MADRID // España y la Unión Europea financian el viaje de retorno, con subvención de 400 euros incluida, para inmigrantes que muchas veces huyeron del infierno de sus países para salvar su vida o su integridad. Esa magra recompensa, que en ningún caso superará los 1.600 euros por familia, es lo que obtendrán las víctimas de trata, torturas o violaciones, los solicitantes de asilo político, los menores no acompañados y quienes hayan sufrido “otras formas graves de violencia” si se acogen a un programa de “retorno voluntario” del Ministerio de Empleo publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado lunes 1 de abril.
El objetivo de la resolución que recoge el BOE, adoptada el 20 de marzo, es financiar programas de retorno, gestionados por ONG, a sus países de origen para inmigrantes, tanto regulares como sin papeles, por un importe total de 2.400.000 euros – un millón de ellos cofinanciados por el Fondo Europeo para el Retorno-.
Estas cantidades se destinarán a diversos programas, incluido uno en el que se da “prioridad” para abandonar España a víctimas de gravísimos delitos como la tortura, la trata de seres humanos y a aquellas personas que han solicitado, sin obtener aún respuesta, la condición de refugiado político; es decir, los inmigrantes más necesitados de protección.
El criterio de concesión de estas subvenciones es la vulnerabilidad: a más necesidad de protección y, en muchos casos, más peligro a la hora de regresar, más posibilidades hay de acogerse a esta financiación que concede el Estado y la UE. El anexo A de la resolución establece que “todos los programas tendrán en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes interesadas en retornar a sus países como criterio prioritario para la selección de beneficiarios”.
Estos ciudadanos extracomunitarios cuya salida de España se promueve mediante este programa específico para «personas vulnerables» son precisamente los inmigrantes más blindados por las leyes españolas e internacionales. Por ejemplo, los solicitantes de asilo político, quienes, de acuerdo con la Convención de Ginebra, no pueden ser en ningún caso expulsados a la fuerza.
La misma situación en la que, en teoría, se encuentran las víctimas de trata y los menores no acompañados. Esta protección reforzada no ha impedido en el pasado que, por ejemplo, no pocos niños solos en España, como el marroquí Bilal Al Maghraoui, hayan sido expulsados ilegalmente. Así lo reconoció en 2009 un tribunal de Madrid que ordenó que se trajera a este menor de vuelta a España por haber sido vulnerados sus derechos fundamentales.
La única condición que el Ministerio de Empleo pone para el retorno de estos inmigrantes especialmente protegidos por la ley es que, en el caso de las víctimas de trata, los menores no acompañados, las personas que necesitan acompañamiento durante el viaje y “todos aquellos otros que la Dirección General [de Migraciones] estime”, se deberá seguir un “protocolo de actuación elaborado por la Dirección General de Migraciones”. El contenido de dicho protocolo no se detalla.
El texto es prolijo en buenas intenciones. Se precisa, por ejemplo, que los programas beneficiarios de las subvenciones serán aquellos que conciban el retorno como “una reintegración positiva en el país de origen” y que busquen “sinergias con iniciativas de apoyo a las personas migrantes retornadas promovidas por los países de origen”. También se insta a dichos programas a hacer “una aplicación transversal del enfoque de género” y a tener en cuenta la inserción sociolaboral del retornado.
«Contradicción con la figura del asilo»
A Javier Galparsoro, representante de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi, le parece que este tipo de subvenciones «entra en contradicción con la figura del asilo; si el perseguido está perseguido y reclama protección como refugiado político, no parece lógico que quiera volver al país de donde huyó porque su vida corría peligro«.
Aunque Galparsoro deplora la tendencia «que parece dirigida a vaciar de extranjeros el país«, su análisis se centra en cómo este tipo de programas representan un reconocimiento de nuestra «incapacidad» para responder en plazos razonables a peticiones como las de asilo político. En muchas ocasiones, el solicitante espera durante años sin obtener respuesta y sin poder acceder a unas condiciones dignas de vida.
Frente a las críticas, la versión oficial del Ministerio de Empleo, facilitada a este diario por su servicio de prensa, es que esta convocatoria de subvenciones «está dentro de la más estricta legalidad y en coherencia con las políticas europeas» en la materia. Empleo también recalca el carácter «totalmente voluntario» de este tipo de programas y que, en ningún caso, «se promueve ni impulsa que los inmigrantes regresen».
Las subvenciones están pensadas para personas que «quieran volver a sus países de origen porque la situación haya cambiado, o bien porque hayan venido a España engañadas por una mafia de tráfico de seres humanos y deseen volver con sus familias», concluye el Ministerio.
El texto de la resolución, efectivamente, recalca el carácter voluntario del programa. Sin embargo, en ningún momento se condiciona la subvención para facilitar el retorno de estos inmigrantes en situación de extrema vulnerabilidad a la desaparición objetiva y demostrable de las circunstancias– fuese de conflicto armado, violencia o riesgo para sus vidas-, que hicieron que buscaran refugio en España.
La consecuencia lógica de la voluntariedad del programa es, en el caso de los solicitantes de asilo, el desistimiento de la solicitud. También, como recalca el representante de CEAR, que «España queda exonerada de responsabilidad» sobre la suerte que estas personas puedan correr una vez fuera de territorio español.
