MADRID // ¿Por qué la Universidad Rey Juan Carlos no ha entregado las facturas de los gastos de su rectorado al juzgado de Madrid que se las reclama? Quizás porque esa información podría ahondar el abismo que se insinúa entre las palabras y las obras del jurista que durante once años ha sido su rector: Pedro González-Trevijano, el catedrático de Derecho que el 7 de junio entró como magistrado en el Tribunal Constitucional de la mano del Gobierno del PP. Todo un culmen para una carrera marcada por la adhesión acérrima a posiciones ultraconservadoras.
El 3 de febrero, el ahora magistrado abogaba por impulsar “el rearme moral” en un artículo publicado en ABC, un texto en el que criticaba a los políticos corruptos y tildaba a la sociedad de “autocomplaciente y hedonista”. Todo mientras él mismo tuvo a su disposición –entre 2009 y 2012–473.156 euros para gastos de representación, según los presupuestos de la universidad.
La cantidad citada a disposición del rector está calculada a la baja, pues sólo incluye la partida más abultada de los “Gastos diversos” del rectorado, las “Atenciones protocolarias y representativas”; un cajón de sastre en el que se puede incluir desde un ramo de flores para agasajar a una política a cualquier gasto relacionado con las funciones de rector, un cargo que de por sí lleva aparejadas prebendas, como el coche oficial con conductor, que no han sufrido recorte alguno. Todo lo contrario que el profesorado del centro pues, por poner un ejemplo, en 2012, la Rey Juan Carlos (URJC) no renovó su contrato a 200 profesores alegando la sempiterna excusa de la crisis.
¿Para qué y cómo se usó este dinero destinado a financiar detalles? La URJC no ha respondido a las preguntas de este medio inquiriendo acerca del destino que se ha dado a estos fondos, ni tampoco ha aclarado si piensa entregar las facturas al juzgado de instrucción nº 23 de Madrid, que ya le ha dirigido tres providencias –la última le fue notificada el 11 de junio– en ese sentido, a instancia de los abogados del catedrático de Estadística de la URJC David Ríos.
Poco tiempo después de que la gerencia de la universidad recibiera la primera de estas providencias, el 11 de enero, su Consejo de Gobierno aprobó los presupuestos de 2013; el epígrafe de atenciones protocolarias pasó de los 97.473 euros de 2012 a sólo 2.000 euros este año.
Las contradicciones entre lo que predicaba el ahora magistrado y su proceder no se limitan a las cuestiones económicas. En su artículo, González-Trevijano denostaba “la lacra de la corrupción” y citaba la “utilización indebida de fondos públicos, el indigno tráfico de influencias y los cohechos propios o impropios”. Y eso pese a que entre los empleados de la Rey Juan Carlos se encuentra un imputado por esos mismos delitos: Jesús Calvo, acusado de blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho dentro de la trama Gürtel, según publicó el diario 20 minutos. Calvo fue secretario técnico de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón.
Parientes de políticos
Al ahora ministro de Justicia se le atribuye precisamente la idea de fundar esta universidad que trataba de romper el dominio ideológico de la izquierda en el cinturón obrero del sur de Madrid. La vinculación de la Rey Juan Carlos con el PP encuentra un reflejo en el hecho de que en sus aulas y despachos trabajan no pocos familiares de políticos de ese y otros partidos, una circunstancia que ha dado pie a acusaciones de nepotismo.
Entre los empleados de la Rey Juan Carlos figuran, por ejemplo, Isabel Ruiz-Gallardón, prima del titular de Justicia; Isabel Mayor, hija de Jaime Mayor Oreja; Edurne Uriarte, exmujer del ministro de Educación José Ignacio Wert; Margarita Cifuentes, hermana de la delegada del Gobierno en Madrid; Gonzalo Ramírez de Haro, cuñado de Esperanza Aguirre, y José María Bethencourt, exvicesecretario de Estado de Aznar, así como su hija Soledad. También David Ortega, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, y el socialista Rafael Simancas, así como el director de La Razón, Francisco Marhuenda. Algunas de estas personas son funcionarios de carrera, como Uriarte, que es catedrática. Con respecto al resto, la URJC no contestó a las preguntas de La Marea sobre cómo habían sido contratados por la universidad.
La nómina del centro también incluye a un abogado al que se relacionó con el caso Palma Arena: Enrique Arnaldo Alcubilla, nombrado por González-Trevijano delegado de Relaciones Institucionales, cuyo bufete se vio implicado, aunque luego el juez archivó la causa, en la pieza 5 de este caso de corrupción. Este letrado forma parte del Consejo de Gobierno de la universidad, el órgano que aprueba los presupuestos y en cuyo aval se escudan sus responsables como garantía de legalidad.
Los presupuestos pueden ser legales pero, en opinión de David Ríos, distan mucho de ser transparentes. La disputa de este matemático con la universidad empezó tras las elecciones a rector del 26 de noviembre de 2009, que ganó González-Trevijano. Ríos, que también se había presentado al cargo, impugnó la candidatura de su rival con el argumento de que los estatutos de la universidad impedían presentarse más de una vez a la reelección, como era el caso.
Ese fue el comienzo de una batalla judicial en la que este profesor, que dice aspirar a una “universidad transparente y basada en el mérito”, ha denunciado numerosas irregularidades. Para empezar que, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) invalidó en 2011 la sentencia en primera instancia que había confirmado la legalidad de la candidatura de González-Trevijano, el rector siguió tranquilamente en su cargo.
“La universidad y el rector presentaron recursos de amparo ante el Constitucional, pero, desde la sentencia del TSJM a la presentación del recurso, transcurrieron varios meses en los que no se ejecutó la sentencia”, explica Ríos. Al final, el Constitucional dio la razón a González-Trevijano, que no tuvo que abandonar su puesto.
Pero, ¿por qué no se ejecutó la sentencia? Ríos atribuye la demora al hecho de que el juez que tenía que ejecutar la orden del TSJM, Alberto Palomar, había sido contratado por la Rey Juan Carlos para dar un curso de verano en 2010. Un descubrimiento que motivó una querella por prevaricación que fue archivada pese al informe del fiscal, favorable a la imputación, y a un voto particular en contra del archivo de la causa. Los cursos de verano dependen de la Fundación de la URJC, una institución cuya administradora no es otra que María Teresa Martín del Peso, la esposa de González-Trevijano.
Como respuesta a las demandas de Ríos, el rector presentó una querella contra él por injurias, a causa de un anónimo que apareció en su blog en el que se llamaba a González-Trevijano “Rector 135.000” en alusión a sus gastos. Para defenderse de ese cargo, la defensa de Ríos pidió al juzgado que reclamara las facturas: si se demostrara un uso indebido del dinero, la supuesta injuria no sería tal al confirmarse su veracidad.
El rector en funciones, imputado
Entre los imputados de la URJC figura su rector en funciones, Fernando Suárez, acusado de amenazar a Antonio Alonso, director del departamento en el que trabaja Ríos, Estadística. Suárez amenazó supuestamente a Alonso en una conversación que quedó reflejada en una grabación a la que ha tenido acceso La Marea.
En ella, la voz que se atribuye al ahora rector tilda a Ríos de “hijo de la gran puta” y a sus colaboradores de “sinvergüenzas” y “leprosos”. La misma persona exige a Alonso “actos de fidelidad” a González-Trevijano y que ponga por escrito que Ríos es “un hijo de puta”. Y, para terminar, anuncia a su interlocutor que, como no haga lo que él quiere, “pasarán cosas”. Y, deplora Alonso, “esas cosas pasaron”. El profesor explica que, el verano pasado, todos los contratados doctores de su departamento, siete, fueron despedidos como “represalia”. Dos de ellos han tenido ya que ser readmitidos.
Si los parientes de políticos proliferan en la Rey Juan Carlos, otro tanto sucede con los familiares de empleados. Los docentes entrevistados coinciden en señalar que el “despilfarro” y otras irregularidades se asientan sobre una “red clientelar” tejida a base de repartir trabajo y prebendas. En los presupuestos de la universidad hay una partida para gratificaciones que, este año, al igual que los dos anteriores, se eleva a 169. 101 euros. Un profesor de la URJC que prefiere no dar su nombre precisa que ese dinero deja en manos del rectorado la posibilidad de ofrecer “sobresueldos legales, con su IRPF” a empleados de los que se quiere obtener la aquiescencia.
Alonso, por su parte, subraya: “En la URJC uno de cada cinco profesores es interino, mientras que la media de las universidades en España es de uno de cada 100”. El profesor que declaró bajo anonimato explica: “Los gastos de representación han sido la herramienta de promoción exterior del rector y las gratificaciones, la vía para construir una estructura clientelar. Luego están los contratos: a la persona más honesta, se la corrompe con un empleo para un hijo. Hay dos mecanismos, uno, los contratos de interinos que, si se hacen mediante procedimiento de urgencia, no precisan ni de ser anunciados y, dos, los contratos de profesores visitantes, para los que, en la URJC, se ha eliminado el requisito que obliga a que procedan de otro centro o universidad”.
No sólo el exrector y el rector en funciones tienen a sus esposas en la URJC. Por citar alguno de los ejemplos, se puede mencionar a los tres hijos de Camilo Prado, decano ya fallecido de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que trabajan en la Rey Juan Carlos, o al hijo y la hija de otro exdecano de esta facultad, Carlos Fernández de Casadevante, también empleados por la institución (el hijo entró como profesor visitante pese a carecer de experiencia docente). La nómina de la URJC también incluye a tres miembros de la prole de un exrector que, en 2000, duró 15 días en el cargo: Rogelio Pérez-Bustamante. Otro caso es el de la decana de Turismo, Catalina Vacas: su hijo, profesor visitante, es coordinador de los estudios de Turismo online y su nuera, secretaria administrativa de la facultad. ¿Y quién es la vicedecana? La hermana de la decana. Catalina Vacas, miembro del Consejo de Gobierno, firmó una carta de adhesión a González-Trevijano cuando éste se presentó a rector.
Luego está el secretario general, Andrés Gambra, afín a un grupo de ultraderecha carlista, otro responsable que entró como interino en la URJC, una universidad que, por cierto, ahora emplea a uno de sus hijos.
“La clave de esta red clientelar es la precariedad. A los interinos se les puede echar a coste cero y, por ello, quien tiene un hijo contratado así sabe que, si se rebela, se acaban los privilegios”, explica el profesor, que termina ofreciendo otra de las claves de la “impunidad” en la URJC: su nombre. “Ésta es la universidad del rey y al amparo de ese nombre todo le ha sido permitido».
La conexión con la Casa Real y otras instituciones del Estado
Además de los familiares de políticos y los parientes de decanos y catedráticos, la Rey Juan Carlos cuenta entre sus empleados con personas del entorno de la Casa Real o que han ocupado cargos relevantes en altas instituciones del Estado. Por ejemplo, Martí Fluxá, exsecretario de Estado de Seguridad y jefe de protocolo del rey entre 1992 y 1996, que ahora preside el Consejo Social de la Fundación de la universidad. También encontramos en la URJC a Alfonso de Esteban, quien, al igual que González-Trevijano, forma parte de la Junta Electoral Central. De Esteban tiene a uno de sus hijos trabajando en la Rey Juan Carlos.
38.000
El alumnado
El pasado curso, 38.000 estudiantes estaban matriculados en la URJC.
5.789.776 euros
Los beneficios de 2012
Según los datos de la memoria económica de la URJC, el año pasado el ejercicio se cerró con superávit, al igual que los años anteriores. Y eso que los despidos en agosto de once contratados doctores se justificaron so pretexto de la crisis.
Este artículo ha sido publicado en el nº 7 de La Marea, ya a la venta en quioscos
