Los pueblos indígenas representan un 5% de la población mundial y, a pesar de esto, 300 de los 900 millones de indigentes del mundo forman parte de estas comunidades. Es más, un informe sobre la situación de los pueblos indígenas elaborado por la ONU en 2010 concluye que «ser indígena es ser pobre». La colonización, la desposesión de sus tierras, territorios y recursos, la opresión y la discriminación han sido, históricamente, los principales problemas a los que se han tenido que enfrentar las diversas comunidades indígenas repartidas por el mundo. Hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, su situación no ha cambiado.
A pesar de que, sobre el papel, están reconocidos, son muy pocos países los que respetan los derechos de los indígenas sobre sus tierras y, por tanto, les otorgan títulos de propiedad y una demarcación territorial. Incluso en los casos en que que consiguen obtener estos títulos, el Estado suele arrendar sus tierras para explotaciones mineras, madereras o de extracción de recursos naturales. Un ejemplo de ello lo tenemos en Perú.
En abril del año pasado, el gobierno de Ollanta Humala aprobó la expansión del proyecto de gas Camisea, valorado en 1.600 millones de dólares. Este proyecto es uno de los mayores de la Amazonia, y está gestionado por un grupo de empresas entre las que se encuentran Repsol, la argentina Pluspetrol y la estadounidense Hunt Oil. Este proyecto viola el Decreto Supremo que se aprobó en 2003 y por el que que, a cambio de que Perú recibiera un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, se comprometieron a prohibir cualquier ampliación de Camisea.
La ONU exige la paralización del proyecto
Por este motivo, varias organizaciones indígenas del país interpusieron una queja al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (CERD), en la que se solicitaba la detención inmediata de los planes del consorcio de petroleras. La ONU respondió con el envío de una carta al gobierno de Perú en la que exigía el cese del proyecto de expansión ya que, según consta en la misiva, “amenaza la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que habitan en la reserva Nahua-Nanti”.
Como respuesta a esta exigencia por parte de la ONU, el Ministerio de Energía y Minas peruano aprobó la siguiente fase de la expansión, con una inversión valorada en 480 millones de dólares. Además, las empresas petroleras iniciaron pruebas sísmicas en la selva, unas pruebas para las que es necesario detonar miles de explosivos y que incluían la perforación de alrededor de veinte pozos de exploración.
A finales de julio de este año, según ha denunciado la ONG Survival Internacional, el Ministerio de Cultura de Perú elaboró un informe en el que explicaba a qué peligros se enfrentaban los llamados «indígenas aislados» de la reserva Nahua-Nanti (llamados así porque no han querido tener contacto con el mundo exterior). La ONG cuenta que «el informe desapareció justo horas antes de que fuera publicado en Internet y ahora tanto el Ministro como el Viceministro de Cultura han dimitido». En el informe nunca publicado se hablaba, entre otras cuestiones, del riesgo de propagación de enfermedades entre estos indígenas (que carecen de inmunidad ante enfermedades comunes por su aislamiento) que podían contagiarles los trabajadores de las compañías petroleras.
563 asesinados en Brasil
La ONG Manos Unidas explica que en Brasil la defensa de los grupos indígenas pasa por proteger su vida e integridad física. «Entre 2003 y 2012 han asesinado a 563 indígenas. Y en el origen de esta violencia nos encontramos con el retraso o la omisión en la regularización de las tierras indígenas, el confinamiento de grandes poblaciones en pequeñas reservas y la degradación ambiental de las tierras para extraer recursos como la madera, la minería y la pesca», constata.
Esta afirmación coincide con el último informe anual del Conselho Indigenista Missionário (CIMI), presentado el pasado mes de junio. En primer lugar, denuncia la vulneración sistemática del respeto de titularidad y demarcación de las tierras que pertenecen a los indígenas. «De las 1045 peticiones para reconocer los territorios, el 32% son directamente ignorados. Se estudian alrededor de 293 casos y, de estos, 44 de media son archivados automáticamente por el Gobierno», afirma. También denuncia que «hay numerosas áreas indígenas sin pasos y procesos a los que se solo les falta la firma de Rousseff». Algo gravísimo ya que el retraso y la omisión de la regulación de estos territorios es uno de los motivos por los que se ha agravado la violencia en los últimos años.
La falta de reconocimiento legal de las tierras permite a las empresas madereras acceder a estas sin que se les presenten obstáculos. Un hecho que ya se confirmó a finales de 2011 cuando, según Surival Internacional, un grupo de «quince indígenas de las comunidades ashéninka y asháninka de Perú y Brasil se unieron para investigar las actividades ilegales de los madereros a lo largo de la frontera». Hay que tener en cuenta que saber cómo afecta a los indígenas aislados brasileños es complicado porque, dado el maltrato histórico que han recibido por parte de la sociedad, permanecen escondidos. A la vuelta de su expedición, los exploradores alertaron de que, además de las madereras, las zonas en las que viven los indígenas están siendo tomadas por narcotraficantes, lo que también hace peligrar la vida de los que allí habitan.
También denunciaron que estas talas ilegales son posibles por la pasividad del gobierno brasileño, que no cumple con su obligación de proteger el territorio indígena. Una pasividad que se ha vuelto más activa en 2013 ya que, actualmente, se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de abrir la selva a minas, presas, bases militares y otros proyectos industriales. Esta nueva propuesta, el Proyecto de Ley 227, es, según las asociaciones indígenas brasileñas, parte de un plan orquestado por el poderoso grupo de presión rural brasileño al que pertenecen numerosos políticos que son propietarios de haciendas ganaderas ubicadas en territorio indígena. Además, cuenta con el apoyo de varios miembros del Congreso, algunos de los cuales se sospecha que reciben fondos de las empresas mineras y de agronegocios, incluida Bunge, que compra caña de azúcar cultivada en la tierra de los indígenas guaraníes. Si el proyecto de ley sigue adelante, podría suponer un desastre para los indígenas aislados, que dependen de sus tierras como sustento físico y cultural.
