BUENOS AIRES // En mitad de la tormenta económica que azota el sur de Europa, las multinacionales españolas se aferran a Latinoamérica como una tabla de salvación. Para gigantes como Telefónica o el Santander, el continente representó el año pasado casi el 50% de sus ingresos y el aumento de beneficios al otro lado del Atlántico permitió que mantuviesen a flote sus cuentas de resultados.
Sin embargo, visto con ojos latinoamericanos, el panorama es diferente: aunque España sigue siendo fundamental para el continente, su importancia ha menguado en la última década y los nuevos dirigentes no dudan a la hora de anteponer sus intereses estratégicos a los de la exmetrópoli, tal y como demostraron las recientes expropiaciones de YPF en Argentina y de la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. Menos aún le tiembla el pulso a la sociedad civil, que opone una resistencia cada vez más fuerte y organizada a proyectos con un elevado coste ambiental, social y cultural.
Las multinacionales españolas cuentan con el apoyo de una agresiva ofensiva diplomática. La última demostración tuvo como protagonista al rey Juan Carlos de Borbón, que viajó hace unas semanas a Santiago de Chile y elogió allí al país presidido por el conservador Sebastián Piñera. “Chile ha entendido muy bien que el ahorro acude a los países que respetan la seguridad jurídica y huye de aquellos en los que reina la arbitrariedad”.
Sin nombrarlos directamente, el monarca señalaba a Argentina y a los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), que incluye Bolivia, Venezuela y Ecuador. A diferencia de ellos, “Chile respeta la propiedad privada, la libertad empresarial, la independencia de los reguladores y la transparencia en los procedimientos”, aseguró. Sus políticas le han permitido estar a la cabeza de América Latina en “libertad económica y facilidad para los negocios”, añadió.
Juan Carlos, acompañado por Piñera y empresarios de ambos países, obvió en su discurso neoliberal cualquier mención a la represión de las protestas contra proyectos con capital español; el del gigante eléctrico de HidroAysén, controlada por Endesa. La compañía española levantará, junto a la colombiana Colbún, cinco presas en la Patagonia chilena con las que esperan generar el 20% de la electricidad del país a partir de 2015. El proyecto, muy criticado por su impacto medioambiental por organizaciones como Greenpeace, ha provocado una ola de protesta.
En mayo, una Corte Suprema dividida dio luz verde a la megaconstrucción, pero los opositores a Hidro Aysén saben que tres de cada cuatro chilenos están de su lado y siguen plantando cara. “Uno de los jueces que votó a favor tiene acciones en Endesa, por lo que está siendo investigado por la Comisión de Ética de la Corte Suprema”, explica el secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas (PSR), Patricio Rodrigo. Se refiere al juez Pedro Pierry, quien tiene 109.840 acciones de Endesa desde 1988, según consta en su declaración de 2011.
Para Pierry, sus acciones, valoradas en unos 82.000 euros, no son motivo de inhabilitación; para Rodrigo, en cambio, se trata “de una aberración jurídica y administrativa. Es la manera que tiene el poder económico y político de hacer operar la mano invisible de la Justicia”. El secretario ejecutivo de PSR subraya también que hay que poner fin a la designación de jueces por parte del poder político y al fichaje de expolíticos por parte de multinacionales, como el de la exvicepresidenta socialista Elena Salgado por Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile.
“Nos parece muy triste que los socialdemócratas españoles colaboren en la expansión de un capitalismo salvaje y depredador que no admitirían en su propio país”, declaraba hace un par de meses Hernán Sandoval, presidente de la Corporación Chile Ambiente.
Métodos muy polémicos
La indignación que provoca que las empresas extraigan recursos naturales con métodos muy polémicos va en aumento en Latinoamérica. Uno de ellos es la fracturación hidráulica, una técnica muy costosa que consiste en inyectar agua a presión mezclada con arena y sustancias químicas para romper las rocas y liberar el gas adherido a ellas. La UE publicó en 2011 el informe Impactos de la extracción de gas no convencional en el medioambiente y en la salud humana, que advertía de alteraciones en “amplias extensiones de terreno, cambios en el paisaje, presencia de sustancias radioactivas y contaminación de acuíferos”.
Aun así, Repsol pretendía usar esta técnica para extraer los codiciados hidrocarburos no convencionales –aquellos que están encajonados entre vetas rocosas–del yacimiento patagónico de Vaca Muerta, uno de los más importantes del mundo. La expropiación de su filial argentina,YPF, no se lo permitirá, pero las nuevas novias que rondan a la petrolera argentina tienen las mismas intenciones. “A finales de los 90, España tenía mucha ventaja, pero países como Brasil, China e India han ido ganando terreno. España es aún fundamental para Argentina, pero la multiplicación de inversores ha beneficiado a éste y otros gobiernos latinoamericanos, porque les ha permitido aumentar sus exigencias”, detalla Daniela Vázquez, docente de economía internacional.
Desde los sectores más progresistas coinciden con Vázquez, pero se desesperan por que, sea con unos u otros, se repite el modelo económico. “El kirchnerismo apuesta por el progreso social a partir del crecimiento económico continuado, que se sostiene gracias al boom agrícola y minero”, señala la socióloga Maristella Svampa. “Se trata de un modelo destructivo y en crisis, como vemos en Grecia, España, Italia… Necesitamos una alternativa de desarrollo sostenible”, urge Svampa.
