MADRID // Este jueves se debaten en el Congreso las enmiendas a la totalidad del nuevo proyecto de ley para reformar el sector eléctrico, que parte sin ningún respaldo. Tanto la Comisión Nacional de Competencia (CNC) como la Comisión Nacional de Energía (CNE), así como los particulares que abogan por el autoconsumo, los profesionales del sector de las renovables e incluso algunas de las grandes empresas que usan la energía eléctrica como input, han criticado o contradicho las máximas que inspiran el proyecto. Únicamente las cinco grandes eléctricas (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, E.On y EDP) salen ganando con la nueva normativa que pretende implantarse.
Son tres los puntos centrales de este proyecto de ley. El primero, núcleo de la reforma, pasa por rebajar el déficit de tarifa, que hasta julio de 2013 se cifra en 29.000 millones de euros. Al igual que ocurre con los Presupuestos Generales del Estado, las medidas propuestas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo están exclusivamente orientadas a su reducción. Para ello, según explican desde la Fundación Renovables, «la lógica de la reforma se reduce a medidas recaudatorias que se cargan a los peajes, que se subirán automáticamente todas las veces que haga falta». Esto significa que el proyecto de ley tratará de compensar el déficit con un aumento de las tarifas, con cargo al consumidor, al que penalizará tres veces, «a través de la subida de la luz, los impuestos y la imposibilidad de acceder al autoconsumo».
La CNC contra las restricciones en el autoconsumo
Una de las medidas más controvertidas, y segundo pilar del proyecto de ley, es la relativa al llamado peaje de respaldo. Según el ministerio de José Manuel Soria, los particulares que deseen producir su propia energía para consumo propio deberán abonar un extra, ya que el autoconsumidor está conectado al sistema eléctrico de disfrute del respaldo que le ofrece la infraestructura en su conjunto. Esta norma, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), obligará a pagar un 9% más al año a quienes generen su propia electricidad para consumo particular.
Sin embargo, la CNC, en el recientemente elaborado informe IPN 103/13, considera falso este argumento. En su estudio asegura que ya pagan un peaje de respaldo por la conexión a la red pública. Además, según afirman, quebranta el principio de proporcionalidad al obligar al autoconsumidor a pagar más que el resto de consumidores. La CNC, además, considera que las restricciones en el autoconsumo perjudican la competitividad de la economía española porque legisla contra la vía que más podría incrementar la competencia en el mercado interno y externo del sector energético español.
Muy al contrario de lo que se afirma en el proyecto de ley, la Comisión Nacional de Competencia considera que el autoconsumo “sirve para disciplinar, al menos indirectamente, al sistema eléctrico“. Un hecho que resulta especialmente “atractivo“ en el contexto español, que “presenta una insuficiente competencia en el mercado tanto mayorista como minorista“. El informe de la CNC también concluye que las restricciones al autoconsumo perjudicarán a los consumidores particulares (ya que cuantas menos empresas intervengan, más podrán elevar los precios) y a las grandes empresas que utilizan la energía eléctrica como input (elemento que participa en un determinado proceso productivo).
También la Comisión Nacional de Energía ha criticado las restricciones al autoconsumo y ha cuestionado la ausencia de justificación para ponerle trabas. De hecho, considera que las medidas propuestas “sacrifican la eficiencia económica a medio y largo plazo en aras de la sostenibilidad económica a corto plazo, entendida como recuperación de costes en gran parte hundidos que preceden en el tiempo al autoconsumo y no son achacables a él”.
Rentabilidad razonable cuestionada
Uno de los motivos fundamentales por los que José Manuel Soria ha decidido introducir cambios normativos en el sector eléctrico son los más 4.000 millones de euros de déficit que registró este sector el pasado año. Para tratar de reducirlo, su proyecto de ley apela a la llamada rentabilidad razonable de las energías renovables, que constituye el tercer gran pilar de las medidas que pretenden introducir. Argumentan que, al obtener unos beneficios desmesurados, contribuyen a incrementar este déficit.
En un primer momento, se estableció un marco legal por el que un kilovatio, al ser generado por una instalación renovable, se consideraba limpio (no emisor de CO2), por lo que merecía una retribución que especifica la ley durante un período concreto que también especificaba la ley. Sobre la base de estos parámetros, tanto los inversores como los empresarios del sector se planificaron. Es decir, decidieron cuánto dinero invertir y calcularon cuánta energía iban a generar. Este cálculo se completaba con un aval del Gobierno mediante el que garantizaba que recibirían un precio determinado por cada kilovatio producido, y con este aval solicitaron préstamos bancarios.
En diciembre de 2010, el antiguo ministro de Industria, Miguel Sebastián, mediante el Real Decreto–ley 14/2010, introdujo rebajas en el precio de la prima (lo que cobran las empresas por kilovatio generado), recortes en el número de horas primadas y un incremento de impuestos, además de aplicarles otros nuevos. Entre estas medidas se encontraba la de la rentabilidad razonable basada en primas, aplicada únicamente al sector de las renovables, por la que se establecía que el beneficio máximo que debían obtener por cada kilovatio generado iba a ser del 7,5%.
Con este nuevo proyecto de ley de José Manuel Soria, las medidas que pretenden introducir se aplicarán retroactivamente. Es decir, tanto a las nuevas empresas de energía renovable que se creen como a las que ya están creadas. Una medida muy criticada por el presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José López-Tafall, quien declaró a principios de octubre que “no hay nada que asuste más a los inversores que la retroactividad”. López-Tafall también quiso señalar que se están modificando “radicalmente las reglas del juego con las que se invirtieron 25.000 millones. Estamos en la más absoluta incertidumbre regulatoria, con nula visibilidad y parón inversor”.
La regla fundamental a la que se refiere pasa por la retribución que recibirá el sector de energías renovables, que ya no se basará en primas sino en la rentabilidad razonable, establecida en función de la evolución del bono a 10 años más 200 puntos, lo que repercutirá negativamente en un sector cuya pérdida estimada asciende a 1.300 millones de euros. El proyecto de ley también explicita que estas retribuciones serán revisadas cada tres años, en función de la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y de la rentabilidad adecuada para estas actividades.
También las diferentes asociaciones del sector han criticado las nuevas medidas que pretenden introducir, ya que consideran que quiebran la seguridad jurídica, y que, al no poder hacer frente a los pagos dada la considerable merma que producirá en sus ingresos, muchos de los pequeños inversores correrán el riesgo de declararse en quiebra. Asimismo, han denunciado que esta situación es, en realidad, “un proceso de expropiación encubierta“ porque, quienes no puedan afrontar los gastos, deberán entregar sus instalaciones renovables a las entidades financieras.
El proyecto de ley, cuyas enmiendas a la totalidad se debatirán mañana, nace de la necesidad, según el Gobierno, de tapar el “agujero de 4.500 millones de euros“ generado por el déficit el pasado año. Una misión para la que, tal y como argumenta José Manuel Soria, requerirá del esfuerzo económico de consumidores, empresas del sector y otra parte más con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (es decir, a los españoles). De estos 4.500 millones de euros, los consumidores asumirán, de manera directa, 900 millones, e, indirectamente mediante el cargo a los PGE, otros 900 millones. El resto del dinero, 2.700 millones de euros, se obtendrán de los recortes en los costes del sistema eléctrico y serán imputables a las empresas del sector.
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