MADRID// La masiva manifestación de este sábado en Madrid, en defensa de los servicios públicos, no terminó a las 20:00 horas. Cientos de personas permanecieron en Neptuno, pese a que la marcha había quedado ya desconvocada, hasta que la policía desalojó la zona. En ese momento, gran parte de los manifestantes se desplazó a la glorieta de Atocha, donde comenzaron las cargas, que se extendieron hasta el barrio de Lavapiés.
El saldo de la jornada fue de 45 detenidos, de los que 9 son menores, según han confirmado fuentes policiales. De ellos, 19 han declarado este lunes. En una nota de prensa, la Policía ha informado de que las detenciones se han llevado a cabo «tras varios altercados», y ha asegurado que los agentes hallaron una «mochila abandonada por unos jóvenes en la vía pública» que contenía cuatro cócteles molotov.
Durante los altercados, fueron atendidas 40 personas por los servicios sanitarios, 12 de ellas policías. Precisamente el elevado número de heridos es, para los abogados de la Comisión Jurídica del 23-F, una evidencia de que demuestra una desmedida actuación policial. «De las 45 personas detenidas, 22 han recibido asistencia médica por lesiones de diferente grado, algunas de ellas graves bajo nuestro punto de vista, como son una fractura de brazo y heridas en la cabeza a una chica», sostienen desde la comisión, formada por abogados de la Legal Sol, Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Izquierda Anticapitalista, la Asociación Libre de Abogados y Juventud sin Futuro.
La plataforma organizadora de la manifestación del 23-F, Marea Ciudadana, también ha denunciado el «intento de criminalizar la protesta» en un comunicado, en el que además ha expresado su apoyo a los detenidos. «Se lanzaron mensajes desde el Gobierno tales como que se quería dar un golpe de estado, mensajes en los que se vinculaba a Marea Ciudadana con grupos violentos, radicales… para crear miedo en la población», señala el texto. La organización ha apuntado a los policías infiltrados de haber «provocado los altercados» y ha cargado contra la «estrategia de actuación policial y judicial abusiva y desproporcionada» que se ha aplicado sobre los detenidos.
La Comisión Jurídica del 23-F, que anuncia que es probable que emprendan acciones legales, está llevando el caso de 7 de los detenidos. La mayoría tiene cargos de desórdenes públicos, a lo que en algunos se añaden otros, como atentado a la autoridad. El grueso de personas fue detenido en la calle Hospital, en la parte trasera del Museo Reina Sofía, donde, según varios testigos, la policía antidisturbios avanzó por los dos extremos y detuvo a varios grupos. «Estas detenciones fueron totalmente indiscriminadas. Precisamente, uno de los detenidos allí fue una persona que iba a sacar su coche y no pudo hacer nada», aseguran las fuentes de la comisión.
Una mochila con cócteles molotov
La Comisión Jurídica del 23-F considera que la actuación policial fue un reflejo más de «la línea que está siguiendo el Gobierno en estos últimos meses». «En las cargas no hubo ni el equilibrio ni la ponderación debidos, fueron fruto del nerviosismo y de la necesidad de criminalizar una manifestación de miles de personas que fue totalmente pacífica», añade.
En cuanto a la mochila hallada por los agentes, los abogados de esta comisión recalcan que no tiene «ninguna relación» con los detenidos. «Se encontró supuestamente abandonada en la calle porque alguien avisó, pero los hechos son que en ningún caso se ha lanzado ninguno a la policía. Y lo más importante: el hecho de establecer esta relación entre la mochila encontrada y los detenidos vulnera los principios más fundamentales del derecho penal, que es la presunción de inocencia, más aún cuando se ejerce un derecho constitucionalmente reconocido como es el de manifestación y que la policía debe proteger», zanjan.
«El trato ha sido humillante»
Andrés -prefiere no dar su apellido- es uno de los detenidos que ha salido hoy de los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha sido arropado por decenas de personas que se han acercado a mostrarles apoyo. Este estudiante de sociología en la Universidad Rey Juan Carlos cuenta cómo fue detenido en la misma estación de cercanías de Embajadores. «Estaba ya de vuelta a mi casa, junto a un amigo, cuando agentes encapuchados nos cogieron a los dos«, explica.
Este joven, pese a que asegura que en ningún momento participó en los disturbios y que su detención fue indiscriminada, ha quedado en libertad con cargos de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y daño al mobiliario urbano. Andrés afirma que el apoyo de la Comisión Jurídica le ha dado fuerza. «Estás en una manifestación rodeado de gente pero te detienen y entonces te quedas completamente solo. Sin embargo, cuando ves el trabajo de estos abogados te das cuenta de que no, que no estás solo», recuerda con media sonrisa.