecio de esta sociedad” y que no es el Gobierno, sino que “son los terroristas los que se tienen que mover y acatar la ley”.
Una reacción que podría alinearse dentro de las voces de aquellos que aseguran que la desaparición de ETA contraviene los planes políticos de los partidos de la derecha. Esta afirmación, sin embargo, no resulta tan cierta para el coordinador de Lokarri, una organización “social, independiente y plural que trabaja por la paz y la normalización de la convivencia en Euskal Herria”. En declaraciones a La Marea, Paul Ríos afirmó que “poniéndome en la piel de los responsables del Partido Popular aquí en el País Vasco, con todo lo que ellos han sufrido con el tema de los escoltas, lo asesinatos o los atentados, no tengo ninguna duda de que ellos son los primeros que quieren que la violencia de ETA desaparezca”.
Tras este reconocimiento, carente de eufemismos, de los delitos cometidos por los miembros de la organización terrorista ETA, Ríos quiso profundizar en la inacción procedente del Ejecutivo español. “Creo que está habiendo poca capacidad para pensar en el futuro y para comprender cuál es la gran oportunidad y la gran responsabilidad que tenemos una vez que se ha terminado esa violencia de ETA. Por ejemplo, el Gobierno ha decidido no hacer prácticamente nada para contribuir a la nueva situación”.
Aunque las declaraciones de los dirigentes políticos han sido las que han centrado el debate público, tras la emisión del comunicado de EPPK la polémica no se detuvo ahí, sino que se extendió a los medios de comunicación. En la mayoría de las cabeceras, impresas y digitales, así como en las radios y televisiones de ámbito nacional, el titular destacado hablaba del comunicado emitido por “el colectivo de presos de ETA” o de los “presos etarras”.
Este reduccionismo fue criticado por muchas de las personas más afines a la independencia de Euskal Herria (que abarca el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, situado al suroeste de Francia) por considerarlo ofensivo. Y es que, según afirmaban, ignora que el Colectivo de Presos Políticos Vascos no está formado únicamente por miembros de ETA o personas condenadas por delitos de sangre. Tal y como quiso aclarar Paul Ríos, “EPPK es un colectivo de presos plural en el que está, por ejemplo, Arnaldo Otegui, al que encarcelaron por ser dirigente de un partido político. También sigue en prisión el subdirector del periódico Egin, hay personas que están en la cárcel por su pertenencia a organizaciones juveniles… Estas personas no son ni miembros ni presos de ETA”.
Puntos destacables del comunicado
Desde el punto de vista del coordinador de Lokarri, aunque hay varios aspectos relevantes dentro del comunicado del colectivo EPPK, si tuviera que elegir, se quedaría con dos. En primer lugar, “que estas personas muestran un compromiso total con la decisión de ETA de poner fin a la violencia y con la apuesta con las vías exclusivamente políticas y democráticas”.
Para ello, y como segundo punto destacable para Ríos, “muestran su disposición a hablar y a buscar espacios de colaboración y consenso con todos los actores políticos y sociales vascos”. Dos cuestiones que, en su opinión, pueden conformar una base “muy importante como para pensar que nos encontramos ante una gran oportunidad y que, si se hiciera un buen trabajo, aún por concretar, se podría lograr dar un paso que contribuyera a la reintegración de las personas que están ahora en prisión”.
En caso de que se avanzara en el proceso de paz, los objetivos de las organizaciones que conforman el Foro Social -en cuyas recomendaciones está basado el comunicado del EPPK- se han marcado como meta primordial la de que ninguna persona por su pensamiento, su ideología o su identidad sea ni amenazada, ni perseguida ni se coarte su libertad. A partir de aquí, Ríos afirma que el siguiente paso debería ser el de “hacer esfuerzos de consenso entre todas las tradiciones políticas que hay en nuestra sociedad para tratar de integrar el pluralismo, que todas se sientan representadas y que todas tengan su espacio de participación”.
Unos objetivos ambiciosos a los que aspiran a largo plazo. Mientras tanto, la publicación de este comunicado abre la puerta a dos escenarios: el deseable y el esperable. Respecto a la situación que desde Lokarri consideran ideal que se diera tras las declaraciones del EPPK, Ríos sostiene que esta sería que “se pudiesen abrir espacios diversos de diálogo y de consenso y que aquí en la sociedad vasca fuésemos capaces de llegar a unos acuerdos básicos sobre como afrontar la integración de los presos”.
Pero para ello, el Gobierno central también debería realizar determinadas acciones que, en opinión de Ríos, pasaría por dar “algunos pasos para humanizar la política penitenciaria, ya sea poniendo fin a la dispersión o, por ejemplo, facilitando que los presos que están enfermos pudieran recibir tratamiento fuera de la cárcel”. Un escenario idílico que, de momento, parece chocar con la realidad ya que, según Paul Ríos, no hay muchas señales para pensar que el Ejecutivo español vaya a modificar su postura al respecto. Mientras tanto, “creo que el protagonismo de este proceso de paz tiene que ser de la sociedad vasca. La oportunidad y la responsabilidad es nuestra. Y creo que desde aquí se va a generar una dinámica que puede crear nuevas oportunidades como para que haya más avances en el proceso”, concluyó el coordinador de Lokarri.
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