El próximo martes, 18 de diciembre, ONG’s, colectivos y sindicatos conmemoran el Día Internacional de las Personas Migrantes, con el objetivo de reflexionar sobre las dificultades y retos a los que se enfrenta un colectivo de personas que cambia de país por muy diferentes motivos.
Pese a que son reconocidos como un motor importante de desarrollo, su situación se vuelve crítica en momentos de dificultad, como la crisis, ya que además de las trabas burocráticas y legales que encuentran, no reciben el apoyo necesario desde las instituciones.
– Ley de Extranjería: Lograr los ansiados papeles es una misión casi imposible, ya que la vía más accesible, hoy menos que nunca en medio de la crisis, es obtener un contrato. La segunda opción más sencilla es la de concertar matrimonio o pareja de hecho con otra persona que tenga la nacionalidad.
Tanto la una como la otra abren, de nuevo, la puerta a los abusos. “Nadie quiere hacer contrato tal y como están las cosas”, lamenta M.B., inmigrante marroquí. Este joven ha estudiado Informática industrial y habla tres idiomas, pero la falta de papeles le ha condenado a trabajos como el de camarero o dependiente en un locutorio. “Hace no mucho, el frutero de mi barrio, español, me ofreció un contrato a cambio de 3.000 euros”, confiesa.
– Sanidad: A partir de la entrada en vigor del Decreto Ley 16/2012, los inmigrantes sin papeles quedaron excluidos del sistema sanitario de salud. Para ser atendidos, deben pagar una cuota en la mayoría de los casos inasumible por este colectivo. El decreto “supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias”, denuncia ‘Yo sí sanidad universal’, una plataforma de médicos, trabajadores sanitarios y usuarios.
Según un estudio realizado por SOS Racismo, el prototipo de inmigrante sin papeles es una persona joven, que no suele acudir a los servicios de salud, y que, dado que contribuye a su mantenimiento mediante el pago del IVA, es un paciente “barato” desde el punto de vista de la rentabilidad. Por tanto, no existen razones objetivas para expulsar a cientos de miles de personas del sistema sanitario según tenga o no papeles.
El drama, aunque silencioso, ya se ha desatado: Casos de cáncer que no se tratan, deudas acumuladas por dolencias simples, o personas que esperan, estoicamente, la muerte y el sufrimiento.
– CIEs: Los Centros de Internamiento de Extranjeros son, en la práctica, inmensas cárceles inmersas en un limbo legal. En ellas, se encierra a personas por no tener papeles, es decir, por una mera falta administrativa.
En estos centros, el historial de violaciones de derechos humanos es extenso. El goteo de muertes, constante. Samba Martine, madre de 34 años, fue diagnosticada erróneamente hasta nueve veces en lo servicios sanitarios del CIE de Aluche, en Madrid, el pasado diciembre. Un mes después, le tocaría el turno a un joven guineano, Idrissa Diallo. Ninguno fue atendido debidamente.
Algunos casos, como el CIE de Málaga, han sido especialmente sangrantes.
Después de dos décadas de funcionamiento, tras interminables quejas de ONGs, activistas e, incluso, el 15-M, el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández, anunció su cierre el pasado junio. Según Hernández, la decisión “demuestra la sensibilidad del Gobierno hacia este asunto”.
– Redadas: Lo han denunciado ONGs, colectivos sociales e incluso sindicatos policiales. Los controles por motivos de raza o nacionalidad son frecuentes en ciudades como Madrid, donde, según el último informe de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH), han aumentado en los últimos meses. Según esta organización, que lleva tres años recorriendo las calles y documentando este tipo de prácticas, en los 31 controles observados, 171 personas fueron identificadas por su perfil racial. De estas, 27 fueron detenidas. Pese a que el PP, cuando estaba en la oposición, aseguró que acabaría con este tipo de prácticas, lo cierto es que la tendencia no ha ido encaminada a la desaparición. Más bien al contrario.
Un gran número de ONGs han denunciado que estas prácticas vulneran el derecho internacional. Según Amnistía Internacional, las redadas constituyen una “discriminación ilícita y viola las obligaciones de España en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
– Trabajo esclavo: Hasta 2009, la economía española estaba en alza, atrayendo a miles de personas que buscaban una oportunidad. Hoy son los más vulnerables en una crisis que les está condenando a trabajar en condiciones esclavas, peores que nunca: sueldos miserables, sin jornada fija y sin ningún documento que acredite que han realizado el trabajo. De este modo, el espacio a los abusos por parte de grandes y pequeños empresarios es amplio.
Entre los inmigrantes con papeles, la situación no es mucho más halagüeña. Los sindicatos han denunciado que se trata de uno de los colectivos más “vapuleados” por la crisis. Según la patronal de grandes empresas de trabajo temporal (Agett), el número de inmigrantes en paro se ha triplicado desde 2007, desde los 380.000 desempleados hasta un total de 1.182.400.
