“Exigimos la disolución del Consell y la inmediata convocatoria de elecciones anticipadas”. Esta ha sido la reacción de Esquerra Unida (EUPV) al anuncio por parte del Gobierno valenciano de la petición de amparo al Estado central para solucionar sus problemas económicos. Una reacción que el resto de la oposición ha apoyado al solicitar un pleno extraordinario para que el presidente Alberto Fabra dé las explicaciones sobre el rescate del País Valenciano.

Y es que tras la reunión del pleno del Consell, que este viernes se celebró en Altea (Alicante) con menos periodistas de lo habitual, el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, pidió al Ejecutivo central su adhesión al mecanismo de liquidez autonómica. El conseller justificó esta solicitud alegando que perseguía “hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012 y atender el pago de otros proveedores, entre ellos las farmacias y muchos otros”.

El fondo al que optará el Gobierno valenciano cuenta con un máximo de 18.000 millones de euros para 2012, está gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y financiado por el Tesoro, y será parcialmente dotado a través de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado por importe de 6.000 millones.

¿Por qué pide el Gobierno valenciano este crédito? La respuesta hay que buscarla en los años de bonanza. Bajo la presidencia de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, esta comunidad se fue endeudando, engordando los presupuestos y cargando partidas a vencimientos a largo plazo, lo que ahora, con la caída de los ingresos, ha llevado al Ejecutivo a una situación de colapso. Ningún responsable del Gobierno habla en estos términos en público, pero en privado hay una crítica velada a los anteriores presidentes y a su gusto por los grandes eventos y megaconstrucciones que llenaron de deuda las arcas autonómicas.

Ciudad de la Artes y las Ciencias, aeropuerto de Castellón, Ciudad de la Luz, America´s Cup, el cánon del circuito urbano de la Fórmula Uno, la visita del Papa… y tantas y tantas decisiones políticas que los ciudadanos comienzan a percibir con una sola palabra: derroche.

Un derroche que ha dejado la Hacienda pública semivacía, con vencimientos de deuda a los que hacer frente y que complican el pago a proveedores. Un claro ejemplo de ello son las farmacias. Prácticamente cada mes anuncian la convocatoria de una huelga que finalmente no cristaliza, ya que, o bien la conselleria de Sanitat les remite un programa de pagos (que después incumple), o llega algún ingreso en el último momento. Pero vivir al límite siempre tiene sus riesgos y el retraso en el pago ya está provocando que algunas farmacias eliminen de su stock los fármacos con un precio más alto.

Reacciones de la oposición

El anuncio de la petición de rescate ha cogido a la oposición con los dientes afilados y apuntando directamente a Alberto Fabra. El Partit Socialista del País Valencia (PSPV), por boca de su secretario general, Ximo Puig, ha pedido al Gobierno valenciano que convoque un pleno inmediato de las Cortes para el próximo lunes para “dar la cara” y explicar todo lo que rodea al rescate. Además, también ha exigido un informe de la Sindicatura de Cuentas para saber exactamente “cuánto debemos, en qué lo debemos y desde cuándo lo debemos”. Puig también afirmó que con esta decisión “se ha suspendido la autonomía”.

La posición del PSPV es compartida por el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Enric Morera, quien anunció que su grupo pedirá una comparecencia “urgente” de Alberto Fabra en el parlamento autonómico. “Se pide un rescate porque no hay dinero, y si no hay dinero es porque lo han gastado en juergas, en saraos, en cosas totalmente improductivas e innecesarias mientras que se ha abandonado a su suerte a los estudiantes, a los dependientes y a la ciudadanía en general”, señaló Morera.

Finalmente, Marga Sanz, coordinadora de EUPV, fue más allá y exigió la disolución del Consell y la inmediata convocatoria de elecciones anticipadas. Sanz criticó que “Fabra no es capaz de sacarnos de esta crisis, y la única cosa que ha hecho en este último año es dar continuidad a la herencia podrida de Camps”.