MADRID // Brasil planeó invadir Uruguay en los años 60 por miedo al ascenso de la izquierda revolucionaria y de las corrientes más progresistas. Esta es la tesis que defiende y documenta Federico Leicht , escritor y periodista uruguayo, en su nuevo libro Orden y Progreso (Ediciones de la Plaza, 2013). Respaldado por Estados Unidos, el gobierno golpista brasileño contribuyó a hacer efectivo el fraude electoral de 1971 que puso en el poder a Juan María Bordaberry, quien dos años más tarde dio el golpe de Estado que sumió a Uruguay en una feroz dictadura cívico-militar que se prolongó hasta 1985.
A pesar de ser una verdad socialmente asumida, el principal aporte de su investigación consiste en la demostración de estos hechos. A partir de documentos desclasificados de los gobiernos estadounidense, brasileño, argentino y uruguayo, además de las publicaciones periodísticas de la época, Leicht explica detalladamente cómo se planearon y se llevaron a cabo. Paradójicamente, es Uruguay el país que presenta mayores dificultades de acceso a los documentos de la dictadura militar. «Los papeles que pueden enriquecer esta investigación no son aún accesibles. Al gobierno del Frente Amplio [la coalición de izquierdas que gobierna en Uruguay desde 2005] le fueron entregados archivos microfilmados de aquella época que aún se mantienen reservados», cuenta el escritor desde Uruguay en conversación telefónica con La Marea.
Brasil, el gendarme de EEUU en América Latina
Cuando hablamos de la Doctrina de la Seguridad Nacional nos referimos a las acciones políticas estadounidenses durante los años 60 y 70 para que los distintos ejércitos latinoamericanos gobernaran en sus países. El objetivo principal era la erradicación de la ideología de izquierdas (comunista o socialista) y la imposición de una economía neoliberal a partir de la que sus empresas y las de sus socios pudieran enriquecerse. Y el primer país que sirvió a sus intereses fue Brasil. Según Leicht, el gigante sudamericano «actuó de gendarme de Estados Unidos en toda América del Sur“.
A partir de 1964 (año en el que comenzó la dictadura cívico-militar), Brasil, previamente adoctrinado por los estadounidenses, comenzó a entrenar ideológicamente, así como en técnicas de guerra y de tortura, a los militares de las Fuerzas Armadas de Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay. Aquí se gestó el Plan Cóndor, un plan de coordinación de operaciones entre los regímenes dictatoriales del Cono Sur y Estados Unidos, que permitió el traslado de personas entre estos países para llevar a cabo acciones de represión, tortura y desaparición de miles de personas.
A partir de 1967 Brasil quiso ir un paso más allá. Preparó lo que en los documentos estudiados por Federico Leicht se conoce como Plan 30 Horas. Básicamente consistía en tomar Uruguay en ese lapso de tiempo para evitar que reaccionaran las organizaciones internacionales como la ONU o la OEA (Organización de Estados Americanos) y neutralizar así la amenaza comunista. No pudieron llevarlo a cabo, aunque finalmente lograron sus propósitos gracias al fraude electoral de 1971, que benefició al Partido Colorado y puso a Bordaberry en el poder.
«Sin verdad no hay justicia»
Leicht define a Uruguay como un «país gerontocrático», la forma oligárquica de gobierno en la que el poder de las instituciones está en manos de los más ancianos. «Los que fueron principales actores durante la dictadura cívico-militar también lo son ahora», recalca el autor. Y es que tanto el presidente de la República José Mujica, como el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, formaron parte del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaro, principal fuerza de izquierdas de la época. Ambos fueron encarcelados y torturados por los dictadores de la época.
«Sabemos que desde 1985 los principales dirigentes tupamaros, entre ellos Mujica y Fernández Huidobro, han tenido encuentros esporádicos con los militares», explica Leicht. Como ha ocurrido con muchas dictaduras, incluida la franquista, el paso a la democracia se basó en una amnistía para los genocidas. En Uruguay, este perdón generalizado se tradujo en la Ley de Caducidad. Hubo dos referendos, uno en 1989 y otro en 2009, para que la gente decidiera si se anulaba la prescripción de esos delitos de lesa humanidad. En ambos casos se votó en contra.
Desde el Parlamento, uno de los que manifiestamente rehusó juzgar aquellos delitos fue el propio ministro de Defensa, Fernández Huidobro. Además, José Mujica declaró que «recién cuando todos estemos muertos se sabrá la verdad» y que había que liberar a los pocos militares presos porque estaban «muy viejitos». Así, Mujica aboga por el perdón histórico de quienes violaron los Derechos Humanos.
«Con esta investigación intento rascar en la Memoria Histórica uruguaya. Creo que sin verdad no puede haber justicia», explica Leicht, que asegura que no es una inquietud exclusivamente suya: «En los últimos años se ha notado una corriente revisionista por parte de los sectores más jóvenes de la sociedad». Esto se ha traducido en un auge de la edición de libros y reportajes basados en el periodismo de investigación para tratar de arrojar luz sobre ese período oscuro de la Historia de Uruguay. Su objetivo es, por un lado, terminar con las leyendas y los mitos heroicos de algunos miembros de la izquierda. Por el otro que, antes de que mueran, puedan ser juzgados los criminales fascistas que sumieron al país en una dictadura del terror durante más de una década.
