MATARÓ // El exdirector general de Caixa Laietana durante más de tres décadas, Pere Antoni de Dòria-Cabot, colocó las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas propiedad de su familia a pequeños ahorradores de la caja antes de que, el 1 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM) cerrase el mercado secundario de Caixa Laietana y estableciese una serie de nuevas obligaciones en la compra-venta de estos productos financieros de alto riesgo, que a la postre significaría la pérdida de gran parte de su valor.
Dòria podría haber dispuesto de información privilegiada que le permitió anticiparse a la caída y desprenderse de participaciones por un valor cercano al millón de euros. Este hecho, junto a otros, ha sido denunciado este lunes por Iniciativa per Catalunya – Verds (ICV) ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró, cuyo magistrado titular imputó la semana pasada a la antigua cúpula de Caixa Laietana (hoy Bankia) tras la denuncia de una familia de Vallgorguina (Barcelona) que había adquirido preferentes en la entidad.
La formación ecosocialista no se personará como acusación particular en la causa, sino que ha aportado la información que acredita estas operaciones, recogida en el trabajo de la comisión de investigación parlamentaria, así como la documentación relacionada con la comercialización de preferentes por parte de la caja, la facturación de empresas de los hijos de Dòria a la entidad y posibles irregularidades en la concesión de hipotecas.
Preferentes de toda la familia
Utilizando la estructura de Caixa Laietana, el director general de la entidad hasta 2008, Pere Antoni de Dòria; su mujer, Juana M. Cabot; las hijas del matrimonio, Rosa Maria y Elisabet de Dòria; su hijo, Francesc Xavier de Dòria; y la esposa de este, Noemí Gasull, se desprendieron de sus participaciones preferentes y obligaciones subordinadas antes del desplome. Las participaciones acabaron colocadas a pequeños ahorradores de Mataró (Barcelona), una ciudad en la cual el 12% de la población (unas 15.000 personas, buena parte de ellas jubiladas y paradas) ha acabado atrapada en la estafa.
Según denuncia ICV, Dòria se valió de sus contactos en la entidad y, gracias a la colaboración –bajo fuertes presiones- de directores de oficina y cargos de la caja, se desprendió de sus participaciones colocándolas a pequeños ahorradores “con aversión al riesgo”, es decir, clientes que buscaban un depósito seguro y no una apuesta arriesgada como la que suponían las preferentes.
Sin embargo, los clientes que habían adquirido participaciones preferentes denominadas de “Serie B”, grandes ahorradores con un volumen elevado de inversión en preferentes, pudieron deshacerse sin dificultades de sus títulos. ICV denuncia que hubo un “trato diferencial” por parte de los directivos de la entidad respecto con estos clientes importantes. “Quienes tenían dinero, quienes eran inversores, y por tanto quienes debían sufrir el riesgo, se lo pudieron quitar de encima sin más pérdidas; pero en cambio los pequeños ahorradores, los trabajadores que colocaron sus ahorros en este tipo de productos porque así se lo indicó la caja, perdieron el dinero”, denuncia el secretario general de ICV y diputado Josep Vendrell.
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorro en el Parlament, Dòria llegó a negar hasta en tres ocasiones que él y su familia hubiesen colocado preferentes de su propiedad.
“Nepotismo” en la dirección de la entidad
La documentación aportada al juzgado podría demostrar también que, durante años, el bufete de abogados de Francesc Xavier de Dòria (Xadorca Mataró S.A.), así como la sociedad de abogados de Rosa Maria de Dòria (Gestràmit CDM & Advocats S.L.), facturaron a Caixa Laietana cerca de un millón de euros anuales por distintos servicios jurídicos, unas funciones que podían haber realizado los servicios jurídicos propios de la entidad pero que Pere Antoni de Dòria decidió externalizar en favor de las empresas de sus hijos.
“Con esto queremos denunciar el nepotismo con el que Dòria actuó durante todos estos años. Gestionaron Caixa Laietana como si fuese una finca particular, de forma casi feudal. Es un ejemplo paradigmático de lo que ha sucedido con el sistema de cajas y bancos de Cataluña y en el conjunto del Estado. Esta élite extractiva corrupta ha actuado de forma fraudulenta, en contra de los intereses de la propia entidad, de sus trabajadores y de los pequeños ahorradores”, manifiesta Vendrell.
Así mismo, se han facilitado al juez las fichas explicativas que durante el mandato de Dòria se entregaron a los empleados de la caja, en las que se señalaba que las participaciones preferentes se debían vender a “clientes con aversión al riesgo”. También la documentación con las directrices de la dirección a sus empleados para que, una vez saltó el escándalo de las preferentes, cambiasen las participaciones de los afectados por acciones de Bankia, cuyo valor cayó en picado tras su salida a bolsa, con la consiguiente pérdida de valor de los títulos.
Presiones a los tasadores
Por último, se aporta la documentación que supuestamente acredita que Caixa Laietana, durante el mandato de Dòria, presionó a los tasadores para que se saltasen ciertas condiciones fijadas en la normativa hipotecaria que pusieron en riesgo la concesión de determinadas hipotecas. En septiembre de 2007, J.M Batlle, tasador de la empresa BS3 Urbanisme i Taxacions S.L., denunció estas presiones y anunció que dejaba de trabajar para la entidad. Este hecho, señala ICV, “sugiere que se produjeron numerosas irregularidades en todo el proceso de concesión de hipotecas, sobre todo relacionadas con clientes importantes de Caixa Laietana”.
“Quiero recordar que el problema más grave que ha tenido Caixa Laietana es el inmobiliario, y son precisamente muchas de estas operaciones inmobiliarias realizadas durante aquel periodo lo que después ha provocado la crisis de la entidad”, señala Vendrell. “El sistema de cajas que teníamos en Cataluña y en el Estado español se lo han cargado gente como el señor Dòria. Estos señores han provocado mucho daño. Han hecho desaparecer el sistema de cajas, han arruinado a mucha gente, han provocado un grado de sufrimiento social muy grande y deben pagar ante la Justicia”, sentencia.
Pere Antoni de Dòria, así como su sucesor Josep Ibern y cinco exdirectivos más son los primeros directivos de las antiguas cajas de ahorro catalanas imputados por la venta de preferentes y deberán comparecer ante el juez el próximo 22 de enero. El magistrado considera que los hechos denunciados por la familia de afectados de Vallgorguina que supuso la apertura de la causa podrían ser constitutivos de un delito de estafa. Tras la aportación de nueva documentación, el juez deberá decidir si aumenta los delitos imputados. Fuentes de ICV confirman que empleados de la caja están dispuestos a declarar ante el juez para corroborar las prácticas denunciadas.
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