El Gobierno español financia campañas antitransgénicos en Latinoamérica

Daniel Mediavilla // España es el décimo país del mundo que más superficie dedica al maíz transgénico y el único país de Europa que tiene este tipo de cultivos a gran escala. De hecho, en los cables publicados por Wikileaks, se reconocía a este país como el gran aliado de EEUU en Europa a favor de esta tecnología. Con estos antecedentes, llama aún más la atención que en Latinoamérica sea posible encontrar documentos que muestran que el dinero español ha financiado campañas contra los transgénicos en aquellos países.

Es el caso de Perú, donde se pudieron ver carteles producidos por la Comisión de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos ambiente y ecología para anunciar audiencias en las que se promovería la ley que declararía al país sudamericano como libre de transgénicos. En esos anuncios se puede ver cómo el

Es el caso de Perú, donde se pudieron ver carteles producidos por la Comisión de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos ambiente y ecología para anunciar audiencias en las que se promovería la ley que declararía al país sudamericano como libre de transgénicos. En esos anuncios se puede ver cómo el principal patrocinador es el Gobierno de España a través de la embajada de España en Perú y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Más llamativo aún puede parecer que el Gobierno del Principado de Asturias, a través de su Consejería de Bienestar Social y Vivienda, auspicie un movimiento en defensa de un Chile libre de transgénicos.

Los ciudadanos asturianos financian sin saberlo una iniciativa en la que se da a entender, por ejemplo, que existe un consenso científico sobre lo pernicioso de los transgénicos. En un folleto de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, se puede leer que la Asociación Médica Británica (AMB) recomienda la prohibición del uso de transgénicos y profundizar en el estudio de los efectos para la salud de estos cultivos. No dice, sin embargo, que la AMB afirma que su “evaluación de los estudios disponibles indican que el potencial de los organismos modificados genéticamente para causar efectos negativos para la salud es muy pequeño”. Esa asociación, que indica que es necesario seguir haciendo estudios para descartar todos los riesgos por pequeños que sean, añade: “Tenemos que superar la histeria que con frecuencia se ha asociado con los transgénicos y juzgar cada cultivo caso por caso”.

El folleto de la asociación financiada por los asturianos también se toma como referencia científica a Gilles-Eric Seralini, un biólogo francés que publicó un estudio en el que aparentemente se demostraba que un maíz transgénico de Monsanto provocaba grandes tumores en ratas. La revista que publicó ese estudio pidió recientemente su retirada después de un análisis de la calidad de los datos. Antes, la Unión Europea había rechazado el trabajo de Seralini por su calidad científica insuficiente.

Tres días después de ser preguntados por Materia, ni el Gobierno de España ni el de Asturias han sido capaces de responder si conocían la existencia de este tipo de subvenciones o si el apoyo a campañas contra el uso de los organismos modificados genéticamente se encuadra dentro de las políticas españolas respecto a esta tecnología o si en el presente continúan existiendo.

Otras instituciones, como Asebio, la patronal de las empresas biotecnológicas, sí que han mostrado su opinión sobre este tipo de campañas. Jorge Barrero, adjunto a la presidencia de la organización, considera que se trata de “un ejercicio de irresponsabilidad y de ignorancia que no debería estar avalado con fondos públicos”. En su opinión, “detrás de estos movimientos suele haber anticapitalistas de salón, que pretenden atacar al modelo económico atacando la tecnología e imponiendo un sistema alternativo a los países en vías de desarrollo condenándoles a seguir siéndolo. Y todo desde posiciones cómodas e hipócritas sin ningún argumento científico que lo avale”. Barrero considera, además, que estas posiciones fundamentalistas favorecen el statu quo actual, donde solo grandes empresas, como Monsanto, “pueden aguantar la presión en contra e impiden el desarrollo de la investigación pública y la libre competencia”.

[Artículo publicado originalmente en Materia]