Jiménez Villarejo: “La sanidad pública catalana ya se ha puesto a la venta”

BARCELONA // El pasado 19 de noviembre, seis entidades ciudadanas presentaron una querella criminal contra el conseller de Sanidad de la Generalitat, Boi Ruiz, y su equipo de gobierno, por atentar presuntamente contra un derecho constitucional recogido por instancias internacionales: el derecho a la salud y la atención sanitaria.

Las entidades consideran que los recortes en Sanidad llevados a cabo por el Govern de Artur Mas han traspasado la línea de vulneración de derechos, y se acogen al artículo 542 del código penal, que prevé penas de inhabilitación a “la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”.

Para la elaboración de la querella han contado con el asesoramiento jurídico del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien, junto con representantes de las entidades querellantes, ofreció ayer los detalles de la acción judicial en el encierro que desde hace casi dos semanas llevan a cabo profesionales sanitarios en el Hospital de Sant Pau de Barcelona.

“Los gobernantes que tenemos son meros ejecutores serviles de las políticas neoliberales que se diseñan en Bruselas, el FMI o en el Banco Mundial. El ciudadano vale en la medida que es capaz de generar un beneficio económico”, denunció Jiménez Villarejo ante un auditorio de un centenar de personas. El ex fiscal mantuvo que los recortes en sanidad ejecutados por el Govern, con cierre de Centros de Atención Primaria (CAP), cierre de plantas en hospitales, y privatizaciones “son una forma de abuso de poder ante la cual los ciudadanos no podemos permanecer callados”.

Adjudicaciones polémicas a empresas privadas

“La sanidad pública catalana ya se ha puesto a la venta”, manifestó, después de relatar la adjudicación el mes pasado del CAP de l’Escala (Girona) y de siete consultorios a la empresa Eulen. La multinacional española, especializada en servicios de limpieza y seguridad, pasó por delante de la Fundación Salut Empordà, una entidad sin ánimo de lucro que lleva 20 años gestionando el CAP. La adjudicación provocó que el mismo alcalde de CiU de Figueres, Santi Vila, anunciase que presentaría alegaciones.

“Privatizar la sanidad pública es una estrategia que en los últimos años se ha convertido en una guerra contra los ciudadanos”, manifestó Albert Batista, de la ONG Attac Acordem. Batista aseguró que la “estrategia de los neoliberales” pasa por deteriorar la sanidad pública, en una primera fase, y privatizarla después. “Aquí estamos en la fase del deterioro”, señaló.

Y es en esa fase en la que las entidades firmantes de la querella consideran que se pueden estar vulnerando leyes y normativas que regulan la atención sanitaria. Una de ellas es el tiempo de espera para las operaciones quirúrgicas, sobre las que la ley establece un periodo máximo de seis meses. “En Viladecans (Barcelona) las operaciones para prótesis de rodilla están en una media de 19 meses de espera”, relató el portavoz de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS).

Varios CAP, desbordados

Así mismo, los denunciantes consideran que algunos cierres nocturnos de CAP provocan que haya zonas donde los vecinos no dispongan de un centro a menos de media hora de camino, como marca la normativa. También señala la ley que un CAP debe atender a un máximo de seis áreas de salud, y actualmente hay centros que deben cubrir hasta diez áreas.

“Los enfermos de fatiga crónica, 50.000 en Cataluña, no podemos acceder a la sanidad pública. Sabemos como es vivir sin atención sanitaria, es una pesadilla. Siempre imaginé que algún día podríamos acceder a la sanidad pública, pero es al revés, son los demás los que están teniendo lo que tenemos nosotros: la desatención”, declaró Clara Valverde, presidenta de la Liga del Síndrome de Fatiga Crónica.

Jiménez Villarejo subrayó que la información sobre la que se basa la querella no se ha podido obtener de la Administración porque “no hay administración más opaca que la Generalitat”. El ex fiscal anticorrupción calificó de “histórico” que se haya puesto en marcha una acción penal popular, y desveló que existe un precedente del Tribunal Supremo sobre la aplicación del artículo 542 del Código Penal al que se acoge la querella. “No es fácil denunciar a cargos públicos, pero hay que intentarlo, y se ha hecho un gran esfuerzo. Se ven con capacidad de vaciar de contenido las leyes”.

La querella ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que es un órgano judicial superior el que podría juzgar a Boi Ruiz dada su condición de aforado. El TSJC todavía no se ha pronunciado acerca de si admite a trámite la querella. En caso de hacerlo, aventuró Jiménez Villarejo, “el camino será muy largo y muy duro”.

Los encierros se extienden

El encierro de trabajadores en el Hospital de Sant Pau se ha extendido a otros centros sanitarios en Cataluña. Los sanitarios protagonizaron ayer un encierro de 24 horas en el Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, profesionales y vecinos han comenzado también un encierro en el Hospital Clínic de la capital catalana, y también en el Parc Taulí de Sabadell (Barcelona). Así mismo, se han llevado a cabo acciones de protesta en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, el Hospital de Granollers; el Joan XXIII de Tarragona, la Atención Primaria de Girona y los hospitales de Terrassa, Martorell i el Alt Penedes.