MADRID // El acuerdo pesquero de la UE con Marruecos, el más oneroso en términos beneficio-coste de los que mantenía Bruselas con un país tercero en 2011, podría volver a la vida después de que el Parlamento Europeo lo vetara en diciembre de ese año. Una decisión en la que fue clave uno de sus aspectos más controvertidos: la inclusión de las aguas del Sáhara Occidental en su ámbito de aplicación.

Pero este veto, que constituyó un severo varapalo a Marruecos, parece haber tenido un recorrido muy corto. Las autoridades europeas llevan meses negociando con Rabat un nuevo convenio pesquero que permita a las flotas europeas volver, no sólo a  aguas territoriales marroquíes, sino, con mucha probabilidad, también a las saharauis.

Representantes de la Comisión se reunirán de nuevo con las autoridades marroquíes el 15 y el 16 de enero en Rabat para avanzar en la consecución de este acuerdo. Aunque no se conoce aún el contenido del mandato negociador de la Comisaria Europea de Pesca, Maria Damanaki, el Observatorio para los Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW en sus siglas en inglés), tiene la “firme sospecha” de que el nuevo pacto tampoco excluirá las aguas saharauis.

La explotación de los recursos naturales de un territorio no autónomo (una colonia, según la doctrina de Naciones Unidas), como es el Sáhara, no es ilegal mientras se cumplan dos condiciones; la primera es que la población autóctona haya dado su visto bueno, algo que en este caso no ha sucedido. El segundo requisito es que la explotación del recurso beneficie a los saharauis.

Pese a que Marruecos entregó en 2011 un informe en el que supuestamente demostraba dichos beneficios, los europarlamentarios que votaron contra la prórroga del acuerdo consideraron que el documento no era suficiente, probablemente debido a que los datos que ofrecía eran vagos, no estaban apenas desglosados por regiones y ni siquiera se mencionaba de forma explícita al Sáhara Occidental. Este informe se mantuvo secreto durante varios meses hasta que se filtró a los medios de comunicación.

La aparente imposibilidad de Marruecos de demostrar que el acuerdo se ajustaba a Derecho, así como el contenido de un segundo informe, encargado por la UE a la consultora Oceanic Développment, terminó por convencer a muchos europarlamentarios de que el acuerdo no sólo no era legal sino que además tampoco era rentable.

De hecho, el informe elaborado por la consultora independiente francesa precisaba que el convenio con Marruecos era el más costoso de todos cuantos mantenía entonces Bruselas con países terceros: por cada euro invertido, Europa sólo recuperaba 0’83 céntimos. Las capturas europeas en aguas marroquíes y saharauis ni de lejos compensaban los 36 millones de euros de canon anual que se entregaba a las autoridades marroquíes.

Sortear el veto

Para Javier García Lachica, presidente de WSRW, existen muchas posibilidades de que el acuerdo vuelva a incluir las aguas saharauis, algo que Marruecos busca con el apoyo de Francia y España. Según García Lachica, “se busca concluir un nuevo acuerdo y luego convencer a los europarlamentarios de que cambien el sentido de su voto, dado que el convenio deberá ser sometido a la aprobación de Parlamento de Estrasburgo”.

El ministro español de Pesca, Miguel Arias Cañete, ha dejado claro que la postura del Gobierno es que se aceleren las negociaciones para permitir que la flota española regrese a “la región”. A WSRW le resulta “significativo” que no haya especificado “a qué se refiere con ese término” al igual que la ausencia de una mención explícita a las aguas saharauis.

Para García Lachica, si se firma un nuevo acuerdo que no tenga en cuenta ” los deseos y los intereses del pueblo saharaui”, se socavarán “los esfuerzos de paz de la ONU” al tiempo que Europa ofrecerá “apoyo a las reivindicaciones infundadas de Marruecos sobre el Sáhara Occidental”.

La flota española

WSRW se muestra muy crítica hacia el Gobierno español, toda vez que considera que los argumentos económicos esgrimidos por este Ejecutivo y los anteriores – el que justifica el acuerdo definiéndolo como “indispensable” para el sector pesquero español- se ven también muy cuestionados a la luz de las cifras en poder de la organización.

De las 119 licencias que preveía el anterior pacto, España disfrutaba de alrededor de un centenar. Pero una licencia, según WSRW, “no equivale a un barco”  y, en la práctica, sólo alrededor de 60 navíos españoles faenaban en caladeros marroquíes y saharauis. De ellos, unos cincuenta, casi todos barcos de pesca artesanal con base en Andalucía, dependen exclusivamente del acuerdo con Rabat.

Sin embargo, para los críticos con el pacto pesquero, los 36 millones de euros que la UE pagaba anualmente a Marruecos por él podrían destinarse a buscar una alternativa laboral para los pescadores y las flotas que dependen de ese convenio pesquero.